El despliegue incluyó identificaciones de personas, controles vehiculares, retenes y patrullajes preventivos en Parque Garay y Villa del Parque. La vocera del gobierno, Virginia Coudannes, destacó que en los primeros diez días de noviembre se identificaron más de 30.000 personas y se secuestraron 18 armas de fuego en el departamento La Capital.
La zona del Parque Garay y Villa del Parque fue escenario de un nuevo operativo de saturación dispuesto por el Ministerio de Justicia y Seguridad de la provincia. El procedimiento incluyó controles de vehículos, motocicletas y personas, además de retenes y patrullajes preventivos.
Virginia Coudannes, vocera del gobierno santafesino, y Margarita Romero, jefa de la Unidad Regional I, brindaron detalles sobre el despliegue y los resultados que viene arrojando la estrategia de seguridad.
La intervención forma parte de un esquema de controles territoriales que se viene desarrollando en distintos barrios de la ciudad de Santa Fe. La semana anterior hubo procedimientos en barrio Sur, Roma y Roque Sáenz Peña.
Ahora, el dispositivo se trasladó hacia el oeste de la capital provincial, con especial atención en los movimientos de vecinos, trabajadores y estudiantes durante las primeras horas del día.
Coudannes explicó que estos operativos responden tanto a una planificación del Ministerio como a las demandas recogidas en reuniones con instituciones, vecinales y clubes. Según indicó, el gobernador Maximiliano Pullaro reclama mantener un contacto sostenido con las organizaciones barriales y utilizar esa información para orientar las intervenciones policiales.
Despliegue intensivo
La funcionaria puso sobre la mesa algunos números que, según sostuvo, reflejan la intensidad del despliegue preventivo. En los primeros diez días de noviembre se realizaron más de 30.000 identificaciones de personas y se controlaron más de 6.000 vehículos. En ese mismo período fueron secuestradas 18 armas de fuego.
A esos procedimientos se suman las tareas de la Policía de Investigaciones. De acuerdo con los datos aportados por Coudannes, durante los primeros diez días del mes se concretaron nueve allanamientos en Santa Fe y Santo Tomé, con detenciones y secuestro de teléfonos celulares, armas, municiones y otros elementos de interés para distintas causas.
La actividad acumulada de la PDI en la ciudad ya supera los 400 allanamientos y requisas. Por su parte, la Unidad Regional I registra más de 400 aprehensiones en lo que va de noviembre en el departamento La Capital.
Otro de los indicadores mencionados fue el tiempo de respuesta del sistema 911. La vocera aseguró que Santa Fe registra tiempos de atención que considera los mejores del país: alrededor de cinco minutos para las prioridades altas y entre seis y siete minutos para las incidencias generales.
Consultada sobre los robos y hurtos, Coudannes reconoció que se trata de una problemática que preocupa a las autoridades, aunque sostuvo que existe un seguimiento permanente de los indicadores delictivos.
En ese sentido, señaló que los operativos de saturación se complementan con inspecciones en chatarrerías y desarmaderos, en un intento por intervenir también sobre los circuitos de comercialización de elementos sustraídos.
La elección del Parque Garay y Villa del Parque, explicó, responde a la necesidad de reforzar la presencia policial en sectores donde se registra una importante circulación de personas, especialmente en horarios de ingreso a los lugares de trabajo y establecimientos educativos.
La funcionaria destacó además el papel de los vecinos en la prevención. Según precisó, las llamadas al 911 por personas sospechosas que circulan a pie ocupan el quinto lugar entre los motivos de intervención de la Unidad Regional I.
Como ejemplos recientes mencionó el secuestro de tres escopetas y la detención de dos hombres, a partir de un aviso telefónico, y el hallazgo de una persona que llevaba dos bombas molotov cerca de Guadalupe.
Nueva herramienta para controlar celulares
Otro de los temas abordados durante la recorrida fue la implementación de la ley recientemente aprobada por la Legislatura provincial, vinculada con la identificación de teléfonos celulares y el combate al robo y la comercialización ilegal de estos dispositivos.
Coudannes explicó que todavía se trabaja en la elaboración de los protocolos necesarios para poner en marcha la normativa. Esa tarea requiere coordinación entre el Ministerio de Justicia y Seguridad, el Ministerio de Gobierno, el Ministerio Público de la Acusación y el Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM).
La iniciativa contempla utilizar el IMEI, un código único que identifica a cada teléfono y que la funcionaria comparó con el documento de identidad de los aparatos. La intención es contar con una herramienta que permita dificultar tanto la sustracción como la posterior circulación y venta ilegal de celulares.
La jefa de la Unidad Regional I, Margarita Romero, consideró que la nueva normativa representará un aporte para el trabajo preventivo y, fundamentalmente, para las investigaciones policiales.
Explicó que, ante determinadas intervenciones en la vía pública, la herramienta podría permitir obtener información vinculada con las circunstancias de un hecho y las comunicaciones relacionadas con una investigación. Aclaró que el objetivo no sería acceder indiscriminadamente a la vida privada de las personas, sino contar con elementos que permitan esclarecer situaciones concretas.
Romero señaló que, una vez que se complete la protocolización, comenzará la capacitación del personal policial para que conozca los alcances y procedimientos de aplicación. También indicó que, ante una eventual negativa de una persona a colaborar con el procedimiento, se dará intervención al fiscal de turno.
La funcionaria sostuvo que la fuerza viene atravesando un proceso de adaptación a las nuevas herramientas tecnológicas y que el desafío también será explicar adecuadamente a la ciudadanía los motivos y alcances de estos controles.
Allanamientos y controles en la costa
Durante el contacto con la prensa, Romero también brindó detalles de una investigación por un robo domiciliario ocurrido en Colastiné. Según relató, personal de la comisaría 28 realizó tareas investigativas para reunir pruebas e identificar a los presuntos responsables.
Con esos elementos, la Policía solicitó a la fiscalía, a cargo de la doctora Parodi, cuatro allanamientos en distintos domicilios. El procedimiento terminó con dos hombres aprehendidos. Uno de ellos tenía un pedido de detención vigente por no haber regresado de una salida transitoria. Además, se recuperaron varios elementos vinculados con el hecho.
La jefa policial fue consultada también por las recientes situaciones registradas en las inmediaciones del Puente Colgante, donde distintas personas se arrojaron al agua. En relación con el episodio más reciente, indicó que, según la información disponible, se habría tratado de una actividad recreativa y no de una situación vinculada con una decisión de quitarse la vida.
Romero descartó la posibilidad de mantener un móvil policial fijo en el puente, aunque aseguró que los patrulleros del cuadrante recibieron instrucciones para prestar especial atención al sector. En ese marco, advirtió sobre los riesgos de arrojarse al río en momentos en que la laguna Setúbal y el sistema hídrico presentan una importante crecida.
Finalmente, se refirió a los reclamos de vecinos de Alto Verde por la falta de seguridad en el sector de La Boca, particularmente durante la noche y en las inmediaciones del puente peatonal. Aseguró que los móviles del cuadrante realizan patrullajes en la zona, con balizas encendidas y a disposición de los habitantes.