El presidente electo Alberto Fernández prometió que cuando asuma mandará a quitar las rejas de Plaza de Mayo que puso el gobierno de Mauricio Macri, que fueron rechazadas por organizaciones sociales y de conservación del patrimonio histórico. “Me ocuparé de sacarle las rejas a la Plaza de Mayo: que vayan, la disfruten, se quejen. Es la plaza de todos”, aseguró el mandatario electo en una entrevista televisiva. La medida, de concretarse, además de inscribirse en el orden simbólico, remediaría la cuestión patrimonial, ya que el enrejado fue instalado por Cambiemos pese al rechazo de la Comisión Nacional de Monumentos, Bienes y Lugares Históricos. Desde el Observatorio del Derecho a la Ciudad (ODC), la ONG que en su momento presentó un amparo contra el gobierno por la ilegalidad del vallado, sostuvieron que “es una buena decisión, que se puede efectivizar de forma sencilla”.
La instalación de las rejas que dividió en dos la histórica plaza, ligada a las manifestaciones populares y las protestas sociales, generó polémica desde el mismo momento en que el gobierno, en 2018, luego de remodelar la plaza, la reinauguró con el nuevo enrejado que reemplazó las vallas antidisturbios instaladas desde la crisis de 2001.
Las organizaciones sociales, gremiales, de derechos humanos y algunos partidos políticos criticaron entonces la decisión, porque, según remarcaron, con la excusa de generar un anillo de seguridad para la Casa de Gobierno, estaban reduciendo el espacio para las movilizaciones.
Las rejas violan derechos
La Liga Argentina por los Derechos del Hombre (LADH), Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, Familiares de Detenidos y Desaparecidos, HIJOS, entre otras entidades, le advirtieron al gobierno de Horacio Rodríguez Larreta, que las rejas violan sus derechos.
Pero además de lo que representó en el orden político la fragmentación de ese espacio popular, la instalación del cerco, transversal desde Avenida Hipólito Yrigoyen hasta Av. Rivadavia, por detrás de la Pirámide de Mayo, a la altura del eje de las calles Defensa y Reconquista, venía flojo de papeles administrativos y violaba leyes específicas.
En la Plaza de Mayo, Área de Protección Histórica (APH) de acuerdo a las normas urbanísitcas, sólo se permiten trabajos de conservación y mantenimiento de los elementos preexistentes, y todo proyecto para modificarladebe contar con el aval de la Legislatura. Además, requiere de la intervención de la Comisión Nacional de Monumentos, cuyo juicio no es mera opinión sino que es un dictamen vinculante.
Al emplazarse las rejas, el gobierno no contaba con una ley para modificar el entorno de la plaza. Perosí contaba con el rechazo de la Comisión Nacional de Monumentos, a la que decidió desoír. Estos dos hechos sirvieron de argumento para el amparo que presentaron el Observatorio del Derecho a la Ciudad y el de Patrimonio y Políticas Urbanas.
En enero de este año, la Justicia porteña les dio la razón y declaró ilegal la instalaciónde las rejas por no respetar el artículo 4.1.2.2.1 del Código de Planeamiento Urbano, es decir, por no contar con una ley aprobada por la Legislatura. Sin embargo, el fallo del juez de primera Instancia en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad N° 8, Osvaldo Otheguy, le otorgó al gobierno un plazo de 90 días para sancionar una norma que aprobara la instalación de las rejas.
Una ley a medida de Larreta
Antes de que venciera el plazo, la mayoría automática del oficialismo plasmó una ley a medida . Y si bien la ley subsanó la ilegalidad a nivel Ciudad, no lo hizo respecto a la ley nacional, ámbito en el que el juez porteño evitó meterse.
El titular del ODC, Jonatan Baldiviezo, dijo a Página|12 que “retirar las rejas es una decisión compartimos. Aunque es una conducta que tendría que haber adoptado este gobierno porque había un rechazo firme de la Comisión de Monumentos, de que no podían estar fragmentando la plaza. La decisión del presidente electo recompone la protección patrimonial como ámbito cultural donde se ha desplegado socialmente la población argentina y porteña a lo largo de su historia”.
Y remarcó que “la vía es sencilla, no hace falta modificar ninguna ley.Nación tiene las competencia para operativizar el desenrejado de la plaza, un símbolo de que el próximo gobierno no va a tener aversión a la protesta social“.
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