Los estudios internacionales señalan que las restricciones escolares reducen las distracciones y el uso de los dispositivos en clase. Sin embargo, arrojan resultados ambiguos sobre el impacto de estas medidas en los aprendizajes.
El 59% de los chicos de 3er grado de primaria en Argentina tiene celular propio. El 23% no tiene un dispositivo personal, pero utiliza el de su madre, padre o algún familiar. A nivel nacional, solo el 18% de los estudiantes de 8 años no tiene acceso a un teléfono celular. Si bien las investigaciones interncionales muestran que la prohibición en las escuelas reduce las distracciones y el uso de los dispositivos en clase, los resultados sobre mejoras en el rendimiento académico son dispares.
Los datos surgen del informe “Celulares: ¿prohibir o no prohibir?”, de Argentinos por la Educación, elaborado por Andrea Goldin (Conicet y Universidad Torcuato Di Tella), Martín Nistal y Tomás Besada (Argentinos por la Educación). El informe releva la expansión del acceso a los celulares a partir de los datos del operativo Aprender 2024, en el que participaron estudiantes de 3er grado. Además, analiza la evidencia internacional sobre las restricciones a su uso en las escuelas y las regulaciones implementadas en distintos países y en las provincias argentinas.
Si bien la tenencia de celulares es alta en todas las provincias, existen diferencias significativas. En Santa Cruz, Catamarca y Tierra del Fuego, más del 65% de los alumnos de 3er grado tiene celular propio -las provincias con mayor porcentaje-, mientras que en Misiones y Formosa la proporción ronda el 40%. Santa Fe se ubica muy cerca del promedio nacional.
También existen brechas según el nivel socioeconómico: el 63% de los estudiantes del quintil más alto cuenta con un dispositivo propio, frente al 52% de los pertenecientes al quintil más bajo. En secundaria, la tenencia es todavía mayor: alcanza al 90% de los estudiantes, según los datos de Aprender 2023.
Restricción de uso en el mundo
La creciente preocupación por el impacto de los celulares en la atención, el aprendizaje y el bienestar de los estudiantes impulsó en los últimos años la expansión de políticas que restringen su uso en las escuelas. Sin embargo, la evidencia internacional sobre el impacto de esas restricciones es dispar.
Algunos estudios muestran mejoras en el rendimiento académico, especialmente entre estudiantes de bajo desempeño o de sectores más vulnerables. Otros, en cambio, no encuentran cambios significativos, incluso en contextos donde las restricciones son estrictas. Las mejoras observadas, cuando existen, suelen ser moderadas.
Lo que sí muestra la mayoría de las investigaciones es que las restricciones logran reducir el uso del celular y las distracciones dentro del aula. Las políticas más estrictas, que limitan el acceso a los dispositivos durante la jornada escolar, generan una reducción importante en el tiempo de uso. Pero esos cambios no siempre se traducen en mejoras en los aprendizajes.
Los estudios también muestran resultados diversos en otras dimensiones, como la convivencia y el bienestar estudiantil. Mientras algunas investigaciones encuentran una disminución de situaciones de bullying, otras no detectan efectos significativos sobre el clima escolar.
La regulación del uso de celulares en las escuelas se convirtió en un tema central de la agenda educativa internacional. Según datos de Unesco, la proporción de países que implementaron algún tipo de restricción formal pasó de menos de una cuarta parte en 2023 a cerca del 60% en 2026.
Las experiencias internacionales muestran distintos modelos. Algunos países, como Francia, Países Bajos y Chile, adoptaron prohibiciones adoptaron restricciones generales al uso de celulares en las escuelas . Otros, como Brasil, Finlandia y Dinamarca, permiten el uso únicamente con fines pedagógicos y bajo supervisión docente. También existen sistemas más descentralizados, como el del Reino Unido, donde cada escuela define sus propias normas. En general, las restricciones son más estrictas en el nivel inicial y primario.
Qué pasa a nivel nacional
En Argentina no existe una normativa nacional unificada sobre el uso de celulares en las escuelas. Hay al menos 11 jurisdicciones -el 45% de las provincias- que avanzaron con leyes, resoluciones o protocolos propios. En cambio, un 55% de las provincias aún no cuenta con marcos regulatorios definidos.
CABA, Santa Fe y Formosa, por ejemplo, establecieron limitaciones amplias en el nivel inicial y primario. La provincia de Buenos Aires restringe el uso únicamente en secundaria, mientras que Mendoza autoriza el uso de dispositivos solo para actividades pedagógicas y bajo supervisión docente. Otras jurisdicciones, como Salta y Tucumán, habilitan adaptaciones según el contexto de cada institución. Las experiencias muestran un panorama heterogéneo, sin lineamientos comunes a nivel nacional.
En Santa Fe, desde marzo de este año, el uso de teléfonos celulares en las escuelas está regulado por pautas del Ministerio de Educación que establecen una prohibición total en los niveles inicial y primario durante toda la jornada escolar. Los estudiantes pueden llevar el dispositivo si así lo deciden sus familias, pero debe permanecer apagado y guardado tanto en las clases como en los recreos.
En el nivel secundario, en cambio, el celular solo puede utilizarse con autorización previa del docente y exclusivamente con fines pedagógicos, mientras que fuera de esas situaciones cada institución define sus propias normas para el resguardo de los equipos. La regulación contempla excepciones para estudiantes que necesiten el dispositivo por razones de salud o accesibilidad y tiene como objetivo reducir las distracciones en el aula y prevenir situaciones de riesgo vinculadas al uso de la tecnología, como el ciberacoso.
Opiniones de especialistas
“En la actualidad se prohíbe el uso de teléfonos celulares en ámbitos educativos de distintas partes del mundo, a pesar de que la evidencia existente aún no es concluyente. De hecho, los estudios controlados no parecen mostrar que la prohibición cambie los hábitos de los chicos. Considero que no hay que dejarse deslumbrar por las tecnologías, sino aprender a usarlas con objetivos pedagógicos claros, no que ellas nos usen a nosotros”, sostiene Andrea Goldín, coautora del informe e investigadora del Conicet en el Laboratorio de Neurociencia de la Universidad Di Tella.
Por su parte, Alejandro Artopoulos, sociólogo, profesor e Investigador de la Escuela de Educación, Universidad de San Andrés, destaca: “La prohibición de los celulares es síntoma de un cambio político-cultural reactivo ante una epidemia de salud mental, en el contexto de la creciente anomia en familias y comunidades. Ni el prohibicionismo es una solución, ni deberíamos culpar solo a los algoritmos. Es necesario desplegar estrategias de salud pública orientadas a la salud mental, como lo está haciendo Uruguay, y crear ‘anticuerpos’ políticos contra la anomia social. De este modo quizás podamos reencauzar un cambio cultural progresivo que diferencie entre el uso de pantallas y la adicción a las redes sociales, y entre el uso productivo de la IA y la delegación cognitiva.”
“Me preocupa que hayamos naturalizado que un niño de 8 años tenga un celular propio. Esa naturalización no ocurre por casualidad: es consecuencia de un ecosistema digital pensado para incorporar usuarios cada vez más temprano. El problema es que esas lógicas de mercado no coinciden sino que contradicen lo que sabemos que necesita una infancia saludable: tiempo para jugar, moverse, aburrirse, desarrollar autonomía y construir vínculos. Las plataformas piensan al niño como posible usuario y consumidor. Los adultos tenemos que pensarlos como niños que merecen una infancia plena”, afirma Lucía Fainboim, especialista en educación y cuidados digitales y fundadora de Bienestar Digital.
Al mismo tiempo, Melina Masnatta, experta y emprendedora en tecnología educativa, explica: “Si el sistema educativo fue históricamente la puerta al mundo, hoy esa puerta es la pantalla. Más que discutir si prohibir o no, el desafío es preguntarnos cómo mediar el uso de la tecnología con criterios pedagógicos para mejorar la convivencia y los aprendizajes.”
Fuente: El Litoral
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