FM Chalet dialogó con el periodista de investigación Juan Alonso sobre su investigación que publicó en el Cohete a la Luna titulada: GIL LAVEDRA Y ROSENKRANTZ TIENEN FE en donde describen el contrato que rubricó el ex gobernador socialista Hermes Binner en el 2008 para representar legalmente a la provincia de Santa Fe en el juicio a Nación por la coparticipación que la Corte Suprema de Justicia en el 2015 falló a favor de la provincia. El grupo de abogados contratado fue el de Gil Lavedra y Carlos Rosenkrantz . En el 2017 cuando ya Rosenkrantz era supremo, el mismo suscribió un pedido a la Corte Suprema para la actualización de los honorarios del juicio que asienden a 18.000 mil millones de pesos que pagarán los santafesinos y santafesinas pues deberá abonar la provincia de Santa Fe.
La Corte Suprema de Justicia tiene que resolver cuántos miles de millones de pesos deberá pagar la provincia de Santa Fe a los abogados que litigaron contra el Estado Nacional en un juicio por coparticipación que duró 14 años. Se trata de 151.000 millones de pesos en total que fueron reconocidos por el ex ministro de Economía Martín Guzmán y el gobernador Omar Perotti en un acuerdo homologado por el máximo tribunal. De ese total, entre un 15 y un 20 por ciento sería para los abogados. La Corte aún no decidió el porcentaje, que podría ascender a unos 25.000 millones de pesos. Sucede que entre los contratados está el supremo Carlos Rosenkrantz, su socio Gabriel Bouzat y el presidente del Colegio de Abogados, Ricardo Gil Lavedra.
En 2017, Rosenkrantz se presentó en la Corte que él mismo integra para pedir que le regulen sus honorarios a través de un escrito firmado por su socio Bouzat. En la última página de esa presentación, Bouzat demandó honorarios por más de 18.000 millones de pesos, valuados hasta 2015.
“De alguna manera Rosenkrantz asume la representación legal de Santa Fe en un pleito por coparticipación federal contra el Estado Nacional en el mismo momento que estaban litigando las provincias de Córdoba y San Luis que también contrataron abogados porteños pero después pasa a ser designado por decreto como juez de la Suprema Corte de Justicia junto a Horacio Rosatti por decreto de Mauricio Macri , luego el Senado en marzo del 2016 el actual gobernador Omar Perotti Senador por Santa Fe lo interroga por este tema en particular y sobre el convenio de honorarios. Después de 14 años de litigio que ganó Santa Fe obviamente, lo que contrató Santa Fe fue lobby ante el fuero federal porteño y la Corte Suprema de la Nación. De hecho en noviembre del 2015 justo antes del segundo mandato de Cristina Fernández de Kirchner logran un fallo de la Corte Suprema a favor de Santa Fe con votos de Lorenzetti, de Maqueda y de Highton de Nolasco”.
Algunos textuales de la entrevista:
“Después el fallo queda firme antes que renuncie por Twitter el ex ministro de Economía Martín Guzman se reúne con el gobernador Perotti y llegan a un especie de acuerdo homologado por el máximo tribunal de la Nación donde la Nación le va a pagar a Santa Fe 151.000 millones de pesos con bonos a 10 años de ese total la Corte Suprema debe decidir que monto le corresponde a los abogados que litigaron en este caso por Santa Fe, que algo que quedó muy claro en el pacto entre la provincia y Nación es que cada parte paga sus costas, en este caso a los abogados que contrató Santa Fe los debe pagar Santa Fe pero con los dineros de Nación y por primera vez en 14 años de litigio luego de mucho trabajo revelamos en el Cohete a la Luna el contrato que rubricó el gobernador socialista Hermes Binner con el Estudio de Gil Lavedra y Carlos Rosenkrantz , Gil Lavedra ocupaba en aquel tiempo un cargo importante en la UCR y Carlos Rosenkrantz representaba los intereses del grupo Clarin”.
“Lo que le preocupaba al entonces (actual gobernador) Senador Perotti no nos olvidemos que esa interpelación en marzo del 2016 y en noviembre del 2015 ya estaba la sentencia de la Corte donde le daba la razón a Santa Fe con lo cual Perotti sabía muy bien que alguien tenía que pagar y quien tenía que pagar ese acuerdo es él entonces de alguna manera estamos hablando del mandante actual y del contratado en este caso por Binner en el año 2008 que es Rosenkrantz, el punto es que en el año 2017 ya él siendo juez de la Corte Suprema se presenta su socio Gabriel Bouzat con un escrito ante la Corte Suprema representando a Carlos Rosenkrantz donde lo rubrica como abogado pidiéndole a la Corte Suprema que le regule los honorarios. Rosenkrantz le pide a la Corte que el mismo integra que regule honorarios en relación a este pleito que Santa Fe le gana a la Nación y en ese escrito que firman Gil Lavedra, su ex mujer Romero Acuña le piden hasta el año 2015 poco más de 18.000 millones de pesos a dinero actual representaría entre un 15 a un 20% de dinero actual serían unos 25.000 mil millones de pesos y donde la Corte tiene que decidir y Rosenkrantz es juez y parte y donde también deberían nombrar a conjueces pues Lorenzetti ya falló en la sentencia del 2015”.
“A todo esto ni Horacio Rossatti ni Juan Carlos Maqueda quisieron opinar sobre esto pero fuentes del despacho de Lorenzetti están esperando que Rosenkrantz ratifique si quiere cobrar ese monto de honorarios de hecho ya presentó el escrito esta es una de las causales de juicio político que se está desarrollando en el Congreso de la Nación esto y el 2×1 el fallo Muiña y cómo se gestó y el lobby que hicieron para que cambie de opinión Elena Highton de Nolasco la sospecha de la bancada del FDT es que hubo una especie de pacto con Highton de Nolasco para que si votaba a favor del 2×1 a los genocidas y así seguiría estando en la Corte”.
“Ahora sabemos que ha renunciado Marcelo Dallesandro ex ministro de justicia de CABA que también tiene un litigio por coparticipación contra Nación con fallo de la Corte esto prosigue con la situación inestable de Silvio Federico Robles por una extrañísima sociedad Moromedia que tiene muy amplias facultades y su vínculo con su segunda línea”.
Audio del entonces Senador Omar Perotti interpelando a Carlos Rosenkrantz
Solicitud de Carlos Rosenkrantz para regulacion de honorarios
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El asunto no es menor, ya que desde la Comisión de Juicio Político del Congreso se insistió sobre este acuerdo de partes que tiene a Rosenkrantz como juez y parte.
La trama
En noviembre de 2008, Santa Fe mantenía un litigio con el Estado Nacional por una demanda en reclamo de la coparticipación federal. El mismo incordio tenían San Luis y Córdoba. Los hermanos Adolfo y Alberto Rodríguez Saá contrataron al ex integrante de la Corte menemista, Rodolfo Carlos Barra, y José Manuel de la Sota al estudio de Alberto García Lema.
Fue en aquel contexto que Binner decidió contratar a los abogados Rosenkrantz, su socio Bouzat y a Gil Lavedra con su ex pareja, María Cristina Romero Acuña. El problema es que el contrato se fijó de forma directa a través del decreto 3.165/08 , firmado por Binner. Lo avaló Jorge Barraguirre, el ideólogo de la iniciativa de contratación de los letrados cercanos a la Corte, al PRO y la UCR. El trámite fue revisado por el Tribunal de Cuentas de Santa Fe sin ninguna objeción. Barraguirre agrega que él no tiene coincidencias ideológicas con Rosenkrantz, de quien se siente distanciado por el fallo del 2×1 a los genocidas y la abjuración de las enseñanzas del jurista Carlos Santiago Nino.
Al ser consultado por este cronista, Rubén Weber, fiscal de Estado de Santa Fe, no descartó refutar u oponerse el monto de los honorarios de los abogados contratados que debe regular la Corte Suprema de Justicia de la Nación, si son muy onerosos para la provincia. Dijo que no coincide con la contratación de abogados externos, cuando la Fiscalía de Estado provincial cuenta con un plantel de expertos y expertas. Pero, llamativamente, Weber evitó dilucidar el contenido del decreto pactado en 2008.
Se trata de dineros públicos y el pueblo de la Argentina tiene derecho a saber en qué se gasta y por qué la provincia de Santa Fe, en un diferendo con la Nación, fue a buscar el lobby de abogados porteños, algo que logró porque la solución resultó pragmática. Cada una de las partes paga sus costas, aunque Weber no precisó qué pagaría Santa Fe.
En 2015, el diputado provincial Eduardo Toniolli había sido el primero en presentar un pedido de informes, que se perdió entre pasillos y cajones.
Contrato entre la provincia de Santa Fe y el estudio de Rosenkrantz
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Lo cierto es que Santa Fe deberá pagar a sus abogados con el dinero que proviene del gobierno nacional. Fuentes de la Casa Rosada adujeron la semana pasada que el trámite en cuestión lo debería resolver el Ministerio de Economía.
Realismo mágico
El escrito presentado por Rosenkrantz ante la Corte que integra –a través de su socio Bouzat–, en reclamo de la regulación de sus honorarios fue firmado por sus colegas Gil Lavedra y Romero Acuña, entre otros. Frente a esta historia tan surrealista, cabe recordar que ninguno de los jueces de la Corte pasa hambre. Ganan millones de pesos al mes, tienen chofer, profesor de gimnasia particular, nutricionistas a domicilio, dos meses de vacaciones pagas al año, no abonan impuesto a las ganancias, se van de vacaciones y viajan al exterior, y cuentan con cargos vitalicios, jubilación del 82 por ciento móvil, y nombramientos a sola firma.
El acuerdo inicial firmado por Binner marcó que Santa Fe pagó 40.000 pesos por mes –cifra probablemente ridícula y multiplicada diez mil veces mejor que las paritarias de los trabajadores agremiados de la Argentina– desde 2008.
Los estudios porteños habrían obtenido más de 10 millones de pesos en meses. Una especie de inversión en el mercado del litigio para esquilmar al Estado.
Antes de renunciar vía Twitter, el entonces ministro de Economía, Martín Guzmán, y el gobernador de Santa Fe, Omar Perotti, acordaron que el Estado Federal le pagará a Santa Fe 151.000 millones de pesos a diez años con bonos. Resulta obvio que de ese monto millonario se pagarán los honorarios de Rosenkrantz y Gil Lavedra. En dólares, Santa Fe quería recuperar un valor semejante a 700 millones.
Acuerdo entre Guzmán y Perotti
El convenio entre Binner y los abogados Rosenkrantz y Gil Lavedra marca que los litigantes podrán cobrar “hasta el 80 por ciento de los honorarios estipulados” en el caso de ganar el diferendo con la Nación y el 50 por ciento de haber resultado perdidosa Santa Fe, algo que no pasó.
El 24 de noviembre de 2015, con los votos de Ricardo Lorenzetti, Carlos Fayt y Juan Carlos Maqueda, la Corte declaró “inconstitucional la deducción del 15 por ciento de la masa de impuestos coparticipables que realiza el Estado Nacional, sin el acuerdo de las provincias, para financiar a la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES)”.
La sentencia llegó casualmente justo antes de que finalizara el segundo gobierno de Cristina Fernández de Kirchner y fue a favor de Santa Fe y San Luis. Soplaban otros vientos.
La estrategia inicial de Binner y los socialistas resultó exitosa, pero el debate es ético y moral. ¿Hay un artículo de la Ley de Ética que impida a Rosenkrantz hacerse de tantos miles de millones a la vez?
Cada vez que surge este espinoso dilema, en la Comisión de Juicio Político del Congreso, que juzga el presunto mal funcionamiento de la Corte por el tráfico de influencias a favor de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por el fallo de coparticipación, los diputados Leopoldo Moreau, Rodolfo Tailhade, y Eduardo Valdés deben soportar los insultos de Juan Manuel López, cercano a Elisa Carrió.
Gil Lavedra prefirió no hablar de Carrió. Jura que vive de su trabajo de abogado y que no obtiene ganancias como presidente del Colegio. “Mi cargo de presidente del Colegio de la Abogacía es ad honorem y defiendo el trabajo de los abogados y esto es eso. Me toca una parte entre muchos abogados y se discute tanto que estoy pensando seriamente en donarla. De todas maneras no veo qué falta ética habría en cobrar por mi trabajo, en un asunto que ha arrojado tantos beneficios al federalismo fiscal de todo el país”, dijo el ex integrante del tribunal del Juicio a las Juntas, que está en contra de juzgar a los cómplices civiles de la dictadura. Piensa en donar sus honorarios. No afirmó que los donará. Su colega Rosenkrantz está bajo sospecha. Lo lógico sería que se excluya de semejante decisión beneficiosa para sus ahorros.
¿Qué votarán los supremos Horacio Rosatti, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti?
Desde el despacho de Lorenzetti, deslizaron que esperarán a que Rosenkrantz ratifique o no el pedido de honorarios que estipuló en más de 18.000 millones de pesos hasta 2015.
Los supremos Maqueda y Rosatti guardaron silencio.
Escucha la entrevista a Juan Alonso:
Edición: Santiago Caballero FM Chalet 100.9 mhz
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