Este lunes fueron imputadas las personas que se desempeñaban como jefe y subjefe del camilleros del Hospital Cullen de cuatro delitos de extorsión y por malversación de caudales públicos.

Se trata de Orlando Daniel Verón y Ricardo Raúl Arredondo, quienes habían sido denunciado por personal contratado del mismo sector. Todo trascendió en abril del 2022, cuando las víctimas señalaron ante las autoridades del efector que eran extorsionados por ambas personas para conservar los puestos de trabajo.

Luego, la denuncia cayó en el Ministerio Público de la Acusación. Fue realizada por Juan Pablo Poletti, en calidad de director médico del Hospital Cullen, y Mario Lezcano, como presidente del Consejo de Administración.

Rosana Peresín, fiscal a cargo de la causa, reveló que los hechos se produjeron en plena pandemia: “Pudimos determinar que entre 2020 y 2022 se produjeron los delitos de extorsión con dos víctimas que tenemos individualizadas; no solamente por la declaración de los mismos, sino también por la declaración de otros testigos”.

La funcionaria judicial explicó que a los acusados exigían dinero a las víctimas a los fines de “renovarles lo que en su momento eran los «contratos covid» o para poder cubrir determinadas guardias”.

Con relación a los montos y de qué forma se realizaba el pago de ese dinero, Peresín indicó: “Eran sumas de entre 2.500, 3.000 y 4.000 pesos. Pudimos determinar que se podían hacer efectivo a través de cuentas bancarias”.

Por el caso, hay una tercera persona imputada en “calidad de partícipe” secundario en dos delitos de extorsión. Se trata de la esposa de Arredondo, quien también es empleada administrativa del Hospital Cullen.

La fiscalia pudo comprobar que una de las cuentas donde realizaban las transferencias los trabajadores para poder mantener o renovar los contratos de trabajo, pertenecía a esta mujer.

En declaraciones al programa “De10”, que se emite por “LT10”, subrayó que los acusados eran obligados a robar material sanitario del propio efector. “Los primeros delitos de extorsión fue el pedido de dinero a los fines de renovarles el contrato o de cubrir determinadas licencias; otro, era el de extraer cajas de guantas de látex descartable. Los obligaban a llevar una mochila y sacar esos guantes”.

En ese sentido, precisó que “la amenaza era de no continuar o discontinuar la relación laboral si no lo hacían”. La fiscal indicó el retiro de materiales desde el Cullen, provocó un desajuste que se vio reflejada en comparación con otros nosocomios.

Peresín señaló que tanto Verón como Arredondo “pedían el dinero por «alguien» del consejo de administración. Decían: «te tenes que acordar de darnos plata, para tal…».

Sobre este último punto, la fiscal aclaró que “todo es sujeto de investigación porque ninguno de los imputados declaró. Tuvieron acceso al legajo y veremos si van a ofrecer alguna evidencia o prueba que se los pueda desvincular para poder acreditar que pedían dinero en nombre de otro”.

A pesar de ello, sentenció: “Nosotros tenemos acreditado que al dinero lo pedían para ellos y de hecho tenemos las transferencias y las entregas de dinero de las víctimas”.

Recordó la forma en que los damnificados deciden recurrir a las autoridades del Cullen y el caso estalla. “Pasaron a pedirles de entre 2.500 a 4.000 pesos a decirles que el monto nuevo era de 25.000. Tres personas se negaron y es ahí cuando hacen la denuncia y se inicia la investigación”.

Advirtió que por el momento no solicitarán la prisión preventiva. “No tenemos riesgos procesales, las víctimas no se sienten atemorizadas, peligro de fuga no tenemos; los citamos y comparecieron. Están identificados, sabemos donde viven”.

Fuente: UNO Santa Fe