La provincia intenta frenar el avance de construcciones ilegales y delimitar los espacios públicos y privados en un territorio de más de mil hectáreas frente al Riacho Santa Fe.
La Isla Sirgadero, una vasta propiedad de 1.051 hectáreas ubicada frente al acceso al Riacho Santa Fe y que abarca todo el distrito costero de Alto Verde y la Vuelta del Paraguayo, volvió a ser escenario de conflictos. La disputa, que involucra a 16 cotitulares, enfrenta intereses privados, reclamos vecinales e intervenciones estatales por usurpaciones, obras ilegales y disputas por la delimitación del espacio público y privado.
La situación, que se arrastra desde hace años, escaló en los últimos meses con la intervención del Estado provincial, que busca poner orden mediante la determinación de la línea de ribera. Esta medida, de carácter técnico y jurídico, define hasta dónde llega el dominio público sobre el territorio isleño y cuáles son los límites de las propiedades privadas.
Disputas y reclamos por irregularidades
En el corazón del conflicto aparecen clubes históricos y organizaciones locales que denuncian rellenos, usurpaciones y construcciones sin autorización en sectores protegidos. Entre ellos se encuentran el Yacht Club Santa Fe, Los Tobas y la Agrupación Tribu Guácharos, que vienen reclamando desde hace tiempo la regularización de las actividades en la zona y el control sobre movimientos de tierra que alteran el entorno natural.
A la disputa entre particulares se suma un juicio de división de condominio entre los dueños de la isla, cuyo avance procesal sigue sin precisarse públicamente, mientras los conflictos sobre el terreno se multiplican.
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La intervención del Estado y la línea de ribera
En 2022, la Secretaría de Recursos Hídricos (SRH) dispuso mediante la resolución Nº 107/22 la creación de una mesa de trabajo para determinar la línea de ribera. Posteriormente, el Ministerio de Infraestructura, Servicios Públicos y Hábitat (MISPyH) emitió la resolución Nº 1529/22, que ordenó la paralización de toda actividad privada en el sector en conflicto.
Un año después, a través del Decreto Nº 2819/23, el Gobierno provincial determinó oficialmente esa línea. Sin embargo, uno de los actores privados presentó un pedido de revocatoria, que fue rechazado, aunque el caso derivó en un recurso contencioso administrativo, trasladando la disputa al ámbito judicial.
Obras ilegales y sanciones ambientales
Durante los relevamientos, la Unidad de Atención de Procedimientos (UAP 13.740) detectó graves irregularidades: movimientos de suelo, rellenos y construcciones sin permiso que afectaron el ecosistema y el escurrimiento natural del agua.
Entre los casos más graves se constató el alteo de terreno para construir una vivienda permanente y el relleno de áreas con escombros. También se identificó la construcción de un terraplén de tres metros de altura, ejecutado sin autorización, que obstruye el drenaje natural del agua.
Las infracciones a las Leyes Nº 13.740 (Régimen de Aguas) y Nº 11.730 (Protección del Medio Ambiente) derivaron en sumarios administrativos y sanciones. El Ministerio de Infraestructura dispuso además que la Provincia intervenga a costa de los infractores para restablecer las condiciones originales del terreno.
La intervención de la Justicia
La magnitud del conflicto llevó a la Fiscalía Regional Nº1 del Ministerio Público de la Acusación (MPA) a iniciar, en 2023, un proceso de conciliación penal. En aquella reunión, realizada en la Estación Belgrano, participaron representantes de los actores privados, funcionarios provinciales y municipales.
El encuentro dejó una definición clara y unánime: no podrá avanzarse con ninguna acción privada o judicial hasta tanto se determine y materialice de manera efectiva la línea de ribera.
Fuente: UNO Santa Fe
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