Los jefes de la Agencia Federal de Inteligencia en el macrismo son acusados de abuso de autoridad y espionaje ilegal.

El juez federal de Dolores Alejo Ramos Padilla procesó a los extitulares de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) en el Gobierno de Cambiemos Gustavo Arribas y Silvia Majdalani, como presuntos coautores de “acciones de inteligencia prohibidas” y “abuso de autoridad”. La causa investiga el espionaje ilegal en bases del organismo ubicadas en la provincia de Buenos Aires.

Ramos Padilla describe la ilegalidad cometida: “haber obtenido información, producido inteligencia y almacenado datos sobre personas, por el solo hecho de sus acciones privadas y opinión políticas o de adhesión o pertenencia partidaria, sociales, sindicales o comunitarias, y por la actividad lícita que desarrollaban”.

De acuerdo al magistrado, el objetivo de las tareas de inteligencia era influir en la situación institucional y políticas del país, en la vida interna de los partidos políticas y en asociaciones y agrupaciones legales de cualquier tipo. En 2017 se disputaban las elecciones legislativas y la información obtenida de forma ilegal pudo haber servido a Cambiemos.

La decisión se tomó en la llamada causa “AMBA” e incluyó embargos de 20 millones de pesos para los dos exfuncionarios, quienes ya habían sido procesados por otros hechos de inteligencia ilegal el 5 de agosto último, en la causa que investiga el juez federal de Lomas de Zamora Juan Pablo Auge. En la misma resolución Ramos Padilla procesó a otros 9 exagentes de la AFI.

Arribas y Majdalani procesados por el espionaje a Cristina Kirchner

Los ex titulares de la AFI ya habían sido  procesados por el espionaje ilegal a la ex presidenta Cristina Kirchner y al Instituto Patria. El magistrado, además, les prohibió salir del país y les impuso un embargo de 2 millones de pesos. También, quedó procesado el ex jefe de Contraingeligencia, Martín Coste, a quien se le impuso un embargo de 700 mil pesos. El procesamiento es sin prisión preventiva.

Para los investigadores, los acusados violaron la ley de inteligencia al ordenar y realizar tareas de espionaje ilegal, pero además cometieron el delito de falsedad ideológica cuando intentaron ocultar las maniobras a través de la producción de documentos falsos, con el objetivo de darle apariencia de legalidad a su accionar.