La Cámara baja ya definió un cronograma que incluye la ley de defensa de la soberanía, discapacidad y el Presupuesto 2027, con el objetivo de llegar a fin de año con las principales reformas avanzadas. Mientras tanto, la eliminación de las PASO continúa enfrentando resistencias en el Senado y suma incertidumbre política y electoral.
En un esquema inusual de actividad continua, la Cámara de Senadores de la Nación celebró sesiones las últimas dos semanas, en las que dio curso a varios de los proyectos que el Gobierno de Javier Milei considera clave, como la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central y la Ley de Inocencia Fiscal II, entre otros reclamados desde el Ejecutivo.
Allí, como es público y notorio, todavía resta dar cuenta de la que es en realidad la iniciativa que más desvela en Casa Rosada: la eliminación de las PASO. A priori, el proyecto sigue generando resistencias en aliados clave, lo que torna complicado llevarlo al recinto, y además, a juzgar por las advertencias que ha hecho la Cámara Nacional Electoral, se achican los tiempos, tal cual detalla el sitio especializado Parlamentario.com.
La CNE advirtió sobre la necesidad de que los temas electorales se resuelvan en los años pares. Claro que puede haber excepciones, no siempre esas prerrogativas son atendidas. El caso más reciente fue la suspensión de las últimas PASO, que se votó en el Senado el 20 de febrero de 2025. En extraordinarias, sí, pero en año electoral al fin.
En Diputados el panorama de aquí al final del período ordinario tiene un organigrama que contempla fundamentalmente la ley de leyes, prevista con el tiempo suficiente, cuestión de que pueda aprobarse en el Senado dentro del actual período ordinario. Con viento a favor.
Para las próximas semanas, las autoridades de la Cámara de Diputados diagramaron con los bloques aliados y dialoguistas un esquema que contempla, por ejemplo, algo que ya está en agenda para esta semana: una reunión informativa sobre el proyecto de ley de defensa de la soberanía.
La iniciativa, que llegó al Congreso el 17 de septiembre pasado será analizada en comisiones el miércoles próximo. Será a partir del mediodía, en una reunión informativa de las comisiones de Defensa Nacional, Legislación Penal y Relaciones Exteriores, presididas por los oficialistas Carlos Zapata, Laura Rodríguez Machado y Juliana Santillán, respectivamente.
La idea es que esa iniciativa tenga dictamen el martes 6 de octubre, cuestión de poder llevarla al recinto al día siguiente. A priori, cuando el presidente Javier Milei la anunció por cadena nacional, el 3 de septiembre pasado, dio por sentado que esperaba contar con un acuerdo amplio con la oposición para la aprobación de esa ley: «Podemos discutir sobre cualquier otra cosa, pero este tema demanda una pausa, demanda que hagamos nuestras armas a un lado y mostremos un frente unido ante el mundo», expresó. Y concluyó: «Malvinas es una de esas causas que están por encima de cualquier diferencia política».
¿Persecución?
El tema es que si bien no se esperan mayores reparos para lo que son sanciones más severas de las que tenía la ley original de 2011 -cuestionarán el término «derogación» de la Ley 26.659, en lugar de modificación, pues eso podría hacer caer las sanciones oportunamente dispuestas-, los agregados de ese proyecto son los que albergarán seguramente objeciones.
Sucede que el proyecto va más allá del tema Malvinas, pues incorpora un artículo al Código Penal de la Nación que reprime con prisión de 5 a 12 años a quien «actuando por cuenta, orden o financiamiento total o parcial de un Estado extranjero, organización o agente realizare actividades que alteren procesos electorales o manipulen a la opinión pública mediante campañas coordinadas de desinformación masiva».
Ya muchos alertaron que estas medidas pueden ser utilizadas como herramientas de persecución contra la prensa. Incluso contra la sociedad civil, con el argumento de la existencia de «agentes extranjeros».
Para el diputado de la Coalición Cívica Maximiliano Ferraro, el artículo 111 «crea un nuevo tipo penal inspirado en Putin, Orbán, Erdogan, Maduro y Bukele. El objetivo de Milei es tener una herramienta de persecución política penal, bajo la excusa de proteger a la Nación de campañas de desinformación promovidas o financiadas por actores extranjeros».
Varios juristas y representantes de ONG han advertido sobre la ilegalidad de la medida, lo que hace presumir una discusión intensa en el Congreso que echa dudas sobre la celeridad de su aprobación.
La intención oficial es llevar el texto a la sesión del 7 de octubre. Y ese mismo día tratarían el nuevo régimen para Discapacidad, que consiguió un trabajoso dictamen para la semana pasada. Deberán estar para entonces las garantías de que lo acordado vaya a figurar en el Presupuesto 2027, eso sí.
Depende de lo que suceda esta semana con los proyectos sobre endeudamiento, el tema podría sumarse a esa sesión. Y no habría que descartar un rápido tratamiento ese mismo día para el proyecto que vuelve del Senado sobre el Banco Central. A priori, eso no está en el organigrama original y debe recibir también dictamen.
Los tiempos del Presupuesto
Lo más importante a tratarse de aquí hasta fin de año es la ley de leyes, claro está.
Según se supo, las fechas de reuniones informativas sobre el tema son las siguientes: los días martes 13, miércoles 14, martes 20, miércoles 21 y martes 27 de octubre. La fecha del dictamen debería ser el 28 de octubre, reservándose el miércoles 4 de noviembre para la sesión en la que debería tener media sanción.
De cumplirse ese cronograma, les quedarían tres semanas a los senadores para dar cuenta del tema.
Biocombustibles
La Cámara de Diputados recibió el proyecto de ley de reforma integral del régimen de biocombustibles que obtuvo media sanción en el Senado el pasado 17 de septiembre. El expediente CD-76/26, que regula las actividades de elaboración, almacenaje, comercialización, mezcla y autoconsumo de biocombustibles en todo el territorio nacional, fue girado a las comisiones de Energía y Combustibles y Presupuesto y Hacienda para su análisis.
La iniciativa llegó a la Cámara baja luego de un extenso debate en el Senado, donde fue aprobada el pasado 17 de septiembre por 41 votos a favor y 25 en contra, tras incorporar modificaciones consensuadas entre el oficialismo y sectores de la oposición dialoguista. Según se destacó durante la discusión, el texto final recogió aportes de diversos proyectos presentados por senadores de distintos bloques y espacios políticos.
El proyecto establece un nuevo marco regulatorio para la actividad con una vigencia de 15 años y declara de interés público las actividades vinculadas a los biocombustibles por su contribución a la seguridad energética y a la transición hacia energías más limpias. La autoridad de aplicación será la Secretaría de Energía del Ministerio de Economía.
Uno de los aspectos centrales es la modificación de los porcentajes mínimos obligatorios de mezcla. Para el gasoil, se mantiene inicialmente un corte de biodiésel del 7,5%, que se elevará al 10% a los doce meses de la sanción de la ley. En el caso de las naftas, el porcentaje obligatorio de bioetanol pasará del 12% al 15% al cabo de un año. Además, se preserva un piso del 6% para el bioetanol de caña de azúcar y otro 6% para el producido a partir de maíz, mientras que el porcentaje restante podrá abastecerse con otras materias primas autorizadas.
La iniciativa también crea un sistema de comercialización basado en un mercado electrónico de acceso público, donde elaboradores y mezcladores podrán negociar precios y volúmenes mediante mecanismos transparentes administrados por un organismo independiente. Asimismo, habilita la celebración de contratos a término para el abastecimiento destinado al cumplimiento de los cortes obligatorios.
Entre otras disposiciones, el texto autoriza cortes superiores a los mínimos obligatorios, promueve el uso de vehículos flex fuel, habilita la inyección de biometano en la red de gasoductos y libera la comercialización del combustible sostenible de aviación (SAF o Biojet). También contempla la importación de biocombustibles para mezclas superiores a las obligatorias o en casos de falta de abastecimiento interno.
En materia impositiva, mantiene la exención del Impuesto a los Combustibles Líquidos y del Impuesto al Dióxido de Carbono para los biocombustibles habilitados, gravando únicamente la porción fósil cuando se trate de mezclas. Además, deroga la Ley 27.640 y crea un período de transición para el mercado de biodiésel que se extenderá hasta el 1 de enero de 2036.
Ahora será el turno de la Cámara de Diputados, donde las comisiones de Energía y Combustibles y de Presupuesto y Hacienda deberán emitir dictamen antes de que el proyecto pueda ser debatido en el recinto.
Fuente: El Litoral