Nuevas medidas de fuerza se confirmaron este martes, en el marco del conflicto universitario por la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario, la recomposición salarial y el presupuesto 2026. Para este 19, adhieren también los no docentes. Y del 1 al 6 de diciembre habrá una semana completa de huelga.
Por Mariela Goy / El Litoral
La primera medida será un paro nacional de 24 horas este miércoles 19 de noviembre, y adhieren la Conadu Histórica -con incidencia en Adul de la Universidad Nacional del Litoral-, ATE y Fatun, de los no docentes, en coincidencia con la tradicional movilización de jubilados.
El plenario de secretarías generales de Conadu Histórica, reunido este martes, resolvió profundizar el plan de acción gremial con dos nuevas jornadas de paro. La segunda instancia será de una semana completa y se llevará a cabo del 1 al 6 de diciembre, marcando una de las acciones de mayor duración impulsadas por la docencia universitaria en este ciclo lectivo.
Desde la entidad gremial señalaron que la decisión surge de los mandatos debatidos y consensuados a partir de la consulta nacional realizada en todas las asociaciones de base. “La federación continuará trabajando por la unidad de la comunidad universitaria y sus organizaciones, articulando con las luchas del Garrahan y la emergencia pediátrica, de discapacidad y de jubiladas y jubilados”, expresaron.
En un pronunciamiento dirigido al conjunto de los trabajadores, el sindicato llamó a “confluir en la lucha contra el proyecto de ley de flexibilización laboral y las reformas jubilatoria y tributaria que pretende llevar adelante el gobierno nacional”.
Reafirmó, asimismo, que la protesta se sostiene “en defensa de la universidad pública, el presupuesto y nuestros salarios; por la efectiva implementación de la Ley de Financiamiento Universitario; y por la urgente convocatoria a paritarias”.
Profundización
El anuncio se produce tras el paro de 72 horas realizado la semana pasada por docentes universitarios de todo el país, también en reclamo de mejoras salariales y presupuestarias.
El eje central del conflicto es la Ley de Financiamiento Universitario, promulgada en octubre de 2025 pero cuya ejecución fue suspendida por el Poder Ejecutivo bajo el argumento de limitaciones presupuestarias. Universidades y gremios denuncian que la suspensión agrava el deterioro salarial y compromete el funcionamiento básico del sistema universitario.
La normativa declara la emergencia presupuestaria del sistema universitario para 2024 y fija una nueva estructura de financiamiento: 85% del presupuesto destinado a salarios y 15% a gastos de funcionamiento; actualización bimestral de estos gastos según la evolución del IPC, el tipo de cambio de referencia para importaciones y las tarifas de servicios públicos; creación de un fondo salarial para recomposición docente y no docente; fondos para infraestructura y aumento progresivo de becas estudiantiles; y financiamiento específico para carreras estratégicas, como inteligencia artificial.
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