Los gremios estatales plantearon al gobierno que la incorporación de dicha herramienta es prácticamente “innegociable”. Los funcionarios respondieron que no hay lugar para posiciones “irreductibles”. Y advirtieron que debe ser estudiado “cuidadosamente” su impacto en las finanzas.

Con los gremios estatales al mediodía y los docentes en las primeras horas de la tarde, arrancaron este martes las discusiones paritarias para definir la política salarial de 2019.

Los dirigentes de los gremios Ate y Upcn llegaron a la Casa Gris con una demanda común: mantener la cláusula gatillo para garantizar, como en 2018, que los salarios se actualicen en función de la inflación. “Es duro el término, pero sí, eso es innegociable”, dijo Jorge Hofmann de ATE. En términos similares se manifestó Jorge Molina, de Upcn, quien agregó otros dos ítems a la lista de requerimientos. Por un lado, garantizar un porcentaje de aumento base para todos; y por el otro, asegurar un salario mínimo para los sectores de las escalas inferiores de la administración. Hoy, ese monto está en los 20 mil pesos. Respecto del porcentaje a aumentar, los gremialistas evitaron arrojaron cifras; aclararon que en la primera reunión “nunca se habla de números”. De todas maneras, fue el propio Molina quien advirtió que “la mayoría de las estimaciones de inflación están dando cuenta de un 30 por ciento para el corriente año”, superando largamente el 23 incluido por dicho concepto en el presupuesto nacional.

Voz oficial

Al término de la reunión, que pasó a cuarto intermedio hasta la semana que viene, el ministro de Gobierno, Pablo Farías, admitió que los sindicatos coincidieron en reclamar la cláusula gatillo, pero advirtió que la provincia debe analizar con precisión su impacto antes de volver a asegurar su instrumentación.

“No hay lugar para posiciones irreductibles en las mesas paritarias, que tiene el poder de negociación -arrancó diciendo el funcionario-. Entendemos las posiciones más duras y rígidas; somos comprensivos, pero todos venimos a estas mesas a entendernos y a buscar una solución”, continuó.

Respecto de la citada cláusula, Farías insistió en que es materia de estudio.

“Estamos analizando el impacto que genera dicha herramienta, porque va a tener efecto importante en las finanzas de la provincia. Queremos ser muy cuidadosos”, alertó.

“Hasta hoy -dijo-, la venimos sostenido, pero ya adelantamos que tenemos que medir muy precisamente su impacto para determinar su aplicación”, sentenció. Como informara El Litoral en su momento, la cláusula gatillo garantizó el poder adquisitivo de los trabajadores en 2018, pero le demandó a la provincia una erogación de 3500 millones de pesos.

Sobre esa base, Farías dijo que es necesario contemplar la situación de las cuentas de la provincia. Y volvió a mencionar la pérdida de recursos como consecuencia de la quita de subsidios nacionales -al transporte y tarifas sociales energéticas- y la desaparición del Fondo Sojero.

Fuente: El Litoral