Un informe de Fundación Capital estimó que los hogares de menores ingresos ya destinan hasta el 22% de sus recursos al pago de servicios públicos, en un contexto de empleo más débil, paritarias moderadas y correcciones tarifarias que todavía no concluyeron.
Por Cristian Carrillo / El Destape Web
La desaceleración de la inflación permitió en los últimos meses una mejora limitada en la evolución de los salarios registrados, especialmente en los sindicatos con más músculo, pero el alivio que podría derivarse de ese movimiento encuentra un límite en otro componente del gasto de los hogares: las tarifas y los servicios públicos. El resultado es que una parte creciente de los ingresos vuelve a quedar comprometida antes de llegar al consumo. Los datos relevados por Fundación Capital, que preside el expresidente del Banco Central Martín Redrado, muestran que el proceso de recomposición tarifaria iniciado durante 2024 continúa teniendo efectos sobre el ingreso disponible incluso después de haber atravesado la etapa más intensa del ajuste de precios relativos. El impacto, además, aparece distribuido de manera desigual: cuanto menor es el ingreso familiar, mayor es la porción absorbida por electricidad, gas, agua y transporte.
El fenómeno ocurre en un contexto en el que las negociaciones salariales muestran una dinámica más moderada. Según el informe económico semanal difundido este lunes, los salarios del sector privado registrado crecieron 4 por ciento mensual en abril y lograron una mejora real de 1,4 por ciento gracias a una inflación menor, aunque el promedio del segundo trimestre habría quedado en una suba nominal de 2,4 por ciento mensual frente a una inflación estimada de 2,2 por ciento. La recuperación acumulada aparece, de todos modos, acotada: el salario real todavía se ubicaría cerca de 3 por ciento por debajo del nivel alcanzado hacia fines de 2025.
La cuestión central del informe es cuánto queda disponible después de afrontar gastos que tienen bajo margen de ajuste doméstico. Fundación Capital puso el foco sobre ese indicador y calculó el costo mensual de una canasta de servicios públicos para una familia tipo del Área Metropolitana de Buenos Aires. El resultado muestra que en junio el gasto promedio alcanzó los “163.600 pesos para hogares con subsidios” y los “275.800 pesos para hogares sin subsidios”. Para los hogares que conservan subsidios energéticos pero no cuentan con tarifa social en transporte, el valor ascendió a 232.700 pesos”.
En los tres casos, el incremento interanual de las tarifas rondó el “55 por ciento” respecto de junio del año anterior, aproximadamente veinte puntos por encima de la inflación acumulada del período. En paralelo, los salarios privados registrados habrían aumentado “29,7 por ciento interanual”. La diferencia entre ambas velocidades es la que termina modificando el presupuesto de las familias. En términos agregados, el gasto promedio ponderado en servicios públicos pasó de representar el “9,1 por ciento del ingreso promedio de los asalariados registrados” en junio de 2025 al “10,8 por ciento” en junio de este año. Si la comparación se lleva hacia el comienzo de la actual administración, el salto es más amplio: el ratio era entonces del “4,3 por ciento”.
Tarifas por nivel de ingreso
El informe desarrolla un ejercicio para medir cuánto pesan hoy los servicios públicos según distintos niveles de ingreso familiar y allí aparece uno de los cambios más marcados del período. Para una familia cuyos ingresos equivalen a dos salarios mínimos, vitales y móviles —unos 735.600 pesos mensuales—, el pago de servicios públicos ya representa el 22 por ciento del ingreso. Un año atrás, esa participación era 5,7 puntos menor y, si se toma como referencia diciembre de 2023, el peso se cuadruplicó desde el “5,3 por ciento”.
El dato adquiere dimensión cuando se observa que el salario mínimo atravesó aumentos por debajo del ritmo de las tarifas y también por debajo de otros componentes del costo de vida. En términos prácticos, uno de cada cinco pesos de ese hogar se orienta al pago de gastos que difícilmente pueden reducirse sin resignar movilidad, calefacción, iluminación o acceso al agua. La situación no mejora demasiado entre quienes dependen de ingresos previsionales mínimos.
Según el ejercicio de Fundación Capital, un hogar compuesto por dos jubilaciones mínimas —incluidos bonos y con ingresos por 946.636 pesos— destina actualmente el 17,3 por ciento del presupuesto al pago de servicios. La participación aumentó 3,5 puntos frente al año anterior y prácticamente triplica el nivel observado a fines de 2023.
La diferencia entre salarios y tarifas también altera el funcionamiento cotidiano del consumo. Cuando una proporción creciente del ingreso queda comprometida en gastos fijos, disminuye el margen para alimentos, indumentaria, recreación o bienes durables. Esa dinámica no necesariamente aparece reflejada en el indicador salarial tradicional, que mide capacidad de compra frente al promedio de precios, pero no distingue el peso diferencial de ciertos componentes.
Los hogares de ingresos medios muestran una situación menos extrema, aunque mantienen una tendencia similar. Una familia con ingresos de 1.500.000 pesos, equivalente al promedio del quinto decil según la proyección utilizada por la consultora, destinaría cerca del 14 por ciento de sus recursos al pago de servicios públicos. En diciembre de 2023, esa proporción era del 7 por ciento. Para un hogar con ingreso formal medio de 2.200.000 pesos, el peso alcanza el 10,7 por ciento, contra 3,8 por ciento al inicio del período analizado. Incluso entre sectores con ingresos más elevados, la trayectoria se mantiene. Un hogar que percibe 4.500.000 pesos y no recibe subsidios energéticos utiliza alrededor del 6 por ciento del ingreso para afrontar esos gastos, mientras que para el decil de mayores ingresos —cerca de 7 millones de pesos— el porcentaje ronda el 3 por ciento.
La diferencia está en que el aumento tarifario produce efectos distintos según el punto de partida. En los hogares con mayores ingresos, el incremento reduce capacidad de ahorro o consumo discrecional. En los hogares de menores recursos, modifica decisiones cotidianas vinculadas a bienes esenciales. Ese comportamiento aparece además en un mercado laboral que todavía no muestra una recuperación homogénea. Fundación Capital señaló que desde el cambio de administración existen 216 mil empleos menos en el sector privado registrado y que la informalidad alcanzó el 44,2 por ciento de los ocupados en el primer trimestre de 2026, con un aumento de 2,2 puntos interanual. En ese contexto, las negociaciones salariales se desarrollan con menor margen de presión y con acuerdos más moderados.
Como conclusión, según el informe, el sector residencial ya cubre en promedio el 80 por ciento del costo de generación de energía eléctrica, cuando dos años atrás cubría aproximadamente el 33 por ciento. Sin embargo, entre usuarios que todavía reciben subsidios, la cobertura ronda el 64 por ciento, lo que deja margen para nuevas correcciones. En transporte también persiste una brecha: en el AMBA el usuario cubriría solamente el 31 por ciento del costo del boleto de colectivo.
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