FM Chalet dialogó con el fiscal Gabriel De Vedia sobre la ley de solidaridad social y la jubilaciones.

La primer lectura en base a la situación delicada que vive nuestro país, la pobreza, la redistribución es necesaria de ahí es que es bien recibido cualquier decisión que tome el conjunto de la sociedad como lo es esta ley de solidaridad social y reactivación productiva, ya el nombre demuestra que es relevante”.

“La Argentina vive una situación de vulnerabilidad estructural ha sido histórica, hay mucha gente en situación de calle, el índice de pobreza de la UCA que demuestra un 40% de pobreza, desnutrición en diferentes partes de nuestro país, en estos últimos años todo esto recrudeció fueron años de neoliberalismo muy crudo, es por ello que es necesario un proyecto de solidaridad previsional que implica una visión de un todo de la sociedad y que si sigue existiendo pobreza y hambre esto denota una sociedad enferma y todos somos responsables”.

“Es importante entender este proyecto donde hay una obligación de todos los ciudadanos de despertar de esta modorra, además es un proyecto que atiende a la reactivación de la producción porque apunta a un mayor consumo. Hay que entender que se declara la emergencia pública en 9 aspectos, la económica, la financiera, fiscal, administrativa, tarifaria, energética, social y alimentaria, hace un corte transversal de todos los aspectos en los cuales el ser humano se desenvuelve en sociedad”.

“La emergencia alcanza a todas las esferas donde el gobierno nacional debe dar respuestas y pensemos que las medidas apuntan a los sectores de más bajos recursos”.

“Al tema previsional hay que entenderlo desde varios aspectos porque se habló mucho sobre el artículo 51 que suspendía la movilidad, primero las jubilaciones en Argentina están desfasadas la última ley que se sancionó en el 2017 la  ley 27.416 de Macri que dejó sin efecto la ley de movilidad del 2008, esa ley fue regresiva perjudicó a los jubilados no permitiéndole una jubilación de acuerdo al costo de vida y rompió la proporcionalidad del haber jubilatorio y de lo que cobraba en actividad entendiendo que hay  dictar una nueva movilidad, aquí en la emergencia  se priorizo a las jubilaciones mínimas que son cuatro millones cuatrocientos mil jubilados donde se prevé dos bonos de $5.000 a pagar en diciembre y enero, habrá movilidad, lo que se hace es suspender la fórmula de movilidad actual por una movilidad que fijará el ejecutivo mientras se forma una comisión de expertos especializados en el tema que fijarán una nueva fórmula de movilidad que corresponda al haber previsional, al costo de vida, a la inflación”.

“Esta comisión tendrá que elaborar un proyecto de ley y presentarlo al Congreso para que en junio haya una nueva ley de movilidad que beneficie a los jubilados”.

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