Cientos de reclamos, expedientes, reuniones y pedidos de intervención todavía no encuentran una respuesta integral. El conflicto ya no interpela solamente a Bauen Pilay: también pone a prueba la capacidad de la política y la Justicia santafesina para responder ante un reclamo que dejó de ser individual.
Hay una pregunta que, después de tantos años, resulta cada vez más difícil de evitar: ¿cuánto tiempo más tienen que esperar quienes ingresaron a un sistema de ahorro para acceder a una vivienda y todavía no recibieron aquello que esperaban?
La pregunta no está dirigida solamente a Bauen Pilay.
Porque el conflicto dejó hace tiempo de ser una discusión entre una empresa y algunos de sus clientes. Hay reclamos administrativos, presentaciones judiciales, reuniones con legisladores y concejales, pedidos de información y ahora también iniciativas para crear registros oficiales de los afectados.
El problema ya está instalado en la agenda pública.
Lo que todavía no aparece con la misma claridad es una respuesta capaz de ordenar el conjunto.
Y ahí es donde la discusión empieza a involucrar directamente al Estado.
La política escucha, pero todavía falta avanzar.
En abril, representantes de afectados y del Centro de Educación, Servicios y Asesoramiento al Consumidor, CESyAC fueron recibidos por la Comisión de Vivienda y Urbanismo de la Cámara de Diputados de Santa Fe. Los legisladores escucharon los planteos y acordaron avanzar con proyectos de comunicación para solicitar al Ejecutivo provincial información sobre las actuaciones y reclamos vinculados con Pilay en las distintas áreas del Estado.
En julio, el reclamo llegó al Concejo Municipal de Santa Fe. Los damnificados presentaron un proyecto para crear un registro que permita identificar a quienes atraviesan situaciones relacionadas con la falta de entrega de viviendas y conocer con mayor precisión el alcance del conflicto.
No es un detalle menor.
Un registro no resuelve un contrato, no entrega una vivienda y tampoco reemplaza una decisión judicial.
Pero permite algo elemental: saber de qué problema se está hablando.
Y justamente ahí aparece una de las dificultades que todavía persisten en Santa Fe: no existe un registro oficial consolidado que permita conocer la situación de todos los ahorristas que reclaman.
Rosario dio un paso diferente.
En julio, el Concejo Municipal aprobó por unanimidad la creación de un registro voluntario, estadístico y de seguimiento para personas que consideran haber sido perjudicadas por el sistema Bauen-Pilay. La herramienta comenzó a funcionar en agosto y busca reunir información sobre la situación contractual y judicial de quienes se inscriban. (Radio UNR)
No se trata de decir que Rosario solucionó el problema y Santa Fe no.
Se trata de observar una diferencia concreta: en Rosario ya existe una herramienta institucional para intentar dimensionarlo; en Santa Fe, los damnificados todavía están reclamando que se construya.
La Justicia interviene, pero el conflicto sigue abierto
Hay reclamos individuales y acciones colectivas. Hay expedientes en trámite y resoluciones judiciales. Incluso existen planteos que llegaron a instancias superiores.
CESyAC informó que impulsa dos acciones colectivas relacionadas con el sistema Pilay. Una de ellas cuestiona la percepción de determinados gastos administrativos y busca determinar judicialmente si fueron cobrados de manera indebida. La otra aborda cuestiones vinculadas con el cumplimiento de los contratos y las adjudicaciones. El recorrido procesal de ambas acciones no fue idéntico y algunas decisiones son todavía objeto de discusión.
También existen reclamos individuales que llegaron a los tribunales.
Los tribunales tienen sus propios tiempos, procedimientos y garantías. Y nadie debería pretender que una columna periodística determine responsabilidades que corresponden exclusivamente a la Justicia.
Pero hay otra cuestión que sí puede discutirse públicamente: qué ocurre cuando un problema que se repite en numerosos contratos queda obligado a transitar, durante años, por respuestas individuales.
Ahí aparece una dificultad concreta para los consumidores.
No todos tienen los mismos recursos para contratar abogados, sostener expedientes, interpretar contratos o esperar durante años una resolución.
La existencia de una vía judicial no garantiza, por sí sola, que el problema colectivo encuentre una respuesta colectiva.
El tiempo también debería ser parte de la discusión
Hay algo que los expedientes pueden medir con precisión y que, sin embargo, pocas veces aparece en el centro del debate: el paso del tiempo.
Una persona firma un contrato en un determinado momento de su vida. Planifica. Ahorra. Paga. Espera.
Pero diez, quince o veinte años después, esa persona ya no necesariamente está en la misma situación.
Cambió su familia, cambió su capacidad económica, cambiaron los precios de la construcción y cambiaron las condiciones del mercado inmobiliario.
Por eso, cuando hablamos de una vivienda, el tiempo no es una variable secundaria.
Tiene un valor económico, pero también personal.
Y esto no implica afirmar que todas las demoras denunciadas constituyan automáticamente un incumplimiento contractual. Cada contrato tiene sus condiciones y cada situación debe ser analizada de acuerdo con las normas que correspondan.
Pero sí permite formular una pregunta legítima:
¿qué mecanismos existen para que un consumidor no quede solo durante años frente a un conflicto de semejante complejidad?
Esa es una pregunta que excede a una empresa determinada.
¿Quién tiene que dar la próxima respuesta?
Bauen Pilay deberá responder por aquello que corresponda según los contratos y las normas vigentes.
La Justicia deberá determinar las responsabilidades que sean de su competencia.
Los organismos de defensa del consumidor tienen herramientas para intervenir dentro de sus atribuciones.
Y la política tiene otra responsabilidad: generar las condiciones para que el Estado pueda conocer, controlar, informar y acompañar cuando un conflicto privado adquiere una dimensión pública.
Eso no significa que un gobernador deba entregar departamentos.
No significa que un intendente deba resolver contratos privados.
No significa que un legislador deba reemplazar a un juez.
Significa algo mucho más sencillo: que cada institución utilice las herramientas que tiene y explique qué puede hacer y qué no puede hacer.
Porque también hay una responsabilidad en no generar falsas expectativas.
Si una autoridad no tiene facultades para resolver un determinado reclamo, debe decirlo. Si puede intervenir, debe hacerlo. Si necesita información, debe pedirla. Si existe una causa judicial que limita una actuación administrativa, debe explicarlo. Y si el problema requiere una modificación normativa, debe discutirse.
Lo que no debería ocurrir es que el ciudadano termine recorriendo una institución detrás de otra sin saber cuál es el camino que realmente puede conducirlo a una respuesta.
Los ahorristas ya fueron a los tribunales. Fueron a los concejos. Fueron a la Legislatura. Pidieron reuniones. Pidieron información. Pidieron registros. Y muchos continúan esperando.
La pregunta que queda
Mis dos primeras columnas sobre Bauen Pilay permitieron mirar el conflicto desde dos lugares diferentes: primero, desde la trastienda de una espera que se volvió interminable; después, desde la diferencia entre el camino que comenzó a transitar Rosario y la situación de Santa Fe.
Esta tercera columna deja una pregunta diferente.
No quién tiene razón. No quién ganó una discusión política. No quién hizo la denuncia más fuerte. Sino quién tiene que dar la próxima respuesta.
Porque una sociedad puede convivir con una controversia judicial mientras la Justicia trabaja.
Puede aceptar que un contrato privado tenga distintas interpretaciones.
Puede incluso comprender que una solución no sea inmediata.
Lo que resulta mucho más difícil de aceptar es la ausencia de certezas sobre quién está mirando el problema como un todo.
Bauen Pilay es hoy una prueba para la empresa, pero también para las instituciones.
Una prueba de capacidad de control. De acceso a la información. De protección al consumidor. De respuesta política. Y de funcionamiento de la Justicia.
Nadie está pidiendo que el Estado decida quién tiene razón antes que los tribunales.
Se está pidiendo algo más básico: que después de tantos años, exista una explicación clara sobre qué está pasando, qué puede hacer cada institución y cuál es el camino que tienen por delante quienes todavía esperan una vivienda.
Porque una cosa es esperar una decisión judicial. Otra muy distinta es esperar que alguien diga quién debe responder.
Y esa es la pregunta que hoy interpela a las instituciones santafesinas ¿cuánto tiempo más tienen que esperar?
Fuente: LT9
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