De la muestra surge también que la crisis y los problemas alimenticios se agravan en el caso de los niños, lo cual queda en evidencia porque “los centros de salud están registrando menores con bajo peso y se ha incrementado el nivel de ausentismo escolar, ya que los padres no mandan a sus hijos a la escuela por carecer de zapatillas, ropa, útiles escolares, entre otros elementos indispensables”.

La Defensoría del Pueblo de la provincia de Buenos Aires es un organismo constitucional, unipersonal, autónomo e independiente que busca garantizar el ejercicio de los derechos de los ciudadanos y su titular es el abogado Guido Lorenzino.

Como parte de su tarea, la entidad realizó un relevamiento para conocer de primera mano el impacto de la problemática en la alimentación y la salud de los sectores más vulnerables, construyendo un mapa de la crisis desde la óptica de los comedores, las organizaciones sociales y los técnicos de los municipios. El propósito fue “conocer las percepciones de los referentes comunitarios y los funcionarios locales respecto de la situación alimentaria que atraviesan las familias del Conurbano, especialmente las que concurren a las áreas sociales, comedores o merenderos” y poner de manifiesto “las estrategias que se llevan adelante para resolver esta problemática”.

De acuerdo a la información recogida por la Defensoría, los municipios afirman que los pedidos de alimentos se fueron incrementando desde diciembre de 2015 y “actualmente están al punto límite para atender a las familias debido a la explosión de la demanda desde abril de 2018″. Los consultados coinciden en que no sólo aumentó el número de merenderos y comedores, sino que también confirman el dato de que hay más gente solicitando asistencia alimentaria.

La investigación revela además que “los graves problemas relacionados al acceso a la alimentación golpean directamente a la salud de la población, que está muy deteriorada producto de que emergieron enfermedades por falta de vacunas, además de observarse el surgimiento de patologías y enfermedades que se creían erradicadas“.

Otro de los datos que surgen del estudio es que las familias han modificado sus hábitos alimentarios y, entre otros rubros, se ha disminuido significativamente el consumo de carne. El trabajo refleja además que “se redujo de forma preocupante el consumo de leche, mientras aumentó muchísimo la ingesta de harinas” produciendo obesidad en niños por no tener una dieta equilibrada. A lo anterior se agrega que las proteínas fueron sustituidas por arroz o fideos, llegando al extremo de que “las madres dejan de comer para priorizar el alimento de sus hijos”.

Las penurias materiales tienen también consecuencias en lo psicológico. El informe de la Defensoría de Buenos Aires expresa que existe preocupación en las familias “por no encontrar alternativas laborales y los hombres y mujeres se sienten muy castigados y cohibidos”. Al repasar los dichos de los entrevistados se rescata que “la vergüenza es el sentimiento más mencionado cuando se describe el estado en el que llegan los grupos familiares a los comedores”.

Existen no obstante ámbitos de resistencia y solidaridad que asoman para intentar salir de la crisis. Es así que las familias se reúnen para compartir alimentos cuando no abren los comedores y, entre otras iniciativas, organizan trueques de servicios por alimentos.

El mismo estudio resalta además la reaparición del “cirujeo” en el que están involucrados muchos niños y jóvenes y el resurgimiento del llamado “tren blanco” para llegar hasta la ciudad de Buenos Aires en busca de alimentos o desechos que puedan aportar algún recurso económico. También existen ollas populares, acampes y diferentes modalidades de trueque que tienen por objetivo final conseguir alimentos.

Con este escenario y como resultado de las políticas adoptadas por el gobierno nacional y provincial, el mayor peso para atender a la crisis recayó sobre los municipios que tuvieron que responder ante la demanda de alimentos.

Ante la situación Guido Lorenzino afirmó que “se necesita un gran acuerdo de todos los sectores, el Estado, las cámaras empresarias, las organizaciones sociales y de la economía popular, los sindicatos y la Iglesia para generar políticas públicas que permitan el acceso universal a los alimentos”.

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