Hace varias semanas se rumoreaba que la Secretaria de deportes de la Nación dejaría de ser tal para tener otro rango, un rango aun más bajo. Por decreto Mauricio Macri lo hizo posible.

¿Cuáles son las razones por las que el deporte no puede esperar hasta el 1º de marzo para debatir la ley como corresponde?

El sábado 19 de enero, el periodista Ernesto Rodríguez dio a conocer el proyecto de Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que se gestó en el seno de Cambiemos para convertir a la Secretaría de Deporte de la Nación (SDN) en la Agencia de Deporte Nacional (ADN), una entidad mixta que no sólo marca un descenso en el organigrama del Estado sino que implica una potencial privatización del deporte público. El escrito había pasado por varios despachos oficiales y quedó en manos de autoridades de la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE).

La publicación de este informe trocó los planes del secretario de Deporte Diógenes de Urquiza, quien pensaba tener una semana de promoción del proyecto puertas adentro y una recorrida informativa por los medios afines. La catarata de consultas sobre el destino de los 450 trabajadores que tienen relación directa sólo en el Cenard; la posibilidad de venta de unas 700 hectáreas bajo supervisión de SDN que enumeró Gustavo Veiga (Cenard, Ezeiza y Esteban Echeverría) –habría que agregar otras 124 hectáreas de la Pista Nacional de remo en Tigre–; así como el eventual arancelamiento de todas las actividades deportivas obligaron a las autoridades a modificar el rumbo. Hubo muchas promesas, pocas seguridades, aunque a De Urquiza se le escapó el miércoles 23, ante presidentes de federaciones deportivas y trabajadores una sentencia: “el decreto se firma el lunes (28) o el martes (29)”.

¿Qué apuro tiene el deporte nacional, con un presupuesto asignado y una estructura en funciones, para solicitarle al presidente que saque un decreto de necesidad y urgencia, un procedimiento pensado para situaciones excepcionales cuando sea imposible seguir los trámites para sancionar leyes mediante el Congreso? ¿Por qué no esperar cinco semanas hasta que el Congreso inicie sus sesiones ordinarias, el viernes 1º de marzo, y debatir como corresponde un “programa de gestión a 20 años”, como reza el proyecto en sus considerandos? Esta normativa fue iniciada por gobiernos de facto y se “normalizó” durante el mandato de Carlos Saúl Menem dándole al Poder ejecutivo facultades similares al Legislativo, lo que bordea la anticonstitucionalidad.

De hecho, el proyecto de nueve páginas del decreto que propulsa el tándem De Urquiza-Fernando Marín, pasó por tres reparticiones para su evaluación: la Subsecretaría Legal y Administrativa de la Secretaría de Presidencia de la Nación, la Oficina Nacional de Presupuesto en el Ministerio de Hacienda y el AABE. En el frío lenguaje técnico de los legistas, tanto Néstor Scarlatta (director general de Asuntos Jurídicos) expuso en sus conclusiones que “queda a criterio del Poder Ejecutivo Nacional evaluar si se reúnen en el presente caso las aludidas ‘razones de necesidad y urgencia’ que justifiquen el dictado del acto administrativo tal como ha sido proyectado”. En criollo: el jurisconsulto no entiende el apuro y establece que queda en la conciencia de Mauricio Macri sacar la ley por DNU en lugar de realizar los pasos habituales. La misma duda razonable la planteó en su evaluación Analía Sánchez Zolezzi (subdirectora de la Oficina Nacional de Presupuesto).

La premura está dada en la misma naturaleza del DNU, ya firmado por Macri debería ser ratificado en diez días hábiles por una comisión bicameral. Claro que, al estar en receso el Congreso, los plazos pueden extenderse. Sea ratificada (o no) la creación de la ADN por los legisladores, el ente puede ponerse en funciones en cuanto esté firmado el documento por lo que todos los actos jurídicos en “el mientras tanto” (cualquier contrato suscripto) serán válidos aún cuando el Congreso establezca posteriormente la nulidad de la normativa.

Aun más. Especialistas técnicos de SDN especulan que la puesta en juego del AABE tiene que ver con un plan inmobiliario que excedería las actuales posesiones de SDN porque AABE (una virtual inmobiliaria del Estado) puede disponer de inmuebles de otras reparticiones y brindárselas en comodato a otra entidad. Ya se especula que uno de los focos estará puesto en el complejo de nueve hoteles de Chapadmalal cuya gestión está bajo la órbita de Turismo.

El “apuro” por llevar adelante el proyecto de este DNU forzó a los redactores a dos olvidos muy interesantes: pese a que se trata de una entidad mixta, con participación y presupuesto del Estado, en ningún momento se establece cuál será el organismo de control de gestión –habitualmente se establece explícitamente que lo sea la Auditoría General de la Nación, tal como sucede con el Enard–. De hecho, en las más de 4.200 palabras que componen el escrito, jamás aparece auditoría, clave para quienes pretendan administrar de manera transparente. La otra sugestiva omisión del texto es la eliminación de la Confederación Argentina de Deportes (la entidad madre del deporte nacional) como uno de las tres asociaciones civiles deportivas superiores de la Argentina. Borrar del mapa a la CAD no parece casual, habida cuenta su actual dirigencia lleva adelante un juicio por desfalco a José García Maañón –segundo de De Urquiza en la SDN– y a otros seis miembros del Comité Olímpico Argentino.

Fuente: https://ephectosport.com.ar/