FM Chalet dialogó con el economista Horacio Rovelli sobre el aparente “manto de olvido” sobre la deuda externa de más de 100.000 millones que ejecutó el gobierno de Mauricio Macri, evasión fiscal y fuga de capitales que hasta hoy continua  de manera permanente. El economista describe de manera pertinente la inacción del actual gobierno de Alberto Fernández para no investigar la evasión y fuga de capitales de esa deuda, responsable por la omisión.

Toda nuestra historia esta cruzada por el ocultamiento y el oscurantismo. Desde la matanza de los pueblos originarios, los asesinatos en la Patagonia trágica, los bombardeos en Plaza de Mayo de 1955, los desaparecidos en las dictaduras, las muertes y la derrota en Las Malvinas, y siempre con el fin de preservarlos, más de una vez se pondera e idolatra a los victimarios. Incluso se le ponen sus nombres a pueblos, calles y plazas. Todo por haber beneficiado al sector social dominante.

Es el caso de la deuda contraída por el gobierno de Cambiemos, que fue investigada por el Banco Central de la República Argentina (BCRA) durante la administración de Alberto Fernández. El 21 de mayo de 2020, el BCRA publicó el informe “Mercado de cambios, deuda y formación de activos externos, 2015-2019”, donde indicó que de esa deuda –que supera los 100.000 millones de dólares–, la “fuga de capitales” alcanzó los 86.200 millones de dólares. En el Informe se sostiene que, en total, 6.693.605 personas físicas y 85.279 personas jurídicas compraron los 86.200 millones de dólares durante la gestión de Cambiemos, pero los 100 mayores compradores –que son empresas– adquirieron 24.679 millones de dólares y 100 personas compraron 822 millones de dólares.

Ninguna de esas 100 empresas puede demostrar en sus estados contables de dónde detrajeron los recursos para poder comprar tal cantidad de dólares entre 2016-2019. Esto supone los delitos de evasión fiscal y fuga de capitales para los compradores e incumplimiento de las leyes –incluida la ley 25.246 de Encubrimiento y Lavado de Activos, que exige conocer fehacientemente el origen de los fondos en operaciones de cambio– para los bancos que le vendieron esos dólares que antes le habían comprado al BCRA y que no tomaron los debidos recaudos del origen de los fondos.

Tampoco pueden explicarlo en sus declaraciones juradas al fisco las 100 personas que compraron 822,6 millones de dólares, entre ellos Néstor Ick de Santiago del Estero, que compró 29 millones de dólares; o el tucumano Emilio Luque, que compró 17.800.000 dólares; también los Eskenazi de YPF y del Grupo Petersen; Claudio Belocopitt de Swiss Medical; los Werthein, socios de BlackRock en Pampa Energía; o Mauricio Filiberti, socio de Daniel Vila y José Luis Manzano en Edenor.

La deuda fue investigada, pero no se determinó con qué recursos se compraron las divisas. El manto del olvido es tal que desde el 10 de diciembre de 2019 se pagan los intereses de esa deuda tanto al FMI como a los bonistas (tenedores de títulos de deuda pública), con el presupuesto de la Administración Nacional. La misma que no ha dudado en suspender la cuarta cuota del IFE (Ingreso Familiar de Emergencia) en diciembre de 2020, o en ajustar el gasto público, incluido el incumplimiento del exiguo plan de obras y las transferencias de capital a las provincias, como lo corrobora que dicho gasto representaba en los años de las administraciones kirchneristas (2003-2015) no menos del 11,16% del gasto total (llegando a ser del 15,98% en 2006 y del 16,85% en 2014), cuando fue del 3,92% del gasto total en 2020, del 5,96% en 2021 y base caja del 6,08% en los ocho meses de 2022.

La misma Administración Nacional que no ha dudado en disminuir año tras años el gasto en jubilaciones y pensiones, como lo demuestra que el 60% de los beneficiarios perciben de uno hasta dos veces el haber mínimo, que en el mes de agosto de 2022 fue de 37.525 pesos. Y las dos jubilaciones mínimas fueron de $75.050 [1], cuando –según el INDEC– la Canasta Básica Total de ese mes para un adulto fue de $38.756 para no ser pobre y, obviamente, el desgaste de los años y la necesidad de medicamentos implican un gasto mayor para un jubilado o pensionado.

La fijación del salario mínimo vital y móvil de $47.850 para agosto de 2022 nos exime de mayores comentarios, dado que se trabaja y se perciben haberes que no superan el gasto que determina el INDEC para una familia constituida por matrimonio y dos hijos, que fue de $119.757 para dicho mes.

Es más, en el Mensaje y Proyecto de Ley de Presupuesto de la Administración Nacional 2023 (Trámite Parlamentario 141/22), se estima que el gasto en intereses de la deuda será de 2,67 billones de pesos (unos 13.000 millones de dólares), que es el rubro que más crece (lo hace a una tasa del 102,7%), cuando ponderan una inflación para todo el 2023 del 60% y el gasto público total se incrementa en 71,2% con respecto al gasto de 2022. Los intereses de la deuda presupuestados superan ampliamente a todo el gasto de capital previsto (obra pública y transferencia de capital a las provincias), que para 2023 es de 2,3 billones de pesos.

En el Presupuesto 2023 no hay una sola referencia de que se va a investigar la evasión fiscal y la fuga de capitales originados en la deuda contraída en la gestión de Cambiemos, a fin de recuperar una parte de la misma. Y hasta debería existir una ponderación de ese recupero, conformando una meta física de ingresos. Máxime que existe un proyecto que cuenta con la sanción del Senado de la Nación al respecto, que crea un Fondo Nacional para la Cancelación de la Deuda con el Fondo Monetario Internacional con dinero fugado al exterior de manera irregular. La norma establece que el fondo será constituido en dólares estadounidenses y tendrá vigencia hasta que se produzca la cancelación total de la deuda con el FMI [2]. Una vez más el manto del olvido, de eso no sólo no se habla, sino que se plantea un brutal ajuste fiscal para que siga pagando la deuda el erario público y, de esa manera, se convalida la impunidad y la fuga.

Por ende, la Administración Nacional prevé realizar un sobreajuste para generar los fondos necesarios para poder comprar gran parte de los dólares destinados a pagar solamente los intereses de la deuda generada por el gobierno de Cambiemos. A los intereses se le debe sumar el déficit fiscal primario (antes del pago de los intereses de la deuda).

Extractivista, agropecuario exportador

El nuestro es un país rico y con una potencialidad digna de mención. A la fertilidad de la tierra, deben sumarse los recursos minerales y energéticos, una mano de obra disciplinada que puede capacitarse más y una tasa de ganancia en las empresas que supera holgadamente la media mundial.

El problema es que esa masa de ganancia no se convierte en inversión interna bruta fija (IBIF) por la evasión y la fuga, que el gobierno no sólo no castiga, sino que avala con el manto del olvido. El modelo se orienta al exterior y por eso paga salarios de pobreza, para que el saldo exportable de alimentos sea cada vez mayor y el consumo de energía sea menor; ahora, para minimizar las importaciones y en un futuro cercano, para maximizar su exportación

 

 

 

El festival del capital financiero

El BCRA queda limitado por el acuerdo con el FMI a financiar al Tesoro de la Nación en solo el 0,6% del PIB, unos $883.000 millones (actualmente –septiembre de 2022– los Adelantos al Tesoro suman $2.793.100 millones) [3], por lo cual, para hacer frente a los compromisos de la deuda, se deberán colocar títulos por más de 3,7 billones de pesos para poder cubrir el déficit que tendrán las cuentas públicas el año próximo, según prevé el proyecto de Presupuesto 2023.

A ese festival de los bonistas, debe sumarse que en su errónea estrategia de remunerar holgadamente los “encajes” [4], el BCRA le asegura una suma anual de 6 billones de pesos a los bancos por no hacer nada. Tienen la “patente de corso”, que es la autorización del BCRA para funcionar como bancos, captan depósitos del público (y del Estado nacional, provincial y municipal) y se lo prestan al mismo BCRA en Pases Pasivos, Leliqs, Notaliqs, etc. sin ningún riesgo y, desde el 15 de septiembre de 2022, perciben una tasa nominal anual del 75%. El monto inmovilizado supera los 8 billones de pesos.

En 32 meses, el superávit comercial fue de 29.471 millones de dólares, sin embargo, las reservas internacionales del BCRA se redujeron durante ese lapso en más de 7.000 millones de dólares, por ende, allí también existe el ocultamiento y el oscurantismo. Desaparecen 37.000 millones de dólares y no hay respuestas válidas y ciertas de dónde están. Y lo peor es que nadie pide esa explicación, violando el principio constitucional de exigir la claridad de los actos de gobierno.

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