Nuevos derechos y garantías
La propuesta amplía el catálogo de derechos individuales y colectivos. La salud se consagra como un derecho fundamental, garantizado por un sistema público, gratuito y de calidad. Se reconoce al medicamento como un bien social y se promueve la producción pública.
El trabajo es definido como un derecho humano y un deber social. Se establecen condiciones como salario justo, jornada limitada, desconexión digital y prevención de la violencia laboral.
El acceso a un ambiente sano y equilibrado pasa a ser un derecho de todos los habitantes. El agua se declara un bien colectivo, con acceso universal y asequible al agua potable y al saneamiento.
La igualdad y la no discriminación aparecen reforzadas. La Constitución reconoce desigualdades estructurales y ordena al Estado aplicar políticas activas para reducirlas, con atención a la infancia, las mujeres, las juventudes, las personas mayores, con discapacidad e indígenas.
Se incorporan además derechos vinculados al mundo digital: acceso a la conectividad, alfabetización digital crítica, protección de datos personales y regulación de algoritmos e inteligencia artificial para evitar sesgos y discriminación.
Educación, cultura y participación ciudadana
La educación se garantiza como gratuita, laica, inclusiva y universal. La obligatoriedad llega hasta el nivel secundario y se refuerza la vinculación entre la escuela y el trabajo. La alfabetización digital, la educación ambiental y la promoción de la salud se incorporan como ejes transversales.
La cultura se reconoce como derecho y como patrimonio colectivo. Se promueve la diversidad cultural, la protección del patrimonio material e inmaterial y el fortalecimiento de bibliotecas y espacios de memoria.
En materia política, se amplían los mecanismos de participación ciudadana. La iniciativa popular, el referéndum, la consulta y la revocatoria de mandato se incorporan como herramientas concretas. Las audiencias públicas serán obligatorias en leyes ambientales y de servicios públicos.
El voto sigue siendo universal, igual y obligatorio, e incluye a extranjeros en elecciones provinciales y municipales.
Organización del Estado y controles
El Poder Legislativo mantiene su carácter bicameral. La Cámara de Diputados tendrá 50 miembros electos por representación proporcional y paridad de género. El Senado se compone de un representante por cada departamento.
El Poder Ejecutivo estará a cargo del gobernador y vice, con mandatos de cuatro años y posibilidad de una sola reelección consecutiva.
El Poder Judicial se moderniza con una Corte Suprema de siete miembros, paridad de género y representación territorial. Se fortalecen el Ministerio Público de la Acusación y el de la Defensa, que funcionarán con autonomía.
Entre los organismos de control, se consolidan el Tribunal de Cuentas y la Defensoría del Pueblo, con misión de garantizar transparencia, eficiencia y protección de derechos frente a la administración pública.
Municipios, federalismo y ambiente
La autonomía municipal es uno de los ejes más destacados. Los municipios tendrán capacidad plena en los órdenes institucional, político, administrativo y financiero. Los que superen los 10.000 habitantes podrán dictar su propia carta orgánica.
La coparticipación se garantiza mediante un sistema automático y solidario, con criterios de equidad y proporcionalidad.
Se habilitan convenios intermunicipales y la creación de regiones y áreas metropolitanas para impulsar desarrollo, obras públicas y cooperación institucional.
La reforma incorpora un fuerte enfoque ambiental. Se establece la obligación de políticas climáticas de mitigación y adaptación, la preservación de humedales, bosques y biodiversidad, y la protección de los derechos de las generaciones futuras.
Lo que viene
Las disposiciones transitorias ordenan la entrada en vigencia de la nueva Constitución a partir de su publicación. Todas las autoridades provinciales y municipales deberán jurarla en un plazo de 30 días.
Algunas normas tendrán implementación progresiva. Por ejemplo, la ley de coparticipación deberá aprobarse en un plazo máximo de dos años y la nueva Ley Orgánica de Municipios, en uno.
La reforma también aclara que los mandatos provinciales actuales no serán considerados como primer período, salvo el del gobernador y la vice.
Hacia una Constitución moderna
La reforma constitucional propuesta por la Convención Reformadora busca colocar a Santa Fe en sintonía con el siglo XXI. No se limita a actualizar formalidades: amplía derechos, incorpora la agenda ambiental y digital, fortalece la transparencia y otorga a los municipios un rol protagónico.
El debate en el plenario será decisivo. Pero, de aprobarse, la provincia pasará a tener una de las constituciones más modernas del país, capaz de responder a los desafíos de una sociedad diversa, digital y en permanente transformación.
Fuente: El Litoral
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