Se plantea la creación de ocho cargos en el ámbito de la Defensoría General. Podrán intervenir en defensa de policías involucrados en casos de violencia institucional. Pero también, en un abanico de situaciones particulares que impliquen una “intervención institucional diferenciada”.
Con el argumento de “adeudar la estructura del Ministerio Público de la Defensa de la provincia de Santa Fe a las necesidades actuales del sistema de justicia penal y a las previsiones que surgen de la última reforma constitucional”, el Poder Ejecutivo propone crear un cuerpo especial de “defensores públicos” para hacer frente a casos especiales. Así lo plantea el mensaje enviado por el gobernador Maximiliano Pullaro a la Legislatura.
La iniciativa repara en la independencia y autonomía que le confiere el reciente texto constitucional al citado organismo, y recuerda que su misión es “garantizar el acceso a la justicia, la defensa técnica efectiva y la protección de los derechos humanos, especialmente respecto de quienes se encuentran en situación de vulnerabilidad o carecen de recursos”.

Dicho reconocimiento, plantea el proyecto, obliga a “dotar al órgano de instrumentos de organización compatibles con la complejidad creciente de las funciones que le han sido asignadas”.
En los considerandos de la iniciativa se sostiene que “la creciente especialización de la persecución penal, la conformación de unidades fiscales especializadas, el incremento de investigaciones complejas y la necesidad de desarrollar estrategias institucionales uniformes exigen que el Ministerio Público de la Defensa disponga de estructuras especializadas capaces de brindar respuestas técnicas acordes con tales desafíos”.

Sobre esa base, se sugiere una “intervención institucional diferenciada, ya sea por la complejidad jurídica o técnica de los casos, por la necesidad de conocimientos especializados, o por la trascendencia institucional de determinados litigios”.
Cuerpo especial
El proyecto de ley del Ejecutivo propone crear “Programas o Unidades Especiales de la Defensa Pública, cuando resulte necesario para asegurar una prestación eficiente, especializada, uniforme y estratégica del servicio de defensa pública”. Podrán tener competencia provincial, regional o interregional, con carácter permanente o transitorio.
Entre las causas que podrían motivar la creación de estos cuerpos especiales se menciona “la atención de materias o casos que requieran una formación especializada; la intervención en litigios complejos, de trascendencia institucional o de significativa repercusión pública; la actuación en procesos que, por su naturaleza, requieran una estrategia institucional unificada; la intervención en causas en las que exista o pueda existir conflicto de intereses entre personas asistidas por distintas Defensorías Públicas; la defensa de miembros de fuerzas de seguridad, en casos en los que se alegara violencia institucional; y la intervención frente a la actuación de Unidades Fiscales especializadas del Ministerio Público de la Acusación, cuando la naturaleza o especialidad del caso requieran una respuesta institucional equivalente”. También, “para intervenir o reforzar transitoriamente la actuación de las Defensorías Regionales cuando razones de carga de trabajo, complejidad de los casos o necesidades del servicio así lo justifiquen; y para cualquier otro supuesto en el que la Defensoría General fundadamente considere necesaria una organización especializada para el adecuado cumplimiento de las funciones constitucionales y legales del Ministerio Público de la Defensa”.
Integración
Para integrar las Unidades Especiales de la Defensa Pública, la Defensoría General podrá disponer el traslado funcional de Defensores Públicos, funcionarios o empleados pertenecientes al Ministerio Público de la Defensa, cualquiera sea la Circunscripción Judicial en la que revistan funciones, generando automáticamente la vacante correspondiente, o requerir la cobertura por concurso de los cargos asignados a dichas Unidades Especiales de la Defensa Pública.
El proyecto de ley propone crear ocho cargos de Defensor Público, en el ámbito de la Defensoría General del Ministerio Público de la Defensa y bajo su directa dependencia.
Fuente: El Litoral

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