El Legislativo pidió informes sobre quiénes integran este registro oficial del municipio. Se trata de un servicio privado que deben abonar los vecinos. Cuestionamientos de una concejala opositora.
Por Luciano Andreychuk /El Litoral
Con la sanción de una comunicación (pedido de informes), el Concejo de Santa Fe le solicitó al Ejecutivo que dé una batería de detalles sobre el Registro Único de Podadores Habilitados, creado por la Ordenanza N° 11.924, del año 2012. Esta norma regula la actividad de quienes prestan este servicio en la ciudad capital.
La norma establece una serie de condiciones legales y administrativas muy estrictas sobre estas empresas o podadores privados para, justamente, realizar esta labor, de acuerdo a los lineamientos del plan de arbolado público que el gobierno local define cada año.
Básicamente, éstos son quienes brindan los servicios de poda, compensación de copas, corte de raíces, despeje de líneas y extracción y cuenten con el asesoramiento de un profesional ingeniero agrónomo. Deben estar capacitados y debidamente registrados.
Pero ocurre que este servicio es, como se dijo, privado; y los costos por la poda de, por ejemplo, un árbol añoso que se está cayendo y puede ser un peligro para los vecinos -u otro que, por caso, genera problemas en el cableado aéreo-, debe ser costeado por los propios frentistas, a menos que se espere, tras aviso, que intervenga un área municipal específica.
En este sentido, dice el artículo 38 de la aludida normativa vigente: “Para extraer el árbol autorizado, el propietario deberá optar porque los trabajos sean realizados por Dirección de Espacios Verdes, o en forma particular a través de empresas o podadores habilitados que se encuentren inscriptos en el Registro Único de Podadores”.
Qué se pide saber
En la resolución, se solicitó entre muchos otros puntos el listado actualizado del Registro Único de Podadores Habilitados por la Municipalidad, detallando nombre o razón social, domicilio, condición (persona física o jurídica) y período de habilitación vigente.
También, la nómina de personas físicas o jurídicas que solicitaron inscripción en el Registro Único de Podadores y cuya habilitación fue denegada, especificando el motivo o criterio de rechazo; la cantidad total de reclamos ingresados por vecinos en el último año, referidos a poda o extracción de árboles en el arbolado público urbano.
Además, se solicitaron datos sobre la identificación del responsable de la intervención en cada caso, especificando si fue realizada por cuadrilla municipal o empresa o podador habilitado contratado por el vecino; y el tiempo promedio de respuesta del municipio desde la recepción del reclamo hasta la resolución efectiva del mismo.
Finamente, cuántas cuadrillas municipales activas destinadas a la atención de tareas vinculadas al arbolado urbano al momento de la respuesta, y el presupuesto anual asignado a la Dirección de Arbolado en el último ejercicio fiscal, “informando además el porcentaje efectivamente ejecutado”, entre muchos otros puntos
En el recinto
La autora de la comunicación, la edila Violeta Quiroz (Mesas de Trabajo), argumentó desde su banca que el proyecto nació “de los constantes reclamos de vecinos de distintos barrios de la ciudad frente a la falta de respuesta del municipio ante los pedidos por podas o extracción de árboles” al área de Espacios Verdes.
“El municipio no responde en tiempo y forma a tiempo los pedidos de poda o extracción, por lo que los vecinos se ven obligados a pagar por un servicio que debería brindar la Municipalidad, ya que está cubierto por las tasas municipales (TGI)”, fustigó luego.
“¿Encubierta?”
Quiroz no se privó de expresar : “Estamos frente a una ‘tercerización encubierta’ del mantenimiento del arbolado, donde el Estado municipal habilita podadores privados como respuesta al pedido del vecino. Así, sólo soluciona el problema quien puede pagar. Es una situación de desigualdad e inequidad”.
Luego pidió “que se garantice el acceso igualitario y la eficiencia de los servicios de poda, y que se evalúe cabalmente el impacto de la tercerización parcial del servicio a través del régimen de podadores habilitados”.
Para cerrar, la concejala remarcó: “Nuestra ciudad necesita un plan serio, con recursos, planificación y transparencia. El arbolado público no puede seguir siendo una responsabilidad que el Estado traslada al vecino”.
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