Son dos colegios, dos jardines de infantes y un instituto superior en donde se estudia Comercio Exterior. Pertenecen a una asociación civil pero sus directivos son miembros de la familia. En todos los casos reciben subsidios estatales. ¿Es posible aquí otra intervención?

Por Gustavo Castro / Diario Santa Fe

Vicentin controla seis establecimientos educativos a través de la Asociación Civil Escuela Polieducativa de Avellaneda, cuyos conductores son miembros de la poderosa familia del norte santafesino, hoy en el ojo de la tormenta por la crisis del pulpo empresario.

La entidad, cuya personería fue otorgada por el gobierno de facto de 1972, es propietaria formal de la Escuela Primaria Nº 1071 “Ntra. Sra. de Lourdes”, la Escuela Especial Nº 1248 “Hogar de la Esperanza”, los jardines de infantes Nº 1495 “Amelia Ana Agustini de Vicentin” y Nº 1500 “María de Lourdes”, la Escuela Secundaria Nº 8206 “Roberto Vicentin” y el Instituto Superior Nº 4013 “Rvdo. P. Joaquín Bonaldo”. Los nombres religiosos no son sólo una manifestación de fe: los edificios del jardín y la escuela Lourdes son patrimonio de la Congregación de las Hermanas Josefinas.

Según sus estatutos, la institución tiene dos  tipos de socios: los Activos, que pueden ser personas con título docente, que ejerzan la docencia o tareas afines, y los Protectores, que son exclusivamente Brahin Hacen, sus parientes ascendientes, descendientes, colaterales, consanguíneos o no. Se trata del yerno de Roberto Vicentin y de María Amelia Agustini de Vicentin, que también en un tiempo estuvo en el directorio de Vicentin SAIC.

El rol de los socios Protectores es singular: son los que tienen el poder de liquidar o no la asociación civil. Y son de hecho los que conducen la entidad, como así también poseen la facultad de designar a los diferentes apoderados o representantes legales de cada uno de los establecimientos educativos, que en todos los casos son miembros de la familia. Su presidente hoy es Luis Hacen Vicentin, hijo de Brahin Hacen, nieto de Roberto Vicentin.

Como no podía ser de otra manera, todas las instituciones cuentan con aportes estatales. Importante para entender el detalle que se indica a continuación: según la Ley de Enseñanza Privada Nº 6427 de Santa Fe, sólo las horas o cargos autorizados no tienen subvenciones provinciales, todas las demás cuentan con subsidio para el pago de sueldos.

*La Escuela Nº 1071 tiene 26 cargos subvencionados, 8 horas cátedra subvencionadas y 1 cargo autorizado.

*La Escuela Nº 1248 tiene 44 cargos subvencionados.

*El Jardín Nº 1495 tiene 9 cargos y 16 horas cátedra, todo subvencionado.

*El Jardín Nº 1500 tiene 7 cargos subvencionados y 2 cargos solamente autorizados.

*La Escuela Nº 8206 tiene 15 cargos subvencionados, 5 cargos autorizados y 611 horas cátedra de nivel medio todas con subsidio.

*El Instituto Nº 4013 tiene 7 cargos subvencionados, 2 cargos autorizados, 480 horas cátedra nivel superior con subsidio y 63 horas cátedra nivel superior autorizadas. Además, en este caso cuenta con aporte estatal para los gastos administrativos por ser la única institución de su tipo en la localidad. Allí se cursan, entre otras carreras, técnico superior en Comercio exterior, gestión y administración de Pymes y formación docente.

En este contexto, el secretario general de Sadop Santa Fe, Pedro Bayúgar, le aseguró a Diario Santa Fe que “la asociación no prueba ni manifiesta en su estatuto poseer bienes suficientes para garantizar la marcha habitual ni para solventar los gastos necesarios de las seis escuelas” y recordó que la ley que regula el sector y data de 1968, “permite al Estado provincial autorizar el funcionamiento de entidades educativas privadas, cuyos propietarios y sus apoderados gocen de buen concepto y solvencia moral y económica”.

“Supongamos que la asociación civil haya dado cumplimento a todos los recaudos legales y haya cumplido con sus obligaciones administrativas, laborales y fiscales, lo que no está probado, por el contrario: se sabe que tiene deudas previsionales, e incumplimientos administrativos. Aún así es obviamente cierto que los propietarios de estos establecimientos educativos no pueden acreditar ni la solvencia económica y tampoco una mínima solvencia moral, por lo que el Estado Provincial debería revisar la personería jurídica e intervenirla a los efectos de garantizar el legal funcionamiento de los seis establecimientos educativos, para resguardar los puestos de trabajo y la matrícula de su numeroso alumnado”, disparó el dirigente sindical.

Y el gremialista sentenció: “finalmente, de no cumplir los requisitos exigidos legalmente para que el Estado autorice un establecimiento educativo, el gobierno provincial deberá entregarlos a alguna entidad que cumpla con los requisitos de ley, o dejarse para sí la administración y gestión ”.

Las cajas chinas suelen ser también de Pandora.