El fiscal Jorge Di Lello imputó al presidente Mauricio Macri, al ministro de Transporte Guillermo Dietrich y al canciller Jorge Faurie por “traición a la Patria” por el acuerdo firmado con Gran Bretaña que autorizó los vuelos semanales de Latam desde Brasil a las Islas Malvinas.

Di Lello cuestionó el decreto 602/2019 , que autorizó a la línea brasileña a viajar desde San Pablo hacia las Islas, y pidió al juez Luis Rodríguez que se suspendiera el primer vuelo previsto para el 20 de noviembre de este año.

La Fiscalía Nacional en lo Criminal Federal Nº 1 cuestionó que la decisión no haya sido sometida a la opinión del Congreso Nacional y aclaró que era su “obligación institucional” adoptar medidas “ante el posible menoscabo de la soberanía nacional”.

“Entiendo que el Poder Ejecutivo no puede seguir avanzando en la ejecución de acuerdos con Gran Bretaña que no cuenten con la aprobación del Congreso y los que ya efectuara deberán ser sujetos a investigación en los términos antes aludidos”, subrayó Di Lello en el escrito en el que imputó también al secretario de Energía Gustavo Lopetegui y el ex ministro de Energía y Minería Juan José Aranguren.

La denuncia había sido formulada por la abogada Valeria Laura Carreras el 24 de septiembre por supuestas irregularidades advertidas en el manejo de la relación bilateral Argentina-Reino Unido por parte del Gobierno Nacional durante el gobierno de Macri.

Carreras pidió una medida cautelar por considerar que se produciría un “daño inminente a los intereses de la Nación” si ese primer vuelo se materializara. “Bajo la inocente habilitación de realizar vuelos desde Brasil hacia Malvinas, se renuncia a los derechos soberanos del espacio aéreo, se renuncia a los derechos de control sobre el transporte aéreo”, señala la demandante.

La denunciante pidió además que se cite como testigos a los diputados Elisa Carrió y Guillermo Carmona, ambos miembros de la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso.

Las negociaciones Gran Bretaña – Argentina

El decreto en cuestión, publicado el 30 de agosto en el Boletín Oficial, autorizó tres rutas entre Brasil y las Islas Malvinas: San Pablo-Islas Malvinas- San Pablo, San Pablo-Córdoba-Islas Malvinas-San Pablo y San Pablo-Islas Malvinas- Córdoba- San Pablo.

Di Lello pidió al juez Rodríguez que ordene su suspensión porque entendió que hay que “adoptar medidas urgentes a los fines de preservar al Estado Argentino de posibles daños económicos graves a los que estaría expuesto en relación con el derecho internacional”.

En diciembre de 2018, tras la breve reunión de 15 minutos que mantuvo Macri con la entonces primera ministra de Gran Bretaña Theresa May, fuentes de ambos países admitieron que se discutió el acuerdo para que Latam operara los vuelos a Malvinas .

Por entonces, May destacó la negociación, que le brinda mayor conectividad a los kelpers con el continente, mientras que el canciller Faurie calificó a la autorización como “un hecho positivo”. “Se busca crear puentes que nos permitan crear confianza para las negociaciones de soberanía“, había justificado el funcionario de Macri.

La gobernadora de Tierra del Fuego, Rosana Bertone y el vicepresidente de la comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados, Guillermo Carmona, por su parte, denunciaron que era una decisión que sólo beneficiaba al Reino Unido y a los kelpers.

Fuente: Página12