En FM Chalet tuvimos la palabra de Gabriela Ortolochipi titular de UENDISFE quien nos contó sobre la situación de las organizaciones que atienden a personas con discapacidad y la lucha que están llevando a cabo para que se prorrogue la Ley de Emergencia en Discapacidad pues de lo contrario, esta concluirá en diciembre de este año.
La norma vence en diciembre y en el Congreso se tratará su extensión hasta 2027. Desde Uendisf, Gabriela Ortolochipi aseguró que “seguimos en emergencia” porque varios puntos de la legislación no fueron cumplidos. En Santa Fe analizan movilizaciones para visibilizar el reclamo.
Ortolochipi, de Uendisf, cuestionó la implementación de la ley y sostuvo que, pese a que la Justicia debió intervenir para que fuera reglamentada, su puesta en marcha quedó incompleta.
“Al no tener la soluciones necesarias la situación es cada vez mas grave, esta ley de emergencia se presentó a los fines que se respetaron a todos los que ya estaban anteriormente legislados. Esta ley fue presentada y aprobada por ambas cámaras, vetada por el presidente y nuevamente aprobada por ambas cámaras y así todo no se terminaba de reglamentar y desde un juez federal el cual tomo el caso de un recurso de amparo masivo al cual nosotros también suscribimos en su momento dio un fallo favorable al desamparo, obligando a la reglamentación de esta ley. No fue suficiente eso y tuvo que exigir la reglamentación, a partir de ello es que se reglamentó la ley pero no en su totalidad quedando algunos artículos importantes sin reglamentar y la puesta en funcionamiento es muy parcial, no se esta cumpliendo tampoco”, señaló en declaraciones a FM Chalet.
“El tema es que esta ley tiene una fecha de vencimiento que es en diciembre del 2026, por lo cual el autor de esta prorroga se presentó justamente para extenderla, porque si a esta altura estamos hablando ya iniciado a mes de diciembre
Entre los puntos pendientes, mencionó la compensación prevista para los prestadores. Según explicó, se realizó la liquidación de esa compensación, pero el dinero nunca fue abonado.
En ese sentido, destacó el carácter universal de las prestaciones para las personas con discapacidad, independientemente de su situación socioeconómica.
“Una de las cosas que no se cumplió de esta ley de emergencia, era que se iba a revisar el costo de las prestaciones, no sabemos si lo hicieron y como no les convenía no lo dijeron o directamente ni se tomaron el trabajo de hacerlo. No es tan difícil llegar al costo real de una prestación porque hay un marco básico nacional que dice claramente según el tipo de servicio, que tipo de prestaciones se deben de brindar y con que recurso humano. Por otra parte tenemos los convenios colectivos del trabajo que se aplican según elección y situación de cada institución sea Sanidad o Utedyc, que son herramientas fundamentales al alcance de cualquiera que si tomamos estas referencias marco básico y convenio colectivo nos arroja claramente cual es el costo que tiene la prestación y ahí se darían cuenta, bueno eso no se hizo”.
La dirigente también puso el foco en otro aspecto previsto por la ley: la creación de un observatorio destinado a analizar la situación del sector y, especialmente, avanzar en un cálculo de costos que permita determinar cuánto deberían valer las prestaciones de apoyo para las personas con discapacidad.
“El observatorio no se formó”, afirmó Ortolochipi, quien además cuestionó que la reglamentación haya dejado sin aplicación artículos vinculados, entre otras cuestiones, al financiamiento de la norma.
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