Según la acusación, la empresa Vicentin realizó “una gran maniobra defraudatoria que produjo una severa lesión a la entretela productiva”.

Un grupo de acreedores de Vicentin presentó una denuncia penal contra la empresa para pedir que se investigue de “forma integral” todas las actividades del grupo porque presume que se está ante “una gran maniobra defraudatoria y estafatoria que produjo una severa lesión a la entretela productiva”.

La presentación fue realizada por el doctor Gustavo Feldman. En diálogo con UNO Santa Fe, el abogado detalló que “la maniobra no se hubiera podido llevar adelante con la envergadura que se hizo y el desarrollo que tuvo si no hubiera sido planificada y asociada con distintos roles y funciones, buscando un resultado determinado, preservando esos efectos y eventualmente garantizar la impunidad. Esa actuación conjunta y coordinada de este plan aparentemente delictual tuvo una serie de acciones y se apoyó en lo que se conoce como el Esquema Ponzi, es decir, una operación fraudulenta de inversión que implica abonar a los inversores actuales los intereses obtenidos del dinero de nuevos inversores (y no de la generación de ganancias genuinas)”.

El letrado sugiere medidas de pruebas. Entre ellas, considera que se debe tomar en cuenta el testimonio del presidente Alberto Fernández sobre una conversación que mantuvo con el CEO de Vicentin, Sergio Nardelli, así como los análisis realizados por los bancos externos que pidieron el proceso de discovery contra la agroexportadora en la Justicia de Nueva York.

Si bien cita también en su presentación otras denuncias realizadas por acreedores de Vicentin en la Justicia penal (como el caso de las empresas que fueron inducidas a entregar cereal hasta el mismo día en que la aceitera suspendió los pago por “estrés financiero), Feldman señala que esta presentación es la primera que apunta a investigar globalmente si el default de la cerealera es la consecuencia de la organización planificada de una estafa.

“Pedimos que se investigue si fue deliberado lo de la familia Vicentin y sus directivos para elaborar un esquema que le tornara más atractivo a los actores del mercado de granos venderles su mercadería, que luego no pagaron ni devolvieron”, dijo.

Se preguntó, en ese sentido, si no era funcional a este objetivo la vocación de ocupar cargos institucionales, como la presidencia de la Bolsa de Comercio de Rosario, o el intento de lanzar una precandidatura a gobernador. La misma duda sembró sobre la compra de activos millonarios, como un avión y la creación de sociedades extranjeras. Y también por el roce político, ya que “es evidente que esta suerte de esquema Ponzi funcionó hasta agosto de 2019, cuando el grupo político con el que interactuaba perdió las elecciones primarias”.

Como aporte a la causa, Feldman pide que se tenga en cuenta el testimonio del presidente Alberto Fernández, que cuenta una conversacion que mantuvo con sergio Nardelli, CEO de Vicentin, en la que el directivo le explica que creación de sociedades vinculadas a la empresa era una maniobra para captar deudas.

También pide investigar a la empresa vinculada Nacadie y el entrecruzamiento de nombres en las sociedades que conforman el conglomerado de Vicentin.

Además, cita denuncias de acreedores en las que se señal que las sociedades vinculadas a Vicentin le deben $ 9 mil millones a la empresa, que nunca intentó cobrar.

El abogado también pidió al Ministerio Público medidas preventivas para los directores y el CEO de Vicentin, como limitaciones de salir del país y la utilización de dispositivos electrónicos de control, como tobilleras.

Según trascendió, la denuncia recayó en la fiscalía a cargo de Miguel Moreno, que ahora deberá decidir si abre la investigación y los pasos a seguir.

Con información de UNO Santa Fe