El Congreso fijó límites a las prisiones preventivas

En su habitual columna el Dr. Raúl Degrossi explica de manera precisa la resolución de la Comisión Bicameral sobre la implementación de la prisión preventiva del nuevo código procesal penal federal. Relatando como Cambiemos mediante un DNU bloqueó este código para hacer funcionar el tandem Stornelli-Bonadio.

“La prisión preventiva no es el fallo definitivo donde el juez condena a alguien porque lo encontró culpable de un delito fuera de toda duda razonable, es una medida cautelar que se da en el marco del proceso penal para asegurar el resultado de la sentencia, si yo estoy llevando un proceso en el cual supongo que se cometió un delito y estas personas presumo que pueden intentar borrar pruebas o fugarse impongo una prisión preventiva suponiendo que estando preso bajo esas condiciones yo puedo seguir investigando tranquilo y determinar si se cometió delito y si esa persona lo cometió”.

“Procesalmente el momento oportuno es cuando el juez toma declaración indagatoria en el viejo procedimiento del código federal que ahora es reemplazado con intervención de los fiscales como acá se denomina audiencia imputativa, es el acto procesal que se le hace saber a la persona que se cometió este delito creemos que ud. lo cometió, es el autor, participe, encubridor y después se decide su suerte en el proceso, se decide si se lo procesa, si se lo sobresee que significa que queda libre de culpa y cargo o si se le dicta la falta de mérito que significa que por ahora no es ni inocente ni culpable, cuando se lo procesa el juez debe resolver si se lo procesa con prisión preventiva que es excepcional o sin prisión preventiva que es el estado natural que la persona aun estando procesada siga en libertad hasta su finalización porque la presunción de inocencia solo desaparece con la sentencia final y con sentencia firme, no con la prisión preventiva”.

“Siempre los jueces debieron ser prudentes porque el 60% de los presos en cárceles federales tienen prisión preventiva sin sentencia están procesadas y siguen los juicios”.

Los ex funcionarios del gobierno anterior ¿Quiénes están en esta situación?

“El más conocido es Julio De Vido por la causa de Río Turbio, Roberto Barata por la causa de Gas Licuado, los imputados en la causa Cuadernos porque esa causa recién ingresó a la etapa de juicio oral que aún no tiene fecha de inicio Bonadío recién terminó la etapa de instrucción, y Amado Boudu, José López está procesado porque es arrepentido en la causa Cuadernos aunque está condenado por la causa de los bolsos”.

“Bonadío no es un juez de sentencia lo que aquí sería un juez de crimen o penal, es un juez de instrucción una especie de preventor que lleva adelante el sumario previo para determinar si hubo un delito y si una persona lo cometió, cuando termina su intervención va a los tribunales orales que determinará si una persona es culpable o no”.

¿Qué es la doctrina Irurzun?

“Irurzun es un camarista de la Cámara de Apelaciones de Comodoro Py lo que hizo es estriar como un chicle el código de procedimiento penal de la nación, ahora código procesal penal federal para ampliar la prisión preventiva, generó la teoría de los poderes residuales diciendo que los que habían sido funcionarios del gobierno anterior conservaban cierto marco de relaciones dentro y fuera del Estado como para aún no siendo más funcionarios ejercer poderes residuales para influir en las causas, hacer desaparecer pruebas entorpeciendo la labor de la justicia con ese mágico prejuicio Julio De Vido fue desaforado y con prisión preventiva antes de ser procesado”.

“Ayer sale publicado en el Boletín Oficial una resolución de la Comisión Bicameral de Implementación del nuevo código procesal penal federal, ese código fue aprobado en el 2014 y cuando Macri llega al gobierno mediante un DNU lo suspende por eso todas estas causas se siguieron tramitando con el código viejo donde el protagonista de la instrucción es el juez que puede o no delegarla al fiscal, para entender como funcionó el tándem Stornelli- Bonadío, en el código nuevo la investigación es llevada a cabo por el fiscal por el MPA como es en la provincia de Santa Fe. Lo que hace esa Comisión Bicameral integrada por Senadores y Diputados es determinar como se implementa el nuevo código procesal, primero se fijó un criterio territorial y lo que dice es vamos a aplicar el artículo de la prisión preventiva que es dar por tierra la doctrina Irurzun».

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