Al debate por el liderazgo se sumó la agenda de reformas conservadoras del gobierno. El diagnóstico y las propuestas alternativas. El enigma sobre el rol de la CGT y los gobernadores.
Por Martin Pique/ Tiempo Argentino
Si no le bastaba con los debates por el liderazgo, al peronismo le surgió un nuevo tema de discusión. Pero no le brotó por generación espontánea. Es una demanda del mileísmo triunfante en las urnas y tutelado por Donald Trump. En los meses que vienen, a través de las sesiones extraordinarias del Congreso, la dirigencia peronista tendrá que pronunciarse y actuar ante la agenda legislativa de “modernización laboral” que impulsa el gobierno. Para la principal fuerza opositora, la gran incógnita es cómo intervendrán en el debate dos actores centrales de la trama: la CGT y los gobernadores ligados al PJ.
La pregunta, para ambos sectores, es cómo procesarán la pertenencia a un mismo movimiento -que desde hace ochenta años se propone representar a los trabajadores argentinos- con las necesidades de fondos de cortísimo plazo, sobre todo en el caso de las provincias ahogadas presupuestariamente y con la recaudación propia en crisis producto de una economía en recesión.
Un miembro de la CGT como el secretario general de La Bancaria Sergio Palazzo graficó este dilema en una entrevista reciente: “Hay que ver cuántos gobernadores deciden acompañar una propuesta de regresión laboral de los trabajadores de sus provincias”, deslizó el martes, consultado por la periodista Romina Manguel en Radio con Vos. Además adelantó que, así como la Casa Rosada “hará su tarea buscando los votos”, la misma tarea encarará el movimiento obrero.
En el peronismo, entendido éste en su sentido más amplio, el debate por la reforma laboral reactualiza posturas históricas. Posturas que, según sus impulsores, no han perdido vigencia; incluso a pesar del entorno digital y la masificación de un proletariado de servicios (el “precariado”) que realiza tareas de forma individual para plataformas como Uber, Mercado Libre y Pedidos Ya. En principio, y aunque hay voces dispuestas a incorporar cambios, los especialistas en empleo del PJ comparten una advertencia fundamental.
Como sostuvo en diálogo con Tiempo el exministro de Trabajo Carlos Tomada, el objetivo de La Libertad Avanza en esta cuestión es “fortalecer la discrecionalidad empresaria y debilitar a los sindicatos”. Tanto Tomada como otros analistas cercanos al PJ se basaron en las propias declaraciones del ministro de Desregulación Federico Sturzenegger en Madrid, realizadas durante una exposición frente a la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE).
“Si el convenio por empresa prevalece por sobre el convenio que hace el sindicalismo a nivel nacional se desarticula esa estructura. El orden de la prelación cambia totalmente el poder”, dijo allí Sturzenegger. Fue este lunes, en un evento coorganizado por el think tank Nueva Economía Forum y la embajada argentina en España. Así se refirió a uno de los lineamientos del proyecto de ley que promueve LLA: la implementación de convenios por empresa, una premisa que contradice toda la arquitectura del modelo sindical argentino.
Tomada analizó la batería de reformas pro-mercado y a favor del capital que el mileísmo busca introducir en las relaciones laborales. La Casa Rosada quiere establecer el pago en cuotas de las indemnizaciones; la variación de los convenios según empresas y regiones geográficas; la posibilidad de fraccionar las vacaciones; el retorno de los tickets canasta y la implementación del banco de horas (para las horas extra), entre otros puntos. El extitular de la cartera laboral entre 2003-2015 hizo una evaluación drástica: “Mi lectura es bastante sencilla. No me parece que estemos ni cerca de tener un proyecto que pueda generar empleo. Por más reformas laborales que hagan, no van a generar un solo puesto de trabajo”, aseguró.
Por el contrario, Tomada cree que la posibilidad de hacer crecer el empleo depende de la ejecución de determinadas políticas económicas y no de simples normas. En ese sentido, subrayó que es imposible crear trabajo “en un país donde está cayendo el consumo” y además recordó que en sectores claves de la estructura económica como las pymes industriales hay “una capacidad ociosa del 60%”, lo que conspira contra cualquier ampliación de la masa laboral.
El abogado laboralista agregó que en los veintitrés meses de la gestión de Milei se perdieron unas “18 mil pymes”. Tal retroceso, añadió, “no fue por el costo laboral”.
En cuanto a las propuestas del mileísmo, buscó replicar con datos. Dijo que bonificaciones o complementos salariales como los tickets canasta no computan para el cálculo indemnizatorio de un despido; tampoco para las vacaciones. Agregó que el fraccionamiento de las vacaciones es una potestad que pretenden reservarse los empresarios para adecuarlas según los números de cada sector: “El tema de las vacaciones quieren regularlo en función de las paradas de planta o de la producción. Lo quieren utilizar como un elemento más para su propio beneficio empresarial”, objetó.
Sobre la cuestión de las indemnizaciones, apeló a las estadísticas. “Quieren tocar eso en un país donde la antigüedad promedio de los trabajadores formales es de entre dos y tres años. Y solamente el 8% de los trabajadores de la Argentina tienen más de diez años. ¿El problema (del empleo) es pagar los meses de indemnización? No, no”, remarcó. Con ese diagnóstico, adelantó que el sindicalismo argentino “va a confrontar fuertemente” con la reforma laboral de Milei.
“El bloque parlamentario de Fuerza Patria o del peronismo va a confrontar fuertemente-destacó Tomada-. Y yo, en lo personal, creo eso, que hay que confrontarla fuertemente”. Y aunque vaticinó una fuerte resistencia, mencionó ciertos cambios que -en su opinión- sí podrían pensarse desde el campo opositor. (Algunas de esas propuestas, de hecho, ya se están analizando entre la dirigencia del panperonismo.) La condición, según él, debería ser “incorporar más gente al mundo de las garantías y de los derechos sociales”.
Miembro fundador del Grupo Calafate en los albores del kirchnerismo, el exministro de Trabajo mencionó dos experiencias a tener en cuenta. Dijo que en la España gobernada por el socialista Pedro Sánchez existe “un conjunto de políticas laborales progresistas” que dieron derechos a los llamados “trabajadores de plataformas”. Algo parecido, agregó, se produjo en México a los seis meses de asumir Claudia Sheinbaum. Al referirse a la presidenta azteca, valoró que haya impulsado “una ley de regulación del trabajo de plataformas, en el mismo sentido y por etapas”.
Coincidencias
Desde una postura que muestra varios puntos de contacto, el también abogado Juan Manuel Ottaviano consideró que frente a la encrucijada en que se encuentra el campo opositor sería conveniente “tener en carpeta alternativas (a la reforma laboral deseada por el mileísmo) que sean inclusivas y para mejorar las posturas más defensivas”. Consultor e integrante del think tank Fundar, Ottaviano alertó que el paquete de innovaciones que ansía Sturzenegger responde a “única perspectiva, que es mágica”.
Añadió que esa ‘magia’ consiste en creer que “eliminando protecciones laborales se genera de por sí empleo”. “Esas son las reformas que se imponen y no se negocian”, reprochó durante la charla con Tiempo. Para Ottaviano, una posibilidad a tener en cuenta es desarrollar un incentivo para las microempresas que sea resguardado por ley aunque, aclaró, “sin quitar protecciones laborales”. Otra propuesta que le parece deseable y necesaria es poner en marcha un programa de acompañamiento a los sectores laborales en crisis.
Por último, indicó que una reforma laboral de signo progresista debería incluir nuevos derechos como la reducción del tiempo de trabajo pero, al mismo tiempo, fortalecer instituciones e instancias de negociación que sean determinantes. Habló de robustecer el Consejo del Salario Mínimo como también el Consejo Económico y Social (que en su opinión debería ampliar sus funciones asumiendo un rol de coordinación salarial). Además destacó la importancia de continuar con las “paritarias nacionales” para cada gremio.
Desde una visión complementaria, más enfocada en lo político, el politólogo Nicolás Tereschuk -coordinador del Instituto Argentina Grande (IAG) que nuclea a equipos de Gabriel Katopodis- relacionó la intención oficial de imponer una reforma laboral con el deterioro progresivo y verificable de las condiciones de vida de la clase media.
“Si venís de la destrucción de 18 mil pymes en tu gestión y de la reducción de 10 mil puestos de trabajo registrado por mes, ahora no podés decir que querés hacer una reforma laboral para crear empleo. El objetivo, claramente, es otro”, resaltó Tereschuk, conocido en redes como @escriba. Finalmente completó: “El objetivo es quitarles poder a los sindicatos y, de la mano, quitarle peso a la clase media argentina. Porque, aunque no se suela ver así, la función sindical y la protección del trabajo van de la mano de la creación de clase media”.
Comenta sobre esta publicación