Se relevó la larga lista de presiones del Poder Ejecutivo a quienes no fallan según sus intereses.

Por Werner Pertot

No es cierto que Mauricio Macri respete los fallos judiciales. El pedido de juicio político al juez Alejo Ramos Padilla y el planteo presidencial de que ya “se mandó varias” (sin aclarar cuáles serían) es la última de una larga cadena de críticas que el mandatario le hizo a jueces que no fallan como él quiere y que se da de frente contra el discurso que tiene el oficialismo sobre su respeto al Poder Judicial. Jueces penales que liberaron imputados, laborales que le dieron la razón a un sindicato, y hasta quienes confirmaron el procesamiento del policía Luis Chocobar están en la larga lista de jueces a los que Macri mandaría a la Luna. Una servilleta negra no alcanza.

Pasó ya demasiado tiempo de ese 2011 en el que el PRO firmó un compromiso republicano junto con otros sectores del antikircherismo, como para que alguien lo recuerde. Pero este diario conserva una copia. Decía así: “El efectivo cumplimiento de sus fallos se nos impone por encima de nuestros programas de gobierno, de nuestras coincidencias y de nuestras disidencias. Forma parte de un acuerdo pétreo, inamovible que debe respetarse, gobierne quien gobierne la República”. Menos tiempo pasó de la campaña de 2015, en la que Macri prometió: “Yo voy a ser el primero en exigirle a la Justicia que actúe en forma independiente. Que no haya impunidad ni con mi Gobierno ni con el pasado. Que entendamos que uno no puede concentrar el poder”. Ni siquiera en su discurso público respetó esta promesa.

Chocobar

Las críticas que recibió Macri por recibir en Casa Rosada al policía Chocobar, quien mató por la espalda a una asaltante que huía, no lo amilanaron. Cuando los camaristas Mariano González Palazzo, Julio Marcelo Lucini y Rodolfo Pociello Argerich confirmaron el procesamiento de Chocobar, lejos de retractarse, Macri optó por cuestionarlos. “Dicen que estuvo bien hasta el último instante en que los jueces dicen que se excedió. Estamos hablando de que el policía perseguía a un asesino”, mintió Macri. “Seguro que Zaffaroni los llamó para felicitarnos, pero la mayoría de los argentinos no pensamos como Zaffaroni y creemos que la policía nos tiene que cuidar a nosotros y no a los asesinos o los delincuentes”, afirmó el presidente, que se lanzó también contra el ex juez de la Corte Suprema. En medio de esos cuestionamientos, Macri dijo que él respetaba a los jueces pero que necesitaba que “entiendan que si un policía dice deténgase, se tiene que detener. Si ese policía hace algo mal, habrá instancias donde podemos investigar si hizo las cosas bien”. No explicó cuáles serían esas instancias, en lugar del Poder Judicial.

Garantistas

En los últimos tiempos, Macri cargó contra una serie de jueces por liberar imputados. El mandatario identifica un tipo específico de delincuente, el “motochorro”, y ataca a cualquier magistrado que no los deje detenidos. Así lo hizo contra el juez Gabriel Ghirlanda: “Un motochorro más liberado en menos de 24 horas después de haber asaltado a una turista y de ser reconocido por otra víctima más. Vuelvo a pedirle a la Justicia que cuide a los ciudadanos y no a los delincuentes”, lanzó Macri, en plena campaña de demagogia punitiva.

Macri también cargó contra la jueza Patricia Guichandut: “Las Fuerzas de Seguridad están haciendo su trabajo en la calle pero con una Justicia así no hay policía que alcance. Es indignante el caso de la Jueza que nuevamente liberó a motochorros con antecedentes penales y prohibición de ingreso al país”, dijo Macri. No importó que la magistrada hubiera actuado así por falencias del área de Migraciones del Ejecutivo.

El presidente también cuestionó a un tribunal que absolvió a un juez de ejecución penal: “Decepcionado por la decisión del jurado de absolver a Carlos Rossi, un juez que eligió beneficiar al autor de delitos aberrantes en lugar de proteger a la sociedad”. En este caso, Macri utilizó el femicidio de Micaela García para fundamentar su planteo contra determinado tipo de jueces: “No se entiende por qué los jueces fueron cayendo en transformar las cárceles en cárceles de puertas giratorias”.

Jueces laborales

El fuero laboral es uno de los favoritos para las embestidas presidenciales, que no se quedan solo en palabras sino que se convierten en pedidos de destitución como ocurrió con los camaristas Enrique Arias Gilbert y Graciela Marino luego de que frenaron la injerencia del Ministerio de Trabajo (hoy disuelto) en una paritaria de la Asociación Bancaria. Como respuesta, el entonces ministro de Trabajo Jorge Triaca avanzó en el pedido de juicio político a los camaristas. En el texto de la presentación dice textualmente sobre los camaristas: “Algo huele mal aquí: bueno y saludable sería que las autoridades competentes tomen las medidas necesarias para eliminar ese hedor que tanto molesta a la sociedad”.

El ataque se trasladó luego a otros dos camaristas laborales, Luis Raffagheli y Diana Cañal, cuando repusieron en su puesto a trabajadores echados de la ex Afsca. Las denuncias contra jueces laborales se reiteraron con las reincorporaciones de trabajadores de la agencia de noticias estatal Télam. Allí apuntaron de nuevo contra Arias Gilbert y contra el juez Miguel Rodríguez Brunengo.

Federales

Macri también metió mano en Comodoro Py. Allí polemizó públicamente con el juez Eduardo Farah por la liberación del empresario Cristóbal López. Tanto Farah como Jorge Ballestero debieron dejar sus cargos luego de ese fallo que enfureció al Presidente. A uno se le ofreció un traslado y al otro, la jubilación. Menos le ofrecieron a Norberto Oyarbide, el magistrado que tuvo a su cargo la causa por escuchas ilegales contra Macri. Oyarbide optó por irse y hasta hoy se investiga si hubo una negociación con Daniel “El Tano” Angelici. Lo cierto es que Macri le aceptó la renuncia: “Lo hago con doble sensación: por un lado tengo el alivio por que damos un paso para mejorar la justicia de nuestro país. Saber que este señor no va a fallar más nos debe dar una gran tranquilidad a todos”, se vengó Macri, a quien Oyarbide mantuvo procesado por años (de hecho, asumió procesado).

Además de los cambios en los juzgados federales, que siguieron con nombramientos y transferencias, Macri consiguió su objetivo de remover a la procuradora Alejandra Gils Carbó, que admitió desde el primer día sin ningún prurito por la división de poderes. “Gils Carbó tiene una manifiesta militancia kirchnerista”, fue el argumento de Macri.

Porteños

Cuando era jefe de Gobierno, Macri también tuvo innumerables choques con jueces. La primera fue la jueza en lo contencioso administrativo Elena Liberatori. En una conferencia de prensa luego de uno de sus fallos que frenó despidos, Macri se mostró desencajado: “Este fallo es un disparate.  Que el marido de Liberatori de Aramburu se haga cargo de lo que hace su mujer”, lanzó el feminista menos pensado. A Liberatori, junto a los jueces Guillermo Scheibler y Andrés Gallardo, Macri los denunció por un supuesto conflicto de poderes, que escondía su intento por todos los medios de nombrar en el Tribunal Superior de Justicia a una fiscal que siempre dictaminaba a su favor, Daniela Bruna Ugolini. No lo consiguió, pero la inquina de Macri hacia esos jueces continúa hasta hoy. Sobre Gallardo, dijo: “Es un juez muy polémico que junto a un grupito de adherentes está demostrando que hace más política que Justicia”. A Gallardo el jefe de los abogados de Macri lo recusó en 700 causas, un récord nunca alcanzado antes. El funcionario que lo recusó era Pablo Tonelli. Casualidades: es el mismo que hoy instruye la causa contra Ramos Padilla en el Consejo de la Magistratura.

Fuente: Página 12