El Partido Justicialista difundió un documento en el que cuestionó la decisión del máximo tribunal y convocó a impulsar acciones legislativas para revertir la medida.
El Partido Justicialista cuestionó la decisión de la Corte Suprema de Justicia de dejar vigente la derogación de la Ley de Tierras y difundió un documento en el que convocó a sus dirigentes, militantes y ciudadanos a impulsar acciones para revertir la medida.
La declaración partidaria cuestionó los fundamentos jurídicos utilizados por el máximo tribunal para revocar la decisión judicial que había suspendido la aplicación del artículo 154 del DNU 70/2023, que derogó la Ley de Tierras Rurales. La Corte dejó sin efecto la sentencia de la Cámara Federal de La Plata que había declarado inconstitucional esa disposición.
En el documento, el PJ también planteó objeciones al criterio adoptado por la Corte respecto de los bienes jurídicos involucrados y sostuvo que la resolución tiene consecuencias sobre la soberanía y el patrimonio nacional.
El comunicado sintetizó su posición con la frase: “tres jueces pusieron la Argentina en venta”. Además, el partido sostuvo que “las consecuencias del fallo son evidentes y no están fuera del análisis de sus autores: a partir de hoy, y a pesar del rechazo popular y masivo en las calles y en el Congreso, el territorio argentino está a la venta”.
El PJ también vinculó la decisión judicial con la política impulsada por el gobierno de Javier Milei y cuestionó a los integrantes de la Corte por lo que calificó como una coincidencia con la posición oficial respecto de la Ley de Tierras.
En otro tramo del documento, el partido planteó que la tierra debe ser considerada, además de un recurso natural, como parte de una dimensión estratégica del territorio y del patrimonio nacional. En ese sentido, afirmó: “Defender nuestra tierra es defender la soberanía y los intereses de la Nación”.
El debate en el Congreso
La declaración del PJ también hizo referencia al debate legislativo en torno al Decreto de Necesidad y Urgencia 70/2023, que incluyó en su artículo 154 la derogación de la Ley de Tierras.
El decreto ya fue rechazado por el Senado en marzo de 2024. De acuerdo con las reglas vigentes para el tratamiento de los decretos de necesidad y urgencia, el rechazo de ambas cámaras del Congreso es necesario para que un DNU quede definitivamente sin efecto.
En ese contexto, el PJ llamó a diputados y gobernadores a impulsar las acciones legislativas necesarias para reunir los votos y solicitar una sesión especial en la Cámara de Diputados para tratar el decreto.
El planteo se produce luego de la decisión de la Corte Suprema, que dejó vigente la derogación de la Ley de Tierras dispuesta mediante el DNU 70/2023.
El debate en Diputados continúa abierto y una eventual sesión especial deberá definir si la Cámara baja rechaza también el decreto.
Fuente: Sin Mordaza