El lobby empresario detrás del proyecto de nueva ley de semillas: funcionarios vinculados a compañías, empresarios en cargos del Estado y un modelo que concentra semillas y alimentos en pocas manos.

Por Roberto Andres

Según un informe presentado recientemente por la ONG Greenpeace “al menos treinta funcionarios tienen vínculos con el oligopolio de la industria química”. Esta rama estaría encabezada por Monsanto-Bayer, Dow-Du Pont, Syngenta-ChemChina y BASF, que controlan el 60 % del mercado mundial de semillas y el 65 % de las ventas mundiales de agrotóxicos.

Desde la ONG argumentan además que existe un proyecto de ley gestado por grandes empresas de cultivos transgénicos y agrotóxicos y fundaciones financiadas por las mismas empresas, y alega que esta nueva ley, impulsada por el Gobierno Nacional, pretende limitar el uso libre de semillas para beneficio de las grandes empresas. A su vez, el proyecto enviado al Congreso en octubre de 2016 no contempló ninguna de las solicitudes de agricultores familiares, campesinos, indígenas, académicos y universidades.

“Una ley de semillas que da más poder a empresas agroquímicas solo puede traer más contaminación para los pueblos fumigados, más destrucción de bosques nativos y menos alimentos saludables accesibles para toda la población”, sostuvo Franco Segesso, miembro del área de campañas de Greenpeace.

La investigación destaca que el lobby es ejercido hacia los funcionarios públicos que tienen vínculos con las empresas o por medio de asociaciones que las representan.

La Multisectorial contra la Ley Monsanto de Semillas, conformada por más de 50 organizaciones sociales, campesinas, ambientales, políticas y académicas, rechaza cualquier modificación a la Ley de Semillas vigente (N° 20.247) y reclama que los senadores y diputados detengan “las maniobras que benefician a los actores del agronegocio y legislen a favor de la salud, la vida y la alimentación de los argentinos”.

Según lo indicado por Carla Poth, investigadora del Conicet y referente de la Multisectorial contra la Ley Monsanto de semillas, “el informe de Greenpeace brinda información detallada de las relaciones entre el poder económico y el poder político, visibilizando de forma explícita lo que en su momento Marie-Monique Robin desnudó con lo del fenómeno de las puertas giratorias en Estados Unidos. Una relación que ni siquiera es mediada, en la que aquellos mismos dueños de las corporaciones generan relaciones, amistades y financian a quienes están en el poder político”.

“Es interesante también ver el rol que van a tener los organismos no gubernamentales que lejos de tratarse de actores desinteresados de la sociedad civil, como pretenden mostrarse, se encuentran directamente financiados por las empresas y a partir de ahí son consultadas por este poder político con un interés directo e inmediato”, agregó Poth, quien también es docente universitaria.

Respecto a la posible aprobación de la nueva ley de semillas, Poth señala que “el informe ratifica que no puede ser este poder legislativo quien tenga la obligación de definir solo qué es lo que va a ocurrir con el futuro de la alimentación en la Argentina. Es necesario exigir las audiencias públicas y la consulta previa para las comunidades indígenas que están avaladas en el convenio 169 de la OIT. No puede ser que aquellos que estén financiados por las empresas estén aprobando las leyes que le van a permitir este control indiscriminado sobre nuestra alimentación”.

Un mito para la alimentación mundial

Naciones Unidas también se mostró tremendamente crítico con las multinacionales que fabrican pesticidas a nivel mundial. A través de un informe presentado ante su Comisión de Derechos Humanos a finales de enero pasado, el organismo las acusó de negar sistemáticamente los daños, utilizar tácticas de marketing agresivas y poco éticas y presionar insistentemente a los gobiernos, lo cual ha bloqueado las reformas y paralizado las restricciones a los pesticidas a nivel internacional.

También señaló que es un mito la idea de que los pesticidas son esenciales para alimentar a la creciente población mundial. Hilal Elver, relatora especial de la ONU sobre el derecho a la alimentación dijo que “es un mito. Utilizar más pesticidas no tiene nada que ver con acabar con el hambre. Según la Organización de la ONU para la Agricultura y la Alimentación (FAO), a día de hoy podríamos alimentar a 9.000 millones de personas. La producción está aumentando, sin lugar a dudas, pero el problema es la pobreza, la desigualdad y la distribución”.

Lobby en Argentina

El lobby empresario actúa en sectores diplomáticos, en el Poder Ejecutivo, Poder Legislativo y en amplios sectores del agro argentino. Algunos de los funcionarios involucrados son:

Ricardo Buryaile, ministro de Agroindustria: siendo productor agropecuario ejerció la vicepresidencia de las Confederaciones Rurales Argentinas (CRA). Este gremio patronal integra la Red de Buenas Prácticas Agropecuarias (BPA), en donde confluyen todas las empresas del sector agroquímico y promocionan el uso “responsable” de los agrotóxicos. Se trata de un espacio de lobby para flexibilizar los límites de exclusión de las fumigaciones.

Guillermo Bernaudo, Jefe de Gabinete de Agroindustria: es productor agropecuario e integrante de la Asociación Argentina de Consorcios Regionales de Experimentación Agrícola (AACREA), una organización civil “sin fines de lucro” integrada y dirigida por productores agropecuarios que nuclea a los grupos CREA. AACREA fue parte de los planes de gobierno de la Fundación Pensar para Agroindustria y posee un convenio de apoyo técnico y asesoría con la Comisión de Agricultura de la Cámara de Diputados de la Nación, donde tramita la “ley Monsanto de semillas”. El 50 % de su financiamiento proviene de empresas, entre las que se encuentran BASF, Bayer, Dow, DuPont, Monsanto y Syngenta. Muchos de los integrantes de AACREA trabajan con y para la Asociación Argentina de Ciencia de las Malezas (ASACIM) como si fuera una fundación científica independiente, pero en realidad se dedica a repetir el discurso científico de sus patrocinantes, entre los que resaltan BASF, Du Pont, Dow, Bayer y Syngenta.

Beatriz Giraudo, Coordinadora de Políticas Públicas para el Desarrollo Sustentable de Agroindustria: es productora agropecuaria. En junio de 2016 cumplió su mandato como presidenta de la Asociación Argentina de Productores para la Siembra Directa (AAPRESID), una organización que recibe financiamiento de BASF, Bayer, Dow, DuPont y Monsanto, y que se presenta como una ONG integrada por una red de productores agrícolas que “comparten conocimientos”. Esta es una organización clave para camuflar el uso de agrotóxicos con un discurso “sustentable”. Giraudo fue nombrada en una flamante área creada especialmente para su persona. Es responsable de todo lo relacionado a “sustentabilidad” para el Ministerio de Agroindustria, con articulación entre las empresas y el Ministerio de Agroindustria. Giraudo forma parte del Comité Evaluador de Semillero de Futuro, el programa de Responsabilidad Social de Monsanto, empresa de la que es considerada lobbysta.

Miguel Braun, Secretario de Comercio: Desde 2010 es Director Ejecutivo de la Fundación Pensar, organización que se autodefine como “la usina de ideas del PRO”, desde donde arman los planes de gobierno y equipos técnicos del partido para el gobierno de Mauricio Macri. Braun también fue fundador y Director Ejecutivo del Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (CIPPEC), una organización que dice buscar anticipar los dilemas del futuro y proponer mejores políticas públicas para la democracia y el desarrollo con inclusión. El 19 % del financiamiento de CIPPEC proviene de empresas como Syngenta y Dow, entre otras. Además recibe financiamiento de la Cámara de Sanidad Agropecuaria y Fertilizantes (CASAFE), una asociación empresaria que representa a la Industria agroquímica y a sus empresas socias. Entre los principales objetivos de CASAFE está promocionar las “Buenas Prácticas Agropecuarias” para disimular el impacto de los agrotóxicos en la salud y el ambiente por medio de la flexibilización de normas. La presidencia de la Comisión Directiva de CASAFE está a cargo de un representante de BASF, la vicepresidencia es de Monsanto, la segunda vicepresidencia para Du Pont y el secretario es de Bayer. Dow, Syngenta y otras agroquímicas no están en la Dirección pero son socios.

Ignacio Garciarena, Director Nacional de Agricultura en el Ministerio de Agroindustria: Es referente de la Regional 25 de Mayo de la Asociación Argentina de Productores para la Siembra Directa (AAPRESID), una organización que recibe financiamiento de BASF, Bayer, Dow, DuPont y Monsanto.

Gustavo Lopetegui, Coordinador Económico de la Jefatura de Gabinete de Presidencia de la Nación: Fue presidente de Ashoka, una “asociación sin fines de lucro” que dice ser una organización global que promueve la cultura emprendedora y la innovación social. Sin embargo, entre las empresas que la financian figura la alemana Bayer, que tras comprar a la norteamericana Monsanto, pasa a concentrar casi el 25 % de la producción mundial de agrotóxicos y el 30 % de la comercialización de semillas.

Ricardo Negri, secretario de Agricultura del Ministerio de Agroindustria: Es miembro y ex líder de investigación de la Asociación Argentina de Consorcios Regionales de Experimentación Agrícola (AACREA), financiada por BASF, Bayer, Dow, DuPont, Monsanto y Syngenta. Negri también fue uno de los coordinadores del debate sobre la ley de semillas, además de ser uno de los referentes del plan de gobierno de la Fundación Pensar.

Martín Lema, presidente de la Comisión Nacional Asesora de Biotecnología Agropecuaria (CONABIA) y Director Nacional de Biotecnología para el Ministerio de Agroindustria: Siendo presidente de CONABIA firmó artículos de “investigación” (publicidad) científica junto a integrantes de las empresas a las que debe controlar, como Syngenta, Dow, Monsanto, Bayer y BASF.

Fernando Bravo Almonacid, es investigador del CONICET en el Instituto de Investigaciones en Ingeniería Genética y Biología Molecular Dr. Héctor N. Torres (INGEBI). Bravo Almonacid pertenece a la Mesa de Semillas, un espacio prelegislativo brindado por el Gobierno Nacional para el debate prelegislativo de la ley de semillas-patentes. Además es autor de Las plantas como fábricas de proteínas terapéuticas, un libro publicado por el Consejo Argentino para la Información y el Desarrollo de la Biotecnología (ArgenBio), organización fundada por las empresas Syngenta, Monsanto , Bayer, Basf, Bioceres, Dow, Nidera y Pioneer, y que realiza actividades de capacitación y divulgación (lobby).

Guillermo Eyhérabide: ingeniero agrónomo Coordinador Programa Nacional Cereales y Oleaginosas del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuria (INTA) de Pergamino. Eyhérabide pertenece a la Mesa de Semillas y ha escrito para el Instituto Internacional de Ciencia y Vida (ILSI), una organización que se presenta como una red científica global que funciona como un foro altamente confiable para generar, recopilar y discutir datos científicos sobre temas de impacto en la salud pública, pero que está financiada por BASF, Syngenta, Dow, Monsanto y Bayer, entre otras empresas. Eyhérabide también representa a la Comisión Directiva de la Asociación Maíz Argentino (MAIZAR), una cámara empresarial entre cuyos miembros se encuentran Dow Agrosciences, Monsanto, Nidera, Pioneer y Syngenta.

Otros especialistas miembros de la Mesa de Semillas señalados en el informe son:

Viviana Echenique y Esteban Hopp miembros del INTA y de ArgenBio, Dalia Marcela Lewi, miembro del INTA y del ILSI, y Adolfo Cerioni, miembro del INTA y de un Cluster de Semillas integrado por empresas como Syngenta, Nidera, La Tijereta, Dow, Pannar y Monsanto, entre otras, y asociaciones como ASA.

También hay un grupo de diputados nacionales indicados en la investigación con vínculos con las empresas agroquímicas. El vínculo sería a través de la Fundación Red de Acción Política (RAP), “un espacio de articulación política con vocación republicana” que nuclea a políticos argentinos de distintos partidos y niveles (incluida la vicepresidenta Gabriela Michetti), con varias empresas nacionales y multinacionales. Entre las empresas que financia a Fundación RAP se encuentra Dow. Los diputados nacionales son:

Luis Basterra (FPV), secretario de la Comisión de Agricultura de la HCDN
Sergio Buil (Cambiemos), vocal de la Comisión de Agricultura de la HCDN
Carlos Rubin (Bloque Justicialista), secretario de la Comisión de Agricultura HCDN
Ricardo Spinozzi (Cambiemos), vocal de la Comisión de Agricultura de la HCDN
Jorge Taboada (UNA), vocal de la Comisión de Agricultura de la HCDN
Francisco Torroba (Cambiemos), miembro de la Comisión de Agricultura de la HCDN

Por otro lado, el diputado Pablo Torello (Cambiemos) es miembro de AACREA y Fundación Pensar.

Las cámaras empresarias y “asociaciones sin fines de lucro” que ocupan un rol clave en el lobby de los agroquímicos son:

Asociación Argentina de Productores de Siembra Directa (AAPRESID) 
Asociación Argentina de Consorcios Regionales de Experimentación Agrícola (AACREA)
Confederaciones Rurales Argentinas (CRA) 
Cámara de Sanidad Agropecuaria y Fertilizantes (CASAFE)
Asociación Semilleros Argentinos (ASA)
Asociación Argentina de Ciencia de las Malezas (ASACIM)
Asociación Argentina de Protección de las Obtenciones Vegetales (ARPOV)
Red Buenas Prácticas Agrícolas (BPA)
Instituto Internacional de Ciencias de la Vida (ILSI)
Consejo Argentino para la Información y el Desarrollo de la Biotecnología (ArgenBio)

Fuente: La Izquierda Diario