La iniciativa, que será abordada este lunes en la reunión de Gabinete, promete endurecer sanciones contra empresas que realicen actividades en las Islas sin autorización argentina, pero desde la oposición empiezan a plantear interrogantes sobre su aplicación práctica y alineación con la política económica libertaria.
La convocatoria de Javier Milei a construir un frente común por Malvinas empieza a encontrar sus primeros cuestionamientos en el Congreso: si bien existe consenso sobre la soberanía, no necesariamente está sobre cuáles son las herramientas a aplicar y cómo se zanjarán las diferencias con la demanda de inversiones extranjeras que pregona la propia política económica libertaria.
Milei pidió discutir el tema como una política de Estado. “Malvinas no pertenece a un gobierno ni a un partido político. Es una causa nacional”, sostuvo al presentar el paquete que impone sanciones más duras, una nueva arquitectura de seguridad nacional y coordinación de herramientas económicas y diplomáticas. Pero desde la oposición ponen reparos a esa invitación y ya comenzaron a plantear restricciones adicionales para capitales británicos y revisiones sobre el paquete de beneficios a las grandes inversiones que, en casos determinados, ya fueron concedidos.
La iniciativa sobre Malvinas tendrá varios capítulos. El Gobierno pretende endurecer la Ley 26.659 contra empresas que participen de explotaciones hidrocarburíferas sin autorización argentina, extender consecuencias a quienes les presten servicios y crear un Consejo de Seguridad Nacional que articule Cancillería, Defensa, Inteligencia y Economía. También incluirá mecanismos para la protección de infraestructura crítica y de los espacios aeroespacial y marítimo.
El tema será uno de los ejes de la reunión de Gabinete que el Presidente encabezará este lunes en Casa Rosada. Después de los anuncios realizados en cadena nacional, el Ejecutivo quiere ordenar la estrategia para llevar al Congreso la Ley de Defensa de la Soberanía Nacional, junto con una agenda parlamentaria que ya tiene otro frente complejo abierto por el Presupuesto 2027.
Beneficios cuestionados
Las primeras repercusiones mostraron un escenario particular. El anuncio recibió respaldo pleno dentro del oficialismo y coincidencias de los bloques aliados sobre la necesidad de impedir el avance de la explotación británica de recursos naturales, pero también cosechó críticas opositoras sobre la oportunidad política del giro presidencial y sobre la política que el Gobierno mantuvo hasta ahora respecto de Malvinas.
Uno de los primeros contramovimientos legislativos surgidos después del discurso propone eliminar beneficios fiscales que actualmente alcanzan a empresas británicas que invierten en la Argentina. La iniciativa del extitular de la Aduana Guillermo Michel (UxP) corre el debate hacia una pregunta más amplia: si el objetivo es utilizar herramientas económicas contra el avance británico en el Atlántico Sur, ¿las restricciones deben limitarse a quienes participan directamente de las actividades en Malvinas o alcanzar también otros vínculos económicos con el Reino Unido?
Al fundamentar su propuesta, el diputado argumentó que la continuidad de beneficios tributarios recíprocos resulta contradictoria con las sanciones que el país busca aplicar a quienes participen de actividades económicas vinculadas a la explotación de recursos naturales en zonas en disputa. Según indicó, más de 500 contribuyentes británicos utilizaron en los últimos años los beneficios contemplados por convenio, mientras que la utilización del régimen por parte de contribuyentes argentinos habría sido significativamente menor. “Es hora de cortar con estos privilegios para contribuyentes de un país que no respeta a la Argentina”, expresó
En ese sentido, señaló que la Argentina cuenta con herramientas legales para sancionar a personas y empresas que desarrollen actividades de exploración y explotación de hidrocarburos en la Plataforma Continental Argentina sin autorización nacional. “La defensa de la soberanía requiere consistencia entre la posición diplomática argentina, la protección de nuestros recursos naturales y los instrumentos que regulan la relación económica con dicho país”, señaló Michel.
El RIGI en la mira
El segundo frente apareció este domingo y toca una política insignia del Gobierno. El diputado Maximiliano Ferraro, presidente de la Coalición Cívica, denunció que Harbour Energy, compañía británica vinculada en el pasado con actividades hidrocarburíferas en el área de Malvinas, participa de un proyecto alcanzado por los beneficios del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI).
Según el legislador, Harbour posee el 15% de Southern Energy, proyecto autorizado por el Gobierno mediante la Resolución 559/2025 para producir y exportar gas desde Río Negro.
Ferraro sostuvo además que Harbour Energy es la misma persona jurídica que anteriormente operaba bajo el nombre Premier Oil PLC, denominación modificada en 2021. De acuerdo con su planteo, Premier Oil había sido inhabilitada en 2013, en el marco de la Ley 26.659, por actividades de exploración realizadas sin autorización argentina en cercanías de las islas.
El cuestionamiento pega justo en el centro del relato oficial. Milei anunció que pretende reforzar esa misma Ley 26.659, acelerar sanciones y ampliar el castigo hacia proveedores y socios de quienes participen de explotaciones no autorizadas. Pero el Congreso ahora tendrá delante una denuncia según la cual una empresa con esos antecedentes participa, al mismo tiempo, de una inversión promovida por el Estado mediante el RIGI.
Las inversiones
El proyecto Sea Lion fue el detonante de la ofensiva. El Gobierno sostiene que el avance hacia la explotación petrolera en aguas que la Argentina considera propias exige pasar del reclamo diplomático a herramientas económicas, administrativas y legales más agresivas.
La Casa Rosada evaluó favorablemente el primer efecto de los anuncios y vinculó las nuevas medidas con el repliegue de grandes compañías internacionales de servicios petroleros que participaban del desarrollo. A través de sus redes sociales, el canciller Pablo Quirno Magrane respondió a las críticas y destacó la coordinación entre la Cancillería y el Ministerio de Defensa, encabezado por Carlos Presti. Para respaldar su postura, compartió una publicación del funcionario de Defensa sobre una reunión realizada en mayo en la Base Naval Integrada de Tierra del Fuego.
Pero la discusión legislativa empeza a cuestionar ese planteo y a consultar qué hacer no solo con una empresa que opera en las islas sin autorización argentina, sino también habrá que determinar qué sucede cuando compañías de ese ecosistema tienen negocios, inversiones o sociedades dentro del territorio continental argentino.
En ese sentido, Quirno confirmó que las medidas no estarán dirigidas únicamente contra las empresas que desarrollen directamente actividades hidrocarburíferas, sino también contra proveedores de servicios relacionados con esas operaciones. “Es un decreto reglamentario para darle celeridad a las sanciones a las compañías que operen en Malvinas, las compañías que operen en Malvinas más sus proveedores de servicios petroleros, de servicios financieros, de servicio de seguro, etcétera”, señaló durante su exposición en la 47.ª Convención del IAEF.
Fuente: El Litoral
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