Este miércoles culminó la audiencia imputativa contra ocho personas acusadas de integrar una asociación ilícita, cuya oficina se ubicaba en San Lorenzo al 1.000.

Este miércoles culminó la audiencia imputativa de ocho personas que están acusadas de integrar una asociación ilícita dedicada, entre otras cosas, al juego clandestino, a la usura, al lavado de activos, estafa y encubrimiento. El juez dispuso la prisión preventiva efectiva para siete de ellos.

En la audiencia, que inició el pasado martes, los fiscales Viviana O’Connel y Alejandro Ferlazzo acusaron a Roberto Y., Alejandro A., Yalil A. Ricardo E., Maxmiliano G.D.G., Lisandro S., Marina G., e Ivan G. de haber formado parte de una asociación o banda con permanencia en el tiempo destinada a cometer múltiples delitos.

Según la investigación, esta organización delictiva -liderada por Yalil A.- estaría conformada por varias personas, que actuaban de manera coordinada, cooperada y con roles específicos, para llevar adelante diferentes negocios.

Dentro de las empresas más destacables de esta asociación, se encuentra una oficina -ubicada en San Lorenzo al 1.000- en donde funcionaba una plataforma de juego en línea, alquileres y compra/venta de vehículos e inmuebles, y una flota de taxis que -se estima- eran utilizados para blanquear capitales provenientes de actividades delictivas.

La investigación se inició cuando por el seguimiento de violencia en la barrabrava de Newell’s se detectaron actividades de comercio de drogas de Rubén Tubi Segovia, un referente de la hinchada. Dos años después a Segovia lo mataron a puñaladas y ahorcándolo con un alambre en la cárcel de Coronda. Pero antes de caer en prisión, dijeron los fiscales, Tubi le dejaba sus ingresos a un financista en su propia casa, a veces personalmente y otras mediante enviados. Se trataba de Yalil A.

El mencionado se vinculaba con un referente de la barrabrava de Newell’s, Ariel Tubi Segovia, a través de su hermano Alejandro, quien trasladaba las órdenes y realizaba los cobros. El resto de los imputados ocupaban segundas líneas de la organización, haciéndose cargo de diferentes negocios ilegales. Todos compartían una oficina de trabajo ubicada en San Lorenzo al 1000 de Rosario, donde funcionaba una financiera, donde se otorgaban préstamos usureros.

El Juez de Primera Instancia Dr. Leiva tuvo por formalizada la audiencia imputativa y dictó la prisión preventiva efectiva para todos los imputados por el plazo de ley, exceptuando a Ivan G., a quien se le otorgó -a pedido de Fiscalia- alternativas a la prisión preventiva con las siguientes restricciones: constituir domicilio, firma semanal en la oficina de gestión judicial, prohibición de contacto o acercamiento por cualquier medio al lugar de los hechos.

Con info de Sin Mordaza