Osvaldo Ernesto Ceresole (56) fue el único de los ocho imputados que rechazó ir a juicio abreviado y ahora pretende justificar su inocencia ante el Tribunal Oral Federal de Santa Fe.
Por Juliano Salierno/ EL Litoral
Siete testigos estaban citados para este viernes, para declarar ante el Tribunal Oral Federal (TOF) de Santa Fe en el juicio que se lleva adelante contra el abogado santafesino, Osvaldo Ernesto Ceresole (56), quien permanece detenido desde el verano de 2024, acusado de ser el organizador de la banda que administraba un vivero de marihuana en un campo de Arroyo Leyes.
El debate comenzó el miércoles 1 de octubre con la lectura del requerimiento de elevación a juicio y luego Ceresole realizó una primera declaración, que a los ojos de los presentes resultó “desordenada” y “poco clara” a los fines del proceso en el que se encuentra imputado.
Ceresole es el octavo miembro de un grupo de imputados de los cuales los siete restantes evitaron estar sentados en el banquillo y aceptaron su responsabilidad en el hecho bajo la modalidad de juicio abreviado, cuyas sentencias se conocerán una vez concluida la etapa de debate.
Juicios abreviados
Entre ellos se encuentran el barra de Colón, Gabriel Alberto “Cachiporri” Nudel (35) y Mauricio José Zambón (32), quienes aceptaron penas de 4 años de prisión por los delitos de “cultivo de plantas para producir estupefacientes”; “tenencia de armas” y “hurto de energía” en perjuicio de la EPE.
Los otros cuatro acusados firmaron penas de dos años efectivos, en carácter de partícipes secundarios de los mismos delitos; y el dueño del campo aceptó 3 años de cumplimiento condicional, en su carácter de facilitador de los predios donde se producía el cultivo.
El caso se remonta al verano de 2024, cuando el 13 y 14 de febrero fuerzas de seguridad federales allanaron un predio rural ubicado en el Km 19 de la ruta provincial Nº 1, en el cardinal este, en jurisdicción de la comuna de Arroyo Leyes, donde funcionaba un vivero con 1.531 plantas de cannabis sativa.
Además, en calle Santiago del Estero al 3600 de la ciudad de Santa Fe, fue allanado un vivero indoor con 575 plantas de la misma especie.
Autorización estatal
La particularidad del caso radica en que el “emprendimiento” ubicado en un lugar de fácil acceso para terceros -“se veía a simple vista desde la ruta”, dijo uno de los testigos- tenía como respaldo aparente un inscripción ante el Instituto Nacional de Semillas (INASE), para el cultivo en forma experimental de la especie “cannabis sativa”.
En ese esquema, Ceresole aparece como una pieza fundamental del esquema, no sólo por sus conocimientos sobre la legislación vigente, y ser un avezado conocedor del proceso de cultivo de la especie en cuestión; sino porque su nombre aparece en los registros públicos como el responsable del producto.
Aquí se produce el punto de quiebre entre la Justicia Federal que lo considera una “pantalla” para operar como una organización criminal que producía las plantas que introducía al mercado; y la hipótesis defensiva de Ceresole y el defensor público oficial, Fernando Sánchez, quienes sostienen que estaban autorizados para el cultivo de cannabis y que por lo tanto no hubo delito.
Siete testigos
Para resolver el contradictorio, los jueces Ricardo Moisés Vázquez -presidente-, José María Escobar Cello y Luciano Lauría, tenían previsto escuchar este viernes a siete testigos, considerados centrales para develar la trama.
Entre ellos fueron citados un integrante de la División Criminalística de Prefectura Naval Argentina, una vecina del predio donde se produjo el allanamiento, tres ingenieros agrónomos y dos gendarmes.
Hasta el mediodía, el tribunal había podido recabar el testimonio de los tres primeros, los cuales abonaron la idea de que más allá de los permisos formales ante el organismo nacional, allí funcionaba una organización con fines ilícitos.
Ingeniero del INASE
Pero sin dudas el pasaje más interesante de las declaraciones se produjo en oportunidad de prestar testimonio un ingeniero agrónomo que en ese momento trabajaba para el Inase y viajó a Santa Fe para realizar la inspección de ambos viveros.
Un dato curioso fue escuchar al propio Ceresole, que en su carácter de abogado pudo ejercer su propia defensa, hacer preguntas técnicas al especialista, ostentando sus vastos conocimientos en la materia, a punto tal que luego el tribunal debió reencauzar la charla con preguntas puntuales y sintéticas al testigo.
Más allá de eso, el ingeniero agrónomo que declaró por Zoom desde Caba, confirmó “haber intervenido” a pedido de la autoridad judicial competente en Santa Fe “para que hagamos una constatación de las actividades del predio”, dado que “el INASE se encarga de “la fiscalización de semillas, especies de granos, pasando por frutales a cualquier sistema de propagación”.
No había registros
Particularmente “en este caso estábamos con un programa con la especie cannabis sativa” por lo que “se habilitaron variedades” y para ello “uno de los habilitados son los criadores”. En ese marco dijo que estimaba que “la empresa de Ceresole había solicitado la habilitación como criador”.
La pregunta la sembró el fiscal general Martín Suárez Faisal cuando le preguntó al ingeniero que hacía falta para tener un “criadero”.
“Un criadero tiene que tener la variedad de la especie que se declara y un sistema de registros” para el cual “lo básico es el instrumental para pesar y evaluar el cultivo” a propósito del “fenotipo o variedad”.
-¿Y con qué se encontró en Santa Fe? -agregó el fiscal.
-Lo que ví es un cultivo separado con carteles con QR, en los que había ciertas identificaciones, pero no tuve acceso a registros de la actividad.
El testigo explicó que ante la falta de soportes que dieran cuenta de lo que allí se producía y ante la ausencia de Ceresole como principal responsable, “convocamos al DT” una figura que se utiliza para denominar a quien “patrocina el emprendimiento”. “Son corresponsables de la actividad del criador”, apuntó.
Gran escala
Y una vez consultado, destacó que el DT “no supo indicarnos qué actividades estaban haciendo, ni nada”. “Ignoraba la actividad que estaban realizando en el predio” con lo que “concluímos que no estaban haciendo ningún programa de desarrollo de cannabis sativa”. “Inferimos que no había ninguna evidencia que indicara que en el predio se estuviera haciendo mejoramiento”, detalló.
Luego, consultado por el fiscal acerca del tamaño del vivero, el especialista reconoció que si bien la escala de la plantación era compatible con la actividad por caso para el trigo o maíz, “no es habitual para la especie de cannabis sativa. Es una escala bastante grande, pero el INASE nunca marcó límites”, dijo.
En ese sentido agregó que “es llamativo que con semejante escala no haya registro de nada ni conocimiento del DT” como intermediario entre el responsable y el organismo público.
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