“En función de la denuncia de la APDH y los hechos allí plasmados, así como de los elementos colectados hasta el momento, es que este Ministerio Público considera pertinente iniciar una investigación penal a los fines de determinar si la Ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, y funcionarios de esa cartera individualizados en este dictamen, se han valido de sus funciones para desarrollar un plan destinado a utilizar fuera del marco legal las atribuciones y funciones a ellos conferidas, dando incluso órdenes operativas a las fuerzas de seguridad bajo su responsabilidad”. Con estas palabras el fiscal federal Franco Picardi impulsó la acción contra varios funcionarios del gobierno de Mauricio Macri

Por Adriana Meyer / Página 12

Según Picardi el objeto fue “coaccionar y administrar el conflicto existente entre comunidades mapuches y propietarios formales de tierras, en beneficio de estos últimos, para así resguardar distintos negocios inmobiliarios y de lucro llevados a cabo por aquellos que detentan o pretenden la propiedad y/o explotación formal de tierras en la Patagonia Argentina, muchos de los cuales tendrían relaciones de distinta índole con funcionarios del actual gobierno Federal”.

Picardi tomó como pruebas varias notas periodísticas, entre ellas algunas de este diario sobre el espionaje ilegal desplegado contra ese pueblo originario, y pidió a la jueza María Eugenia Capucheti una serie de medidas. “La planificación ilícita aludida tendría también una intención de disciplinamiento del resto de la sociedad, especialmente de aquellos sectores que no concuerdan con el poder de turno”, completó el representante del Ministerio Público.

“Asimismo, la investigación deberá dilucidar si en el marco de dicha organización se han llevado adelante tareas de inteligencia ilegal, entre ellas, aquellas efectuadas en coordinación con Carabineros de la República de Chile, a los fines de involucrar falsamente a personas en actividades ilícitas así como a construir en la figura del R.A.M. una categoría de guerrilla o grupo terrorista inexistente o sobredimensionada adrede, con el fin de justificar la represión de comunidades indígenas y/o el cercenamiento de los derechos constitucionales que la s asisten”, destacó en sus conclusiones.

En junio, La Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) denunció en la justicia a la ministra Bullrich, a su ex jefe de Gabinete, Pablo Noceti, y a otros funcionarios de la cartera, como autores de un plan criminal ejecutado contra las comunidades mapuches, y señalaron que ese conflicto, desde diciembre del año 2015, tuvo “un salto cualitativo de violencia y muerte”. La denuncia quedó radicada en el juzgado federal 5 de María Eugenia Capuchetti, y alcanza también al ex secretario de Cooperación con los Poderes Judiciales, Legislativos y Ministerio Público Fiscal, Gonzalo Cane y al secretario de Seguridad, Gerardo Milman.

El organismo de Derechos Humanos señaló que el Estado implementó un plan de despojo y represión hacia las comunidades mapuches que desembocó en la muerte de dos jóvenes: la de Santiago Maldonado, durante la represión de Gendarmería en Chubut en agosto de 2017 y la de Rafael Nahuel, en noviembre de ese año en Río Negro, durante un desalojo realizado por Prefectura.