Entre 15 y 20 millones de personas perdieron su empleo en los países miembros de la Unión Europea debido a la crisis económica provocada por la pandemia de coronavirus, según las estimaciones de la Confederación Europea de Sindicatos (CES), que señala que otros 42 millones de trabajadores sufrieron reducciones en su jornada laboral.

“Por supuesto, hay muchas diferencias entre países, sectores y las medidas adoptadas en cada país” apuntó el secretario general de la CES, Luca Visentini, en un comunicado en el que una de las principales centrales sindicales europeas traza un primer balance sobre el impacto de la pandemia en el mundo laboral.

Visentini señaló que una de las principales causas de la pérdida de fuentes de trabajo fue la falta de acceso a una reducción de jornada.

“Al principio del confinamiento solo 16 de los 27 países de la UE tenían algún tipo de medida de compensación para la reducción de horario” advierte el informe que explica que para principios de abril, ya generalizada la crisis, todos los países de la UE adoptaron estas medidas que, aseguran, aporta a frenar la pérdida de puestos de empleo, informó Europa Press.

Con estas reducciones de jornada las empresas pueden mantener los puestos de trabajo con el apoyo público y suspender a sus trabajadores sin tener que despedirlos, mientras que los trabajadores siguen recibiendo un ingreso, analizó Visentini, que sin embargo lamentó que en muchos caso se haya tardado casi un mes en implantar este tipo de respuesta.

El dirigente sindical aprovechó el informe para para instar a los gobiernos a acelerar la adopción de medidas para salvar empleos y “los trámites burocráticos” para efectuar los pagos.

“Es un escándalo que después de dos meses haya millones de trabajadores que siguen esperando el apoyo económico al que tienen derecho” cuestionó.

Visentini alertó, por otra parte, que la crisis del coronavirus tiene muy diferentes consecuencias dependiendo de cada sector. En ese sentido, la central sindical destacó que los trabajadores de los hospitales públicos, del transporte público o de los supermercados están relativamente bien protegidos del despido, en contraste con quienes desarrollan tareas en las residencias para personas mayores, que se encuentran en una posición mucho menos segura.

Con información de Télam