Utilizaban una agencia de publicidad y una concesionaria de autos como marco legal para ocultar la explotación sexual a la que eran sometidas sus promotoras.

El fiscal federal Franco Picardi, a cargo de la Fiscalía en lo Criminal y Correccional Federal N°5 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, solicitó la elevación a juicio de la investigación seguida contra Karina Liliana Juárez, Raúl Osvaldo Roncayolo y Fabián Eduardo Ferro, por un caso de trata de personas con fines de explotación sexual en perjuicio de aproximadamente cincuenta mujeres que eran captadas a través de una agencia de publicidad para oficiar de promotoras en el marco de distintas carreras de automovilismo deportivo, en las cuales finalmente eran obligadas a prostituirse con distintos organizadores, clientes y empresarios del ambiente.

El caso

La investigación se inició a raíz de dos denuncias anónimas recibidas, en 2018, en la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (PROTEX), que encabezan Marcelo Colombo y Alejandra Mángano, las cuales daban cuenta de la existencia de una organización que captaba mujeres con la promesa de ofrecerles trabajo como promotoras en distintas carreras del circuito de automovilismo profesional, pero que luego eran presionadas para ejercer la prostitución.

Una vez judicializado el caso, y con la intervención del fiscal Picardi, el entonces titular del Juzgado Federal N°6, Rodolfo Canicoba Corral, solicitó la detención de la sospechosa y sospechosos: Juárez, cara visible de la agencia de modelos que contrataba a las promotoras; Roncayolo, dueño de una concesionaria de venta automóviles; y Ferro, quien oficiaba de chofer y trasladaba a las víctimas a las distintas ciudades del país donde se corrían carreras de las categorías de Turismo Carretera, Turismo Nacional y Turismo Pista o Turismo Mouras.

El fiscal sostuvo que el contexto en que las personas acusadas operaban no sería azaroso y que habría sido especialmente seleccionado para maximizar sus ganancias y solapar su actividad ilícita.

En ese marco, el 17 de noviembre de 2019, personal de la Unidad de Investigación sobre Trata de Personas de la Policía Federal Argentina, realizó un procedimiento en el autódromo “Juan Manuel Fangio”, de la ciudad de Rosario, donde se corría una fecha del Turismo Nacional. En esa oportunidad se detuvo a Juárez y a Ferro, al tiempo que se rescataron 22 mujeres que trabajaban en el lugar como promotoras publicitarias. Aquel día también apresaron a Roncayolo en su casa de un barrio privado de la localidad bonaerense de Pilar.

Mercados criminales y violencias de género

Al momento de requerir la elevación a juicio, Picardi hizo alusión a la importancia de atender a las características particulares del caso para repensar y proyectar lineamientos de política criminal y de persecución penal en materia de trata de personas con fines de explotación sexual, como de sus diversos delitos conexos emparentados con distintas modalidades de explotación, entre ellas, la prostitución forzada. Sobre este punto, resaltó que los hechos del caso se enrolan con el entramado de los fenómenos criminales que se desarrollan bajo estructuras de mercado, los cuales poseen determinadas regularidades que permiten diseñar estrategias de intervención a futuro, si se las identifica y estudia en profundidad.

En esa órbita, mencionó que el contexto en que las personas acusadas operaban no sería azaroso y que habría sido especialmente seleccionado para maximizar sus ganancias y solapar su actividad ilícita, ya que, cumpliendo diferentes roles, desplegaron su actuar criminal en el marco del automovilismo deportivo por ser un ambiente en el que priman determinadas condiciones que lo hacen permeable.

En esta línea, el fiscal señaló que, en el marco del automovilismo deportivo, se observa, por un lado, una amplia demanda de prostitución, abastecida en oportunidades por organizaciones criminales -de diversa magnitud- a partir de la explotación sexual de personas y, por el otro, estructuras legales sobre las que se apoyan para invisibilizar su actuar criminal. Remarcó que de esa forma operaban la agencia de publicidad de Juárez y la concesionaria de autos de Roncayolo, puntualmente fungiendo como marcos legales respaldatorios para captar, ofrecer, trasladar, acoger y explotar sexualmente a mujeres en situación de vulnerabilidad social y/o económica.

Picardi también refirió que el caso es el reflejo particular de un problema público de relevancia y magnitud como lo es la violencia de género. Destacó que todas las víctimas forzadas a prostituirse eran mujeres y que ello tampoco es casual, sino que el contexto de sobrerrepresentación de varones, tanto en el ámbito del público, como de corredores, empresarios y actores organizativos, así como la cantidad de días que duran los eventos y las distintas condiciones culturales vinculadas al modo de organización social patriarcal y la posición de las mujeres en dichos ámbitos, funcionaron como garantes para la obtención de réditos económicos seguros.

El fiscal resaltó que existen grupos delictivos que, en el marco del automovilismo deportivo, se dedican a explotar sexualmente a personas, bajo distintas modalidades, y que esta realidad tiene su historicidad de público conocimiento. Reafirmó en su requerimiento de elevación a juicio que ello no puede perderse de vista ya que obedece a una serie de entrelazamientos sociales, culturales y económicos que constituyen propuestas atractivas para las organizaciones criminales.

Por último, Picardi esgrimió que la importancia de comprender la dinámica de los fenómenos criminales que se encuentran detrás de los casos particulares radica en buscar alternativas que permitan mejorar la política criminal y los impactos en materia de persecución penal. En esa línea, señaló que este caso no es un hecho aislado y que, por el contrario, si desde el Estado no se pautan intervenciones estratégicas, otras organizaciones delictivas seguirán operando allí.

Con info de Sin Mordaza