El traslado del exvicepresidente a una cárcel en la que su vida corre riesgo y el escarnio al que lo somete el actual mandatario revelan un profundo deterioro del Estado de Derecho en ese país, dicen las autoras.
Por: Larissa Ramina y Carol Proner
Consejo Latinoamericano de Justicia y Democracia (CLAJUD)
La reciente transferencia del exvicepresidente ecuatoriano Jorge Glas a una prisión de máxima seguridad, junto a los 300 presos considerados “más violentos” del país, y la publicación irónica del presidente Daniel Noboa sobre el episodio, revelan el profundo deterioro del Estado de Derecho en Ecuador y el avance de prácticas autoritarias típicas de los regímenes que instrumentalizan el sistema judicial para la persecución política. Glas no es un recluso peligroso; su inclusión en ese grupo y la exposición pública de su condición constituyen no solo una humillación política, sino también una flagrante violación del derecho internacional de los derechos humanos.
Desde la invasión de la Embajada de México en Quito, en abril de 2024, cuando las fuerzas de seguridad, bajo órdenes directas del gobierno de Noboa, secuestraron a Glas, Ecuador ha demostrado un desprecio sistemático por los pilares del derecho internacional. La violación del artículo 22 de la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas de 1961, que consagra la inviolabilidad de las misiones diplomáticas, representó uno de los actos más graves contra el orden jurídico internacional en la historia reciente de América Latina. La reacción de la comunidad internacional fue inmediata y categórica: gobiernos de distintos continentes, organismos multilaterales y expertos en derecho internacional condenaron de manera enérgica la violación de la inviolabilidad diplomática cometida por el gobierno de Noboa. Desde América Latina hasta Europa, las cancillerías recordaron que el asalto a la Embajada de México en Quito constituyó un atentado directo contra el sistema de normas que sostiene las relaciones pacíficas entre los Estados. Con su acción, Noboa no solo quebrantó el artículo 22 de la Convención de Viena, sino que dinamitó uno de los principios esenciales del orden internacional contemporáneo: el respeto a la soberanía y a la inmunidad diplomática, pilares sin los cuales la cooperación y la coexistencia entre las naciones se vuelven imposibles.
La humillación pública de Glas a través de las redes sociales agrava aún más la situación. La Corte Interamericana de Derechos Humanos, en una decisión del año 2000, prohibió expresamente la exhibición pública de prisioneros por considerarla un “trato cruel, inhumano y degradante”. Al ironizar sobre la situación de Glas y exponer su sufrimiento, Noboa viola directamente esta jurisprudencia, adoptando prácticas incompatibles con el sistema interamericano de protección de los derechos humanos del cual Ecuador es parte. Se trata de un gesto de sadismo político que, además de revelar desprecio por la dignidad humana, funciona como instrumento de intimidación contra la oposición.
El caso de Jorge Glas es paradigmático del fenómeno del lawfare en América Latina: el uso del derecho y de las instituciones judiciales como armas políticas para neutralizar liderazgos progresistas y reconfigurar el campo político en favor de intereses oligárquicos y externos. Al igual que Lula en Brasil o Cristina Fernández de Kirchner en Argentina, Glas ha sido víctima de procesos marcados por la parcialidad judicial, la ausencia de garantías y la manipulación mediática. Su persecución busca borrar el legado de las políticas soberanas y redistributivas de los gobiernos de Rafael Correa, y reafirmar la sumisión de Ecuador a las agendas económicas y geopolíticas de Washington.
El contexto carcelario en el que se inscribe esta violencia es igualmente alarmante. La masacre ocurrida recientemente en una prisión ecuatoriana, con decenas de muertos, demuestra el colapso total del sistema penitenciario y la instrumentalización de la violencia estatal como forma de control social. Al transferir a Glas a una penitenciaría dominada por facciones y marcada por sucesivas matanzas, Noboa lo expone deliberadamente al riesgo de muerte —lo que puede configurar un intento indirecto de ejecución política bajo apariencia de legalidad.
Ecuador ha dejado de ser un Estado democrático de Derecho. La ruptura de la legalidad internacional, la subordinación del Poder Judicial al Ejecutivo, el desprecio por las decisiones de la Corte Interamericana y la institucionalización del escarnio como herramienta de gobierno revelan un Estado capturado por la lógica del autoritarismo neoliberal. Noboa gobierna mediante la violencia simbólica y física, convirtiendo la humillación pública y la represión política en espectáculo. La figura de Jorge Glas encarna hoy no solo a la víctima de una persecución política, sino también el símbolo del colapso del derecho y de la ética republicana en un país que, bajo Noboa, ha cedido definitivamente al autoritarismo disfrazado de moralidad.
*Profesoras de Derecho Internacional y miembros del Consejo Latinoamericano de Justicia y Democracia (CLAJUD)
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