El Senado aprobó esta noche en general la Ley Bases y el capitulo de delegación de facultades al presidente Javier Milei en una ajustadísima votación 36 a 36 que obligó a la vicepresidenta Victoria Villarruel a emitir el voto de desempate. A las 23.16 el recinto de la cámara alta revivió una escena similar a la que protagonizó Julio Cobos en 2008, cuando se trató la Resolución 125. Solo que en esta oportunidad el pronunciamiento fue para alivio del Poder Ejecutivo, que debió aceptar nuevas modificaciones de último momento al dictamen que ya tenia una serie cambios sobre el giro que venía de la Cámara de Diputados. La votación significó un parcial triunfo parlamentario antes de la medianoche y cuando todavía restan varias horas para el tratamiento en particular y el posterior tratamiento del paquete fiscal.

La sesión transcurrió mientras en la Plaza del Congreso y sus alrededores la policía de Patricia Bullrich llevaba a cabo una violenta represión contra los manifestantes que se acercaron desde temprano a rechazar el proyecto. Las escenas incluyeron agresiones a personas mayores, una cacería por los alrededores y decenas de detenciones. A la hora de la votación, en todos los barrios de la ciudad y en algunos otros puntos del país sonaba un cacerolazo de repudio al accionar policial ordenado por el gobierno.

Villarruel intentó hacer uso de la palabra antes de emitir el voto en medio del repudio de parte del recinto que le reprochó el procedimiento.

Después de las 23.30 el Senado se abocaba al tratamiento en particular de los artículos, donde se prevé que se modifiquen las mayorías y minorías según cada tema, aunque el eje lo constituyen las facultades delegadas y el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI), que también sumó una serie de retoques para asegurar los respaldos necesarios.

«No es normal que haya canje de votos», dijo Juliana Di Tullio, del bloque Unidad Ciudadana, en referencia a uno de los escándalos que surcó la sesión. Lo dijo en referencia a la neuquina Lucila Crexell, que aceptó una nominación como embajadora argentina ante la UNESCO. La legisladora negó que fuera a cambio de su voto, pero finalmente no estuvo durante casi toda la sesión y solo se presentó para marcar su voto. Crexell estuvo en el centro de las críticas de distintos oradores, pero no fue la única. En el caso de los santacruceños José Carambia y Natalia Gadano, los cuestionamientos surgieron del oficialismo porque se negaron a dar quorum y anticiparon su rechazo. Poco después de las 21 aparecieron en el recinto pero finalmente votaron EN CONTRA.

Gadano incluso recibió la solidaridad del bloque panperonista por las amenazas que recibió desde que anticipó su rechazo. No fue un gesto aislado de Di Tullio, quien durante su discurso reivindicó que pudieron mantener la unidad del interbloque de Unión por la Patria, que mantuvo los 33 votos ordenados detrás del rechazo y a pesar de los intentos del Gobierno por dividir al espacio a través de las negociaciones con 10 gobernadores.

«Estamos bien los 33», dijo la senadora para reivindicar que no hubo fisuras. Con un poco de humor parafraseó el mensaje de los 33 mineros chilenos que habían quedado enterrados y lograron sobrevivir.

El oficialismo se encargó de asegurar votos desde el comienzo de la sesión. Lo hizo a través de una serie de cambios en tres temas que habían sido reclamados por la oposición dialoguista.

En su calidad de miembro informante, el senador Bartolomé Abdala anunció más cambios en el paquete de privatizaciones y sacó del listado de venta a Aerolíneas Argentinas, al Correo y Radio y a Televisión Argentina (RTA). En el artículo tres, que le otorga al Ejecutivo facultades para fusionar y cerrar organismos, fue ampliada la cantidad de organismos que no serán afectados; CONICET, Anlis Malbrán, ANMAT, ENACOM, CONAE, CNEA, Banco Nacional de Datos Genéticos, INCUCAI, entre otros.

Otro punto que descomprimió, fue la decisión de sacar la eliminación de la moratoria jubilatoria y mantener la prestación proporcional que el radicalismo había logrado incluir en Diputados.

El Régimen de Incentivos para las Grandes Inversiones (RIGI) también sumó modificaciones de último momento. Fue reducido para la industria agroforestal, las empresas de infraestructura, la minería, el sector energético y los desarrolladores tecnológicos. La precisión sobre cinco sectores fue un cambio en la redacción original que establecía beneficios «en cualquier sector». Agregó también la obligación para que las empresas tengan que contratar proveedores locales, pero solo el 20 % del total.

La sesión transcurrió en un contexto de fuerte tensión, a raíz de la violenta represión que ordenó el gobierno nacional contra los miles de manifestantes que se movilizaron frente al Congreso para rechazar la Ley, que dejó un saldo de más de cien heridos y más de treinta detenidos. Hubo un momento en el que a prpuesta del bloque de Unión por la Patria a través de Eduardo «Wado» De Pedro se formó una comisión para que saliera del recinto y se informara sobre lo que estaba ocurriendo.

Fuente: Tiempo Argentino