Los ministerios de Gobierno y de Economía coordinarán la tarea educativa obligatoria para funcionarios y agentes. La capacitación tendrá una carga horaria de 20 horas distribuida en cuatro semanas. Los otros poderes del Estado deberán resolver también sobre los alcances de la formación.
El Poder Ejecutivo de la provincia de Santa Fe dispuso que todas las personas que se desempeñen en la función pública, en su ámbito, deberán realizar la capacitación obligatoria, periódica y permanente sobre la Cuestión Malvinas. La decisión comprende a todos los niveles, jerarquías, cargos o modalidad de contratación.
«Quedan expresamente comprendidos los agentes de la administración pública central, organismos descentralizados, entes autárquicos, instituciones de la seguridad social, fuerzas de seguridad provinciales, empresas y sociedades del Estado, o sociedades con participación estatal mayoritaria».
Así lo establece la reglamentación a la ley santafesina N° 14.255, norma que dispuso adherir a una nacional, la Ley N° 27.671. En ella «establéce la capacitación obligatoria, periódica y permanente en la «Cuestión de las Islas Malvinas» para todas las personas que se desempeñen en la función pública en todos sus niveles y jerarquías en los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Nación».
La ley marca que se entiende como la Cuestión de las Islas Malvinas a la situación colonial en la que se encuentran las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur y los espacios marítimos correspondientes, parte integrante del territorio argentino, que desde 1833 son objeto de una disputa de soberanía entre la Argentina y el Reino Unido reconocida por la Asamblea General de las Naciones Unidas.
El Congreso sancionó esa norma en julio de 2022. La adhesión santafesina llegó en marzo de 2024 por medio de la Ley que lleva el número 14.255. Ahora, dos años y medio después, el Poder Ejecutivo reglamentó la aplicación.
«La capacitación será de carácter obligatoria, continua y su contenido se irá actualizando a los nuevos estándares y principios que rijan en la materia» dispone el decreto.
Acota que «en atención a los principios rectores emanados del Artículo 3° de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, la Secretaría de Políticas Sociales e Integración Social del Ministerio de Igualdad y Desarrollo Humano, asistirá a la Secretaría de Relaciones Internacionales y a la Secretaría de Recursos Humanos y Función Pública del Ministerio de Economía, a los fines de posibilitar que las mismas adapten los contenidos y modos de las capacitaciones en todo cuanto fuera necesario para su dictado».
En el decreto se dispone que la acreditación de la capacitación obligatoria, «constituye un requisito vinculante para promociones, ascensos, postulación a concursos de la carrera administrativa, asignación de subrogancias y/o procesos de titularización».
La capacitación tendrá una duración de 20 horas distribuidas en cuatro semanas de trabajo con modalidad virtual, continua, autogestionada y asincrónica en la plataforma oficial de la Provincia que se disponga a tal efecto.
La carga horaria que exige la capacitación para los empleados y funcionarios del Poder Ejecutivo, será computada como parte de la jornada horaria en la organización donde presta servicios. Además, otorgará una certificación oficial individual, desde la Secretaría de Recursos Humanos y Función Pública, a cada agente que apruebe la capacitación obligatoria, como así también en las actualizaciones a la capacitación que se vayan estableciendo.
En forma periódica, la Secretaría de Recursos Humanos y Función Pública, informará a las áreas de recursos humanos las personas que acrediten la certificación del curso, de manera tal de que las mismas puedan determinar aquellas personas que aún no han cumplimentado.
La Secretaría de Relaciones Internacionales del Ministerio de Gobierno es el responsable principal de la implementación de la Ley «Cuestión de las Islas Malvinas».
A tal fin deberá elaborar y aprobar los contenidos mínimos obligatorios del programa formativo, considerando los lineamientos de la Ley Nacional y otros de perspectiva provincial. Deberá contener antecedentes históricos, geográficos y fundamentos jurídicos de los derechos de soberanía argentina sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sándwich del Sur y los espacios marítimos circundantes. Marcos constitucionales nacional y provincial; resoluciones de la ONU y de otros organismos internacionales.
También la perspectiva geopolítica, estratégica y recursos naturales en el Atlántico Sur; Memoria, identidad, reconocimiento a los Veteranos y Caídos en la Guerra de Malvinas, y la Cuestión Malvinas como causa nacional y regional.
La secretaría deberá además coordinar la ejecución material de la propuesta formativa, fijar los mecanismos de actualización periódica y continua de las temáticas abordadas y establecer, a los fines de la homologación de contenidos, un procedimiento formal de evaluación de trayectos formativos afines previos, dictados por universidades, institutos u otros Poderes del Estado.
El decreto reglamentario, firmado por el gobernador Maximiliano Pullaro y los ministros Fabián Bastía y Pablo Olivares, invota a los Poderes Legislativo, Judicial y demás órganos constitucionales, como así también a los gobiernos locales de la provincia a adherir a las previsiones dispuestas y coordinar los mecanismos de capacitación con la secretaría de Relaciones Internacionales.
La ley santafesina declara obligatoria la capacitación en los tres poderes del Estado y será la Corte Suprema de Justicia en el ámbito de la justicia, y las autoridades de las dos cámaras, en el ámbito legislativo, los encargados de disponer cómo se hará la misión en esos cuerpos del estado.
Constitución
La nueva Constitución de Santa Fe, sancionada y jurada en septiembre del año pasado, incluyó una cláusula sobre Malvinas, uno de los pocos artículos votados por unanimidad.
Es el artículo 4 que dice que «la Provincia ratifica de manera irrenunciable la legítima e imprescriptible soberanía argentina sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur, los espacios marítimos e insulares correspondientes, su proyección antártica y su plataforma continental, por ser parte integrante del territorio nacional. La recuperación de esos territorios, la restitución de la integridad territorial, el ejercicio pleno de la soberanía y el respeto del modo de vida de sus habitantes, conforme a los principios del derecho internacional, constituyen objetivos permanentes e irrenunciables».
Agrega que «la Provincia promueve e implementa políticas activas para la protección de los veteranos de guerra y políticas educativas para el ejercicio de la memoria activa«.
Cabe acotar que este artículo fue incluido y aprobados después de la sanción de la ley sobre formación continúa en la Cuestión Malvinas.
Fuente: El Litoral