El juez federal Ariel Lijo hizo lugar al pedido de la defensa del exjefe de Gabinete, que había reclamado más tiempo para acceder a documentación incorporada al expediente.

La Justicia argentina se mueve a su propio ritmo. Es que mientras la Justicia boliviana avanzó en pocos días en la causa que investiga el posible intento de femicidio de Fernando Cerimedo, exasesor de Javier Milei, contra su expareja Nadia Beller, con detenciones y medidas cautelares, en la Argentina el expediente por el patrimonio de Manuel Adorni vuelve a estirarse. El juez federal Ariel Lijo le concedió al exfuncionario otros 15 días hábiles para responder al requerimiento del fiscal Gerardo Pollicita.

El pedido fue realizado por el abogado del exjefe de Gabinete nacional, Matías Ledesma, quien argumentó que todavía no había podido acceder y analizar parte del material citado por la fiscalía. El plazo original vencía este miércoles.

La diferencia entre ingresos y gastos

Uno de los principales puntos señalados por el fiscal surge de la comparación entre los ingresos y los desembolsos del grupo familiar.

De acuerdo con la reconstrucción incorporada a la causa, los ingresos comprobados de Adorni llegaron a $229.752.283,20, mientras que los gastos sumaron $272.820.832,20. El resultado arroja una diferencia de $43.068.549 que la fiscalía pretende que sea justificada.

El expediente también registra US$402.578,12 cuyo origen no fue corroborado, según el requerimiento presentado por Pollicita.

Propiedades, préstamos y criptomonedas

El fiscal puso el foco en el dinero destinado a la compra y puesta en condiciones de una vivienda en el country Indio Cuá, un departamento de la calle Miró al 500 y el equipamiento de ambos inmuebles.

También reclamó precisiones sobre préstamos atribuidos a familiares, además de herencias, donaciones e ingresos exentos invocados como posibles fuentes de financiamiento.

Otro de los puntos cuestionados son las operaciones con criptoactivos, que según Pollicita no fueron declaradas ante la Oficina Anticorrupción.

La fiscalía también pidió explicar consumos efectuados con tarjetas de crédito pertenecientes a empleados del Gobierno que dependían de Adorni.

Ahora, con la prórroga otorgada por Lijo, la defensa tendrá 15 días hábiles para responder. Una vez presentada la documentación, Pollicita deberá evaluar si las explicaciones alcanzan para cerrar los interrogantes o si corresponde avanzar con un pedido de indagatoria.

Fuente: Página 12

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