Gregorio Dalbón apuntó a Monteoliva, titular de la cartera de Seguridad, y al comisario inspector de la Federal, Gustavo Gauna, que sería el que aparece en imágenes con una escopeta apuntando a la gente, de civil y sin identificación. También crecen los pedidos de interpelación a la funcionaria en Diputados.
Por Guillermo Lavecchia / Tiempo Argentino
Pasados los primeros días crece el repudio y las denuncias por la represión que desató el Gobierno nacional durante tres horas en las afueras del Congreso mientras se trataba el proyecto de ley de inviolabilidad de la propiedad privada.
Por un lado, el abogado Gregorio Dalbón denunció penalmente a la ministra de Seguridad de la Nación, Alejandra Monteoliva, y al comisario inspector de la Policía Federal Argentina, Gustavo Antonio Gauna, a quien identifican como la persona que aparece portando un arma larga y disparando a la gente. Por el otro, Diputados convocó a la funcionaria a dar explicaciones por el operativo.
La denuncia penal alcanza además a “todos aquellos funcionarios públicos y efectivos de las fuerzas federales que resulten responsables”, ya sea como autores, coautores, partícipes o por las responsabilidades funcionales que pudieran corresponder. Según sostiene el escrito, el comisario inspector aparece en imágenes difundidas públicamente vestido de civil, portando un arma larga y efectuando disparos durante el operativo.
La denuncia, que cayó en el juzgado federal número 1 de María Servini y en la Fiscalía número 2 de Carlos Rívolo, es por presunto abuso e incumplimiento de la autoridad, violación de los deberes de funcionario público y vejación o apremios ilegales: «Lo que surge de los registros difundidos es la participación activa de un funcionario policial armado, sin uniforme visible, en una intervención de naturaleza coercitiva”.
La denuncia pide determinar qué arma utilizó el funcionario, qué munición llevaba, quién autorizó su portación, cuál era la función que tenía asignada y bajo qué órdenes actuaba. La presentación busca también establecer si la presencia de personal armado de civil formaba parte del dispositivo de seguridad previamente planificado y autorizado por las autoridades policiales y políticas o si se trató de una conducta individual que excedió las órdenes recibidas. En ese sentido, reclama que el efectivo señalado sea apartado preventivamente de sus funciones mientras avanza la investigación.
Pedido de interpelación en Diputados
En Diputados, los legisladores, sumados a la Comisión Provincial por la Memoria, cuestionan la desproporción y violencia de las fuerzas de seguridad: más de 820 efectivos dispararon balas y gases en medio de autos, colectivos y transeúntes en plena 9 de Julio, y muchos atacaron a corta distancia, según denunció el CELS.
Pero además suman como denuncia la presencia del agente de civil con el arma larga y sin identificación. Según La Izquierda Diario se trata de Gustavo Antonio Gauna, jefe del Departamento de Investigaciones Nacionales.
Sostiene que «el hombre que disparaba a mansalva en la esquina de Solís e Irigoyen, sin identificación y a una altura prohibida por los propios protocolos de la fuerza, sería el comisario inspector Gustavo Antonio Gauna».
Afirman que es parte de la máxima plana de la Policía Federal Argentina. En el Orden del Día (ODI) N° 9 de enero de 2025 fue designado como responsable de la Dirección General de Organizaciones Criminales. La incógnita se centran en cuáles serían las «organizaciones criminales» a las que estaba investigando en ese momento en el Congreso.
Se trata de un hombre conocido por la ex ministra y actual jefa de senadores de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich. Desde que se ganó el cargo de comisario, según el Boletín Oficial en marzo de 2009, ocupó cargos de importancia en PFA. Antes del último ascenso, era jefe del departamento Investigaciones Nacionales, un cargo clave en la investigación de los grandes delitos.
Se lo puede encontrar en imágenes de estos últimos años, como en una capacitación de la ANMAT en delitos contra la seguridad pública; en las pesquisas por el «Caso Loan» en Corrientes; o en el juicio por el caso de Lucas González.
El jueves pasado fue fotografiado por Kaloian Santos y Martín Vega, portando un arma larga y apuntando al público. Producto de la represión, hubo jóvenes heridos con balas en el rostro, una periodista quedó internada con una leve fractura en el cráneo y el saldo superó los 1500 heridos.
“Toda la intervención de ayer fue ilegal. Un disparo de bala de goma no puede ir a la cara, un gas no se puede tirar a 10 centímetros de una persona”, declaró Victoria Darraidou, coordinadora del equipo de Violencia Institucional del CELS en diálogo con FutuRock.
Las fuerzas de seguridad usaron durante toda la tarde postas de goma y gases. “Registramos disparos a corta y media distancia, en distintos puntos del operativo, y lesiones en zonas sensibles del cuerpo, especialmente en la cabeza y el rostro. Esta represión trajo una novedad: los policías levantaban casquillos a su paso para borrar evidencias”, subrayó el CELS.
Piden interpelación al Gobierno de la Ciudad
Las miradas también apuntan al accionar de la Policía de la Ciudad, la que tiene mayor índice de letalidad del país. En ese sentido, las diputadas porteñas por el Partido Obrero – Frente de Izquierda, Amanda Martín y Vanina Biasi, pidieron la interpelación del Ministro de Seguridad de CABA.
«Exigimos al gobierno de la Ciudad que Horacio Giménez sea interpelado en la Legislatura por la represión violenta contra una multitud que se manifestaba pacíficamente frente a la atrocidad de la ley de inviolabilidad de la propiedad privada. La protesta no es un delito es un derecho y el responsable político de esta represión es el Ministro. Alertamos que actuaron en completa sintonía con las fuerzas federales. Repudiamos las denuncias del gobierno nacional contra los manifestantes que fueron detenidos», denunció Vanina Biasi.
Amanda Martín agregó: «Nuevamente asistimos a una violenta represión que además contó con más de una decena de detenidos y con cientos de heridos entre ellos una fotógrafa que recibió una fractura de cráneo, caso que nos remite al de Pablo Grillo. Desde las bancas del Partido Obrero – Frente de Izquierda hacemos responsable al Gobierno de la Ciudad y más precisamente al ministro Horacio Giménez«.
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