Según un estudio internacional, el 38% gastó menos en alimentos, el 37% recurrió a sus ahorros o fondos de emergencia y el 35% asumió trabajos adicionales o más horas laborales. «Hoy tener una vivienda implica hacer sacrificios que no deberían ser necesarios”, advierten.
Por Gastón Rodriguez / Tiempo Argentino
Una investigación global de Hábitat para la Humanidad revela que ocho de cada diez personas en Argentina redujeron al menos un gasto en el último año para pagar la vivienda. Una cifra superior al promedio global que se ubica en el 75%. La inflación y el costo de la energía profundizan la presión, fundamentalmente, sobre las familias que alquilan y de menores ingresos.
El estudio “Un hogar, pero ¿a qué costo?”, realizado en 22 países, detalló que en Argentina los recortes alcanzan lo más básico: el 38% gastó menos en alimentos y compras esenciales; el 37% recurrió a sus ahorros o fondos de emergencia y el 35% asumió trabajos adicionales o más horas laborales.
Además, el 34% de los argentinos tuvo que elegir entre pagar la vivienda o cubrir necesidades como alimentación, vestimenta o medicamentos. La realidad de las personas que alquilan o las que tienen ingresos por debajo de dos salarios mínimos es aún peor.
“La principal conclusión del informe es que hoy para muchísimas personas en Argentina tener una vivienda implica hacer sacrificios que no deberían ser necesarios”, asegura Bárbara Bonelli, directora ejecutiva de Hábitat para la Humanidad Argentina.
“Cuando una persona –continúa– tiene que elegir entre pagar el alquiler o comprar medicamentos o tener la calefacción prendida, el problema ya no es solamente habitacional, estamos frente a una situación que impacta en la salud, en las oportunidades, en las posibilidades de construir proyectos de vida”.
Parte de la cuestión
El costo de los servicios son parte de la cuestión: casi una de cada cinco personas (19%) limitó el uso de calefacción o refrigeración en su hogar, es decir, casi el triple del promedio global (7%). Y entre quienes alquilan, el 60% afirma que las altas tasas de energía afectan negativamente la asequibilidad de su vivienda. Dicho de otro modo: pagar las boletas de luz implica no realizar otros gastos.
El análisis internacional, encargado a Edelman Intelligence, señaló que en Argentina la dificultad está ligada a la “prolongada volatilidad económica”: años de alta inflación y crisis económica erosionaron el poder adquisitivo, elevaron el costo de vida y redujeron el margen de los hogares para absorber imprevistos.
Por eso, aunque el 67% dice poder cubrir hoy los costos de su vivienda, casi cuatro de cada diez personas señala que con frecuencia tiene dificultades para hacerlo y casi seis de cada diez teme que un imprevisto ponga en riesgo su capacidad de mantenerse en su hogar.
En ese sentido, para Bonelli “la vivienda no puede ser vista únicamente como un gasto, sin duda, es la base a partir de la cual las personas estudian, trabajan, cuidan a sus familias y proyectan su futuro”, y agrega: “Garantizar que más personas puedan acceder y mantenerse en una vivienda adecuada es una condición indispensable para construir una sociedad más justa, más estable y con mejores oportunidades para todos”.
Inquilinos: vivir bajo presión
Quienes alquilan enfrentan las presiones más agudas. El 49% de las personas inquilinas reconoció que con frecuencia tiene dificultades para afrontar los costos de su vivienda, frente al 31% de quienes son propietarias. El 68% aseguró temer que un imprevisto afecte su permanencia en la vivienda, frente al 51% de quienes tienen casa propia, y el 54% está insatisfecha con su realidad habitacional.
La carga es todavía mayor entre quienes viven en condiciones habitacionales informales: solo el 53% consideró que dispone de un espacio habitable adecuado y apenas el 65% respondió estar seguro de poder permanecer en su vivienda. Además, el 64% de este grupo reportó estrés relacionado con la vivienda, frente al 28% del total nacional.
“Desde Hábitat para la Humanidad –concluye Bonelli– creemos que esta problemática debe abordarse de manera integral; necesitamos políticas públicas que amplíen el acceso a la vivienda asequible, pero también un trabajo conjunto entre Estados, sector privado y organizaciones sociales y comunidades”.